La decisión de continuar con el pleno del Congreso de los Diputados para convalidar el decreto de RTVE cuando las víctimas de la DANA ya se contaban por decenas, vino directamente de Moncloa, según la reconstrucción de los hechos del pasado miércoles. Si bien El Independiente ya narró lo sucedido en la Junta de Portavoces, el debate anterior en el despacho de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, fue determinante en la marcha posterior de los acontecimientos.

Una vez que el portavoz del PP, Miguel Tellado, pidió ante el pleno la suspensión del mismo, los miembros de la Mesa se reunieron en el despacho de Armengol con la excepción, al principio, del vicepresidente primero de la Mesa, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Fuentes conocedoras de lo que allí sucedió señalan que la presidenta de la Cámara parecía receptiva -"estaba a la escucha", dicen- a aceptar una suspensión total de la actividad parlamentaria en señal de duelo por las víctimas de la DANA, tal y como reclamaban los representantes del PP, momento en que la secretaria segunda de la mesa, Isaura Leal, del PSOE, dijo explícitamente que "había que esperar a que llegara Alfonso".

Fue Gómez de Celis quien trasladó la orden de seguir con el pleno

Y cuando De Celis se incorporó a la reunión lo hizo con el mandato expreso de mantener el pleno para la convalidación del decreto-ley de RTVE y, para disfrazarlo, otro tema menor referido al dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022. En aquel momento, De Celis había hablado con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, quienes decidieron sacar contra viento y marea un decreto para el que todavía quedaba plazo de convalidación.

"Cuando tienes el acuerdo, hay que ir rápido", admitieron fuentes socialistas a El Independiente dada la precariedad con la que cierran los acuerdos con sus socios. A los populares no les extrañó la decisión porque este mismo martes ya hubo colisión al respecto en la reunión preceptiva de la Mesa. La convalidación del decretazo no pudo meterse en el orden del día del pleno ordinario de esta semana, que solo puede cambiarse por unanimidad de la Junta de Portavoces. Dado que era imposible dicha unanimidad, sí es potestad de la presidenta de la Cámara convocar un pleno con carácter extraordinario y así lo hizo para que tuviera lugar tras la habitual sesión de control del día siguiente y las consabidas interpelaciones.

El plazo de presentación de consejeros enfrentó a la mesa

Pero hubo otro asunto que provocó una agria discusión. Porque la mayoría PSOE-Sumar también abrió un plazo de presentación de candidatos para el Consejo de RTVE hasta las 14 horas del mismo miércoles. Los populares rebatieron que era "anómalo" poner ya un plazo dado que el debate parlamentario ni se había producido, a lo que el letrado mayor del Congreso, Francisco Galindo, replicó que el decreto ya estaba en vigor, por lo que el debate "daba igual y se podía abrir el plazo" de presentación de candidaturas con los nombres ya pactados entre el Gobierno y sus socios.

No hubo disimulo alguno en torno a las prisas que metió el Gobierno para convalidar un decreto que el Consejo de Ministros aprobó apenas la semana pasada. Había plazo de sobra para su paso por el Parlamento. El artículo 86.2 de la Constitución señala que los decretos-leyes "deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación". Claro, que el texto constitucional también dice que la vía del decreto, cuya particularidad es que entra en vigor en cuanto el Gobierno lo aprueba, sólo debe usarse "en caso de extraordinaria y urgente necesidad".

Nogueras a Simancas y Patxi López: "La gente de la calle no lo va a entender"

Ahora, pasada la tormenta de un pleno del que se ausentaron el PP, Vox, UPN, José Luis Ábalos -cuya tierra, Valencia, ha sido la más sacudida por la DANA- y Compromís, -a pesar de ser socios parlamentarios del Gobierno y estar integrados en el Grupo Plurinacional de Sumar,- ministros y diputados socialistas vienen a admitir la "inconveniencia" de haber seguido adelante con el decreto en mitad de la desgracia que asolaba a una parte del país.

A la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, la pillaron unas cámaras admitiendo en una conversación con Simancas y el portavoz socialista, Patxi López, que "la gente de la calle no lo va a entender". Coincidía en su apreciaciones con Pepa Millán, de Vox, quien en la Junta de portavoces se preguntó "qué mensaje le estamos mandando a la ciudadanía".

Todo fue tan chusco que tras esa Junta los miembros populares de la Mesa, esto es, José Antonio Bermúdez de Castro, Marta González Vázquez, Carmen Navarro y Guillermo Mariscal, no acudieron a una nueva convocatoria de la misma previa al debate del decreto. Fue una sesión parlamentaria breve, con media Cámara vacía en la que la única preocupación del Gobierno y sus socios es que hubiera quórum suficiente y la votación saliera adelante. El quórum se alcanzó por un solo diputado, esto es, 176, y salió adelante con 175 síes y el no del parlamentario del BNG, Néstor Rego, quien había anunciado su voto en contra. Ahora pasa la pelota al Senado, Cámara que debiera elegir a otros cuatro miembros del Consejo de Administración de RTVE.