Estaba ahí, pero ha pasado desapercibido para cargos del partido y afiliados, quienes tienen el derecho a recurrir a él si lo consideran necesario. La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, trasladó este martes que su partido cuenta con un protocolo de actuación contra el acoso sexual —que se enmarca dentro de lo laboral para aquellos militantes vinculados a la actividad del partido—, algo a lo que están obligados "por ley". Tanto partidos como asociaciones o empresas debe contar con él. Millán expresó que hay un "documento", sin dar más detalle, para poner de inmediato el foco sobre Íñigo Errejón, Sumar y el escándalo que ha dinamitado su abrupta salida política al conocerse distintos testimonios anónimos sobre agresiones sexuales y "actitudes machistas e inapropiadas". Además, a la denuncia pública, ante la Policía, de la actriz Elisa Mouliaá se añade una segunda, de la exconcursante de Gran Hermano y habitual de Telecinco, Aida Nizar.

"A mí me sorprende que me pregunten cuando tenemos a un partido con un portavoz que hasta ayer daba lecciones de feminismo desde la tribuna del Congreso y que ha reconocido que ha cometido eses actos", comentó de Errejón Millán, quien cargó contra Sumar, y el resto de los partidos de la izquierda sin olvidar al PSOE, al frente del Gobierno. "Lo sabían y lo callaron por las generales".

Precisamente, la pregunta a Millán llegaba en la misma jornada en la que trascendía que el PP activó el lunes su protocolo contra la violencia sexual dentro del partido al calor de las insinuaciones en redes sobre posibles casos de acoso de los alcaldes populares de Algeciras y Estepona. Sobre todo, a raíz de una publicación en Telegram por parte del eurodiputado Alvise Pérez. Respecto al primero, José Ignacio Landaluce, quien también es senador, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, desmintió las acusaciones tras contactar con las dos supuestas denunciantes, concejales del partido, que lo desmintieron. Hay ya abierta una investigación judicial al segundo, José María García Urbano, en todo caso. Se quieren saber los detalles.

A destacar es que, al margen de ello, también hay señalamientos de Alvise contra Vox, pero menos directos. Ocurre en pleno choque con la formación de Santiago Abascal, tras insinuar que el presidente de la formación habría cobrado irregularmente —como él con sus 100.000 euros para financiar la campaña europea— de Álvaro Romillo y Sentinel, su negocio de criptomonedas. En concreto, Alvise asegura que en la cúpula ultraconservadora "sí saben que hay 'errejones' al lado de Abascal, aunque las víctimas no quieran denunciarlo públicamente". Ante ello, fuentes de Vox tachan de difusión de "bulos" los ataques de Alvise, sobre todo cuando van "sin pruebas". Y lo achacan a esa pugna permanente con ellos desde finales de 2021, cuando rompió relaciones con el partido. Otras fuentes bien posicionadas afirman que, de tenerse conocimiento alguno de casos similares, se actuaría de inmediato, "a diferencia de lo que ha hecho Sumar".

El Independiente ha tenido acceso a ese protocolo mencionado por Millán a través de fuentes del partido, que advirtieron ante la demanda del mismo del "desconocimiento" hacia su existencia. Al menos hasta la comparecencia de Millán en rueda de prensa. Algo que iría en contra del mismo, dado que el texto afirma que "Vox asume el compromiso de dar a conocer la existencia del presente protocolo (...) de cumplimiento estricto" por parte de quienes integren las siglas. Ese desconocimiento de diversas fuentes con competencias y militantes, cabe destacar, no puede generalizarse pese a todo.

Vox resta relevancia a las acusaciones de Alvise, que denuncia la existencia de otros 'errejones' dentro de la cúpula de Abascal

En un paso inicial al acceso, este periódico consultó a fuentes de la dirección nacional, que explicaron y excusaron así la imposibilidad de traslado del documento, a que es de acceso exclusivo para los afiliados a través del portal web de Vox, bajo sus credenciales. "El documento puede leerse en cualquier momento. En caso de denuncia, el usuario, está a disposición el comité de garantías y el área de cumplimiento normativo". Consultadas entonces otras fuentes de la formación, éstas si trasladaron la documentación completa a El Independiente.

