Frente a las prisas del Gobierno en el Congreso de los Diputados, la lentitud del PP en el Senado. El cambio de la ley que regula la elección de los consejeros de la Corporación, que llevó a forzar una votación el pasado miércoles en la Cámara Baja en mitad de la tragedia de la DANA no tendrá su correlativo en la Cámara Alta. De hecho, todavía no han registrado ni la lista de los cuatro consejeros que le corresponde nombrar ni, mucho menos, marcada fecha para la comisión de nombramientos y el pleno posterior.

Desde el Grupo Popular del Senado aseguran a El Independiente que "el tema todavía no se ha abordado" y no comenzarán a hablar del mismo "hasta la semana que viene", porque aunque celebre el Palacio de la Marina Española plenos el 5 y 6 se noviembre, el asunto no está incluido en el orden del día de los mismos.

En Génova coinciden en que el tema aún no les ha ocupado un minuto y que están lejos de las cuestiones que "preocupan al Gobierno" como es el control de la Corporación. Pero la única forma de que el partido mayoritario, tanto en el Congreso como en el Senado, tenga representación en el Consejo de Administración de RTVE es proponiendo cuatro nombres, eso sí, frente a una mayoría de once y con nulas posibilidades de bloqueo.

Existía la posibilidad de que el primer partido de la oposición tomara el mismo rumbo que con la subgobernación del Banco de España, esto es, rechazar hacer una propuesta de nombres, ante su negativa a aceptar el "salto" de José Luis Escrivá del Consejo de Ministros a la gobernación del supervisor del sistema bancario. Entonces los populares defendieron que su "compromiso con la regeneración democrática" y su "objetivo de aumentar las garantías de independencia de instituciones, organismos reguladores y autoridades independientes supone que nadie pueda pasar directamente del gobierno a un puesto de estas entidades".

El PP denunció ante la Comisión Europea el decretazo

No es excatamente el caso de RTVE, pero sí entra en el paquete de "calidad institucional" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, hace casi dos años. El modelo que consagra el decretazo del Gobierno para el Ente - que tampoco ha gustado al Consejo de Informativos, más partidario del concurso público de méritos que saltó por los aires hace ya mucho tiempo- ha sido denunciado por los populares ante la Comisión Europea, de ahí el dilema de ser partícipes del mismo.

Pero no podrán demorar mucho su decisión, sea una u otra. El decreto-ley establece un calendario muy estricto de cumplimiento. El gobierno de la Corporación debe estar renovado el 23 de noviembre como fecha límite, desde que el pasado 22 de octubre lo aprobara el Consejo de Ministros. En teoría, el decreto 'blinda' al Gobierno, en el sentido de impedir al PP bloquear la renovación aún si el Grupo Popular no pusiera ningún nombre sobre la mesa. Ampliar el número de consejeros permite a Moncloa, por un lado, dar entrada a sus socios de gobierno, esto es Sumar, pero también a otros que no tenían asiento en la Corporación, esto es, a Junts, ERC y PNV y, por otro, tener suficiente quórum en las votaciones futuras.

El Congreso sigue pisando el acelerador

El Congreso sigue pisando el acelerador. Entre el martes y el miércoles de la próxima semana los 11 consejeros del Gobierno y sus socios pasan por la comisión de nombramientos de la Cámara, y siete días más tarde su propuesta pasará a ser votada por el pleno. Otro de los puntos esenciales del decretazo es la rebaja de las mayorías parlamentarias, de modo que para la primera son necesarios dos tercios (233 'síes') y en segunda vuelta, a las 48 horas, basta con la absoluta, esto es, 176 escaños.