La Repubblica en Italia, Bild en Alemania, The Guardian en Reino Unido... Dos días después, los principales periódicos europeos seguían abriendo sus páginas webs con noticias relacionadas con la trágica DANA que ha golpeado a España, que se ha convertido ya en la peor del siglo. Todos intentan analizar qué hubo de diferente en esta ocasión y qué pudo pasar para que el balance fuera tan dramático. Entenderlo es una auténtica necesidad, porque los expertos se han hartado de decir que este tipo de eventos serán cada vez más habituales y más peligrosos.
"Lo que ha fallado es el grado de ocupación que hay en el territorio. Nosotros hemos estudiado DANA que sucedieron en el pasado, incluso hace 90.000 años, gracias a los registros geológicos que hay en las capas de barro. Y la conclusión es que la velocidad del agua y el caudal eran parecidos. Pero la diferencia en esta ocasión estuvo en gran parte del terreno estaba urbanizado y la gente estaba haciendo vida cotidiana y normal", apunta Andrés Díez, Doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de Investigación en el Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC).
Díez lleva 30 años estudiando las inundaciones desde un punto de vista hidrológico y geológico, y ha participado con asiduidad en reuniones organizadas por el CSIC para asesorar científicamente a los equipos de emergencias en catástrofes de este tipo. A él le suelen pedir, entre otras cosas, que estudie la velocidad y el calado del agua para determinar dónde pueden haber ido a parar los cadáveres de los desaparecidos. O que analice si el hecho de que el agua llevara barro hizo que pudiera arrastrar más coches. "De momento no nos han reclamado nada de esto, pero desde el martes por la noche tienen una lista con las cosas que podemos ofrecerles", asegura el experto.
En 2019 el Observatorio de Sostenibilidad (OS) publicó un informe donde se detallaba la población española en riesgo de inundaciones en la franja de los primeros 10 kilómetros de costa. Ahí ya se recogía que Valencia era la provincia de España más expuesta: más de 100.000 habitantes viven en zonas de frecuente inundación cada diez años, y casi un cuarto de millón de personas reside en lugares que registran episodios así una vez cada 500 años. "Es una región plana y con montañas muy cerca, lo que permite que se acumule una gran cantidad de agua en poco tiempo. Y recientemente han permitido construir más cerca del litoral, así que han acercado el monstruo", desliza Fernando Prieto, Doctor en Ecología y director del OS.
Las zonas inundables de España
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en España hay 25.000 kilómetros de longitud se podrían ver afectados por inundaciones, y 473.750 personas viven en zonas potencialmente inundables en un periodo de 10 años. Un número que aumenta a 1,4 millones si el periodo es de 100 años y que se eleva hasta los 2,7 millones en un lapso de 500 años. El mapa completo puede consultarse en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables,
Las indemnizaciones que otorga el Consorcio de Compensación de Seguro (que sólo cubren daños directos y bienes que estén asegurados) muestran que las inundaciones nos cuestan anualmente 250 millones de euros de media, aunque ha habido años que se alcanzaron los 700 millones. El Instituto Geológico y Minero habla de que los daños totales suman una cifra similar al 1% del PIB español.
"No sé si la gente que vive en esas zonas es consciente, pero creo que muchos no quieren saberlo porque les parece que puede desvalorizar sus propiedades. Los mapas de inundaciones del Ministerio llevan más de 10 años disponibles. Así que deberían ser conscientes de que allí puede ocurrir algo. Aunque hace poco escribí un artículo en The Conversation donde explico que en cualquier zona tiene riesgo, incluso aunque no esté catalogada como inundable. Pero hay que autoprotegerse, como ciudadanos debemos ser maduros", sostiene Díez.
Prieto, sin embargo, apunta en dirección de las autoridades: "Hay un montón de población viviendo en zonas inundables, pero no se toman medidas a pesar de que existen los recursos para hacerlo. Y me llama la atención que no hay rendición de cuentas en todo esto, pero hay que pedir responsabilidades, no se pueden ir de rositas. Las alertas tempranas no se hicieron, y todos tenemos en la cabeza que en los huracanes de Miami cinco días antes todo el mundo sabe lo que se les viene, pero aquí no. El Gobierno, las CCAA y cualquier ayuntamiento tienen la información, falta que llegue al ciudadano".