Ante la demanda, destacaron que "es la primera vez" que saben del mismo, y procedieron a su lectura. Su ubicación se encuentra en la parte inferior de la página web de la formación. Si no estás registrado como militante, solo aparece un canal abierto de malas prácticas en el que pueden enviarse denuncias. Con las credenciales introducidas aparece la opción 'protocolo de acoso' [se muestra en la imagen anterior]. Es ahí donde puede procederse a denunciar cualquier práctica considerada de abuso en la actividad interna del partido.

Enmarcado en el ámbito del acoso laboral

Pese a que Millán advirtió de la existencia de ese protocolo contra las agresiones sexuales, el mismo está dentro de un protocolo general "para la prevención y actuación frente al acoso laboral en Vox". En él, además, se contemplan otras formas de acoso como el psicológico o el discriminatorio en multitud de versiones. Se ajustan, inciden, a las exigencias del Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Igualdad o la prevención de riesgos laborales así como "otras normativas en materia de acoso laboral".

En las primeras páginas del documento se apunta que el protocolo cubre acciones en el trabajo, en los espacios del mismo o durante desplazamientos vinculados a esa actividad, como viajes. Esa aplicación al marco laboral de forma exclusiva, haría que no fuese aplicable a un caso similar como el ocurrido con Errejón. Ocurre algo similar con los protocolos de PP y PSOE. Lo que no quita que desde el partido no puedan actuar de forma ejemplarizante con expulsiones ante casos externos que impliquen a algún cargo o militante. El protocolo de Sumar, de hecho, era inexistente a falta de concretar procedimientos internos, pese a que se planteó orgánicamente para la última asamblea. En el texto de Vox se advierte incluso que "la víctima puede denunciar en otras instancias" superiores si lo cree más adecuado.

En esos primeros párrafos también se deja constancia de la existencia de sesiones formativas para trabajadores o personas vinculadas y colaboradoras de Vox. O la necesidad de impulsar "campañas de sensibilización" de forma periódica para hacer más identificable cualquier caso de acoso. Incluso cibernético. A continuación, el documento íntegro:

El procedimiento de denuncia

Cuando se eleve una denuncia, Vox advierte que no será "anónima", pero sí "secreta" y de gestión "confidencial". Será procesada e investigada por una Comisión Instructora compuesta por tres personas: un responsable de Recursos Humanos, un encargado de la comisión de garantías para el cumplimiento normativo, y el coordinador jurídico del partido. Esas últimas competencias las ejercen tanto Jorge Buxadé, vocal de la dirección y eurodiputado, como la responsable jurídica, Marta Castro. Ante ello, fuentes del partido matizan que, al estar afincada en Madrid, es más acorde que ella asuma esas funciones frente a Buxadé. Lo que no descarta que en un momento puntual no sea así. Esta comisión se renovará cada cuatro años, se indica, y se le exige "imparcialidad". Se plantean posibles sustituciones puntuales por otro miembros de Garantías o Gerencia en el caso de enfermedad o incompatibilidades por proximidad cercana con algún posible afectado.

Ante una queja, se recoge que la comisión debe reunirse en un plazo máximo de tres días laborables desde su recepción e iniciar una investigación lo más discreta posible. Para garantizar la "privacidad e intimidad" de los afectados. El primer paso lo tendría que dar el responsable de RRHH dentro de la comisión, que elevaría la denuncia. Entonces se abre una "fase preliminar" y "protestativa" en la que se recogen los testimonios de ambos y se ve la posibilidad de acordar una solución mutua. Se exige una tardanza no mayor a una semana. Si se llega a una solución satisfactoria en esta fase, se daría constancia de ello a la dirección de Vox.

De lo contrario, se seguiría finalmente con la apertura de expediente informativo donde, tras la recolección de pruebas, testimonios y la participación de otros testigos, se emitiría "un veredicto final". Hasta entonces, se adoptarían "medidas cautelares" como la separación temporal de ambas partes para evitar contactos. Incluso se podría contratar, según figura, servicios de asesoramiento externo. Cuando haya conclusiones, éstas se elevarán hasta la dirección. Si se contemplan "indicios", puede actuarse desde sanciones simples, hasta "traslados", "suspensiones" o un "despido disciplinario". De lo contrario, se archivará, no sin evitar un seguimiento de un mes hasta darlo todo por cerrado.