La Guardia Civil ha repuesto al que fuera jefe de la Unidad de Élite contra el Narcotráfico (OCON -SUR), David Oliva, en la comandancia de Málaga. El Ministerio del Interior lo había removido cuando fue imputado por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho en la Audiencia Nacional, pero tras unos pocos meses en un puesto "de castigo" en Madrid, Oliva ha vuelto al Sur.
Así lo confirman a El Independiente distintas fuentes conocedoras de este movimiento, pero, además, se puede ver a Oliva en las fotografías de la patrona del Instituto Armado en esa provincia el pasado 12 de octubre. El teniente coronel sigue figurando en el escalafón en la Jefatura de Enseñanza de Madrid, donde fue enviado a un puesto administrativo, pero Interior ha utilizado la figura de una comisión de servicios para enviarlo a Málaga y volver a situarlo en un puesto de mando. Ahora es allí el 'número tres' de la comandancia.
Oliva era descrito como un "líder" por varios de los compañeros con los que ha trabajado y el ministro Fernando Grande-Marlaska lo colocó en 2018 al frente de OCON para combatir el narcotráfico que se ha enraizado en Andalucía. Sorpresivamente esta unidad fue disuelta en septiembre de 2022, a pesar de los espectaculares resultados que mostraba en incautación de drogas. Se habló de "razones operativas" y los 150 agentes que la integraban fueron redistribuidas por distintas unidades de la zona del Estrecho.
Pero cuando en abril de 2023 estalló un supuesto caso de corrupción que le afectaba a él y a otros dos agentes más, muchas voces dentro del cuerpo vincularon la desarticulación de la Unidad a este hecho. Ahora, Oliva, el que fuera su segundo, el teniente J.F y un tercer agente están a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados.
La causa revela que Oliva pidió a un compañero que trabaja en Asuntos Internos que le diera información sobre una investigación que se cernía contra él por supuestos vínculos con una banda de drogas. El agente se llevó un pendrive con información secreta (revelación de secretos) y la Fiscalía Antidroga cree que, a cambio, el teniente coronel le dio un puesto en OCON (cohecho).
Los imputados, en cambio, han tratado de demostrar que todo se trató de un montaje. Que las vigilancias que se hicieron contra ellos para demostrar sus relaciones con el clan de las drogas allí estuvieron viciadas, inventadas o no se hicieron y que todo lo que recogen los informes policiales se enmarca dentro del trato con capos que eran confidentes. Pero la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Parla (Madrid) --donde terminó finalmente la causa-- no ha aceptado ninguna de las pruebas que ellos han propuesto y está a la espera de un recurso para enviar a los guardias civiles a juicio.
Además, como contó este medio, Interior a través de la Abogacía del Estado se ha personado en el asunto. Un paso que, algunas de las fuentes de la investigación, entienden como la manera del Ministerio de asegurarse que todo termina en condena.
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