Medidas para mitigar los riesgos
De acuerdo con Díez, existen dos estrategias para proteger los lugares construidos en zonas inundables. La primera son las llamadas medidas estructurales, que como su propio nombre indica consisten en edificar presas, diques y estructuras de todo tipo que retengan el agua y la canalicen para evitar los desastres. El problema, detalla el experto, es que son caras, pocos sostenibles y Europa ya no las financia. Y hay algo más.
"Las medidas estructurales crean una falsa sensación seguridad. Por ejemplo, cuando en un pueblo se construye una presa la gente piensa que el río ya no se va a desbordar, y donde habían tenido hasta ese momento un pajar, que a lo mejor había construido su abuelo, deciden hacerse una casa. Y lo que ocurre a veces es que la capacidad de canalización de las estructuras construidas se sobrepasa, y los daños acaban siendo mayores que si este tipo de edificaciones no se hubieran hecho, porque la gente se ha metido en los cauces", relata.
La segunda opción es apostar por soluciones basadas en la naturaleza. Hay varias formar de hacerlo, como retener agua en la cabecera del río revegetando esa zona. No hace falta plantar ni árboles: los prados, el césped y la ganadería ovina pueden ayudar a retener hasta 250 litros de agua por metro cuadrado, y con eso además conseguimos recargar los acuíferos. Otra técnica, muy de moda en Centroeuropa, es apostar por hacer un desbordamiento preferente. En resumen, se trata de buscar zonas cerca del cauce que puedan inundarse en caso de necesidad sin consecuencias negativas, como algunos cultivos. "No es ciencia ficción, en el Ebro se ha hecho en lugares que hace 20 años se inundaban, y funciona perfectamente", apunta el experto del CSIC.
Estas medidas, las basadas en la naturaleza, son las que está incentivando la Unión Europea. Díez lo explica: "Más allá de que son sostenibles, la UE las fomenta sobre todo porque son las que mejor relación coste-beneficio tienen. Cuesta poco dinero hacer que una excavadora construya una zona de desbordamiento preferente en un río, pero una presa en un pueblo te puede costar 20 millones. Y hasta que te ahorras ese dinero en inundaciones pueden pasar 200 o 300 años".
Con todo, España está apostando por estas técnicas. "No sé si por convicción o por obligación", apostilla Díez, "pero los planes de las confederaciones hidrográficas y de la Dirección General del Agua van por ahí. Pero no es una idea muy popular. La gente quiere presas, que además de evitar las inundaciones garantizan el abastecimiento de agua, aseguran la navegación, etc. Las medidas basadas en la naturaleza no son tan vistosas, no hay nada que inaugurar. Y a los políticos les cuesta convencer a la gente de que van a solucionar sus problemas", añade.
Desde el OS proponen otra solución: un sistema de etiquetas desde la A (de color verde, la más segura), hasta la G (roja, representa el riesgo máximo) para clasificar las distintas zonas en función de la recurrencia con la que pueden verse afectadas por las inundaciones. Un sistema muy similar a las etiquetas medioambientales de los vehículos o de eficiencia energética de los electrodomésticos. "Habría que hacerlo con todas las edificaciones, y evitar construir ahí cosas como campings o residencias para ancianos. No lo quieren hacer, no sé si porque podría modificar los precios inmobiliarios, pero hay que tener responsabilidad porque la gente se muere, lo hemos visto", zanja Prieto.
1 Comentarios
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hace 1 hora
Está confirmado el acuse de recibo de petición de ayuda de la Comunidad Valenciana a la UME el martes 29 a las 15:17, lo que demuestra que los ministros son unos trileros y unos sinvergüenzas.
Ahora resulta que la AEMET avisó en Agosto, también, no te joe los trileros estos…
Y ya el argumento de los sanchistas, «EL PP NIEGA EL CAMBIO CLIMÁTICO…».
MUY GORDO TIENE QUE SER EL LÍO JUDICIAL DE BEGO para que recurran a semejante gilipoiez de argumento.