Es aparentemente sencillo. Basta con constituirse como una pequeña comunidad y crear una instalación energética sencilla, habitualmente solar, para autoabastecerse. En ella pueden participar ciudadanos, pymes, bloques de vecinos, asociaciones o incluso pequeños ayuntamientos. Constituirse como cooperativo puede ser una buena alternativa. El objetivo la obtención de beneficios energéticos, sociales, medioambientales y económicos, para los miembros de la comunidad o incluso para terceros. En nuestro país existen constituidas ya al menos 357 comunidades energéticas, según los datos del Observatorio de Energía Común. La cifra se ha disparado de modo importante en el último año y lo ha hecho sin apenas un soporte normativo sólido que las deja en una suerte de limbo energético.

La voz de alarma la lanzó ayer la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) que considera que nuestro país aún tiene pendiente no sólo la trasposición de la normativa comunitaria al respecto sino que sigue sin dotarlas de un contexto regulado suficiente: “No podemos crear un instrumento disruptivo y positivo, implicar a toda la sociedad en la transición energética y no dar a sus miembros apoyo sobre cómo llevarlos a cabo”, asegura José Donoso, director General de UDEF. Considera que urge “un marco normativo claro” que facilite el desarrollo el potencial de esta fórmula de generación energética y poder participar “en igualdad de condiciones que los agentes tradicionales del mercado eléctrico”.

Este tipo de instalaciones comunitarias están mucho más reconocidas en las legislaciones de países como Reino Unido, Francia, Polonia o Alemania. En nuestro país, pese al reconocimiento de la Unión Europea, su desarrollo normativo apenas ha progresado, más allá de un plan de ayudas que aspira a potenciarlas. Por ello, UDEF solicita la aprobación de un Real Decreto específico que establezca las bases para su desarrollo y les proporcione de la suficiente seguridad jurídica, transparencia y estabilidad.  

Este organismo que concentra a las empresas del sector fotovoltaico ha elaborado una propuesta que remitirá al Gobierno y a las instituciones. Considera que el Real Decreto que establezca el marco normativo deberá asegurarles su autonomía. Además, plantea que los socios de las comunidades energéticas puedan ejercer el control de las mismas. También reclaman que las entidades locales adquieran un mayor protagonismo en estas opciones energéticas sociales, para lo que creen apropiado que puedan ser consideradas “entidades de interés público”.

El País Vasco, a la cabeza

Otro de los aspectos que reclaman es avanzar en la financiación para impulsar este tipo de instalaciones. UNEF, que sitúa a estas comunidades como agentes clave en la transición energética, señala que “la financiación no puede ser una barrera de entrada” para implantar más comunidades energéticas. Medidas como reducciones fiscales o el acceso al sistema de certificados de ahorro energético que les permita “monetizar la eficiencia energética de las instalaciones”, son sólo algunas de sus propuestas.  

Actualmente el País Vasco es la comunidad autónoma donde más desarrolladas están este tipo de agrupaciones con fines energéticos. En provincias como Alava existen 48 Comunidades Energéticas y 35 en Gipuzkoa. Barcelona con 34 y Navarra con 30 también aparecen en los puestos de cabeza de este modelo de generación y distribución energética.

“Las comunidades energéticas son por ahora un modelo incipiente pero que está creciendo. El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado un marco legislativo muy breve que apenas recoge la definición de comunidad energética y un artículo en el que asegura que facilitará su desarrollo pero no dice cómo lo hará”, asegura Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas de UNEF.

Igualdad de condiciones

Esta ausencia de un marco suficientemente robusto es lo que inquieta al sector fotovoltaico y que urge al Gobierno a corregir. Subrayan que no basta con convocar unas ayudas para que desarrollen, sino que el entorno legislativo y el marco de juego debe estar legalmente mucho más definido: “Son necesarias las reglas de juego para estas nuevas entidades, para que puedan participar en igualdad de condiciones en el sector”, asegura Santos.

Recuerda que el objetivo de estas entidades no es sólo ponerse de acuerdo para generar y consumir energía o distribuirla “sino que deberían poder hacer todas las actividades del sector energético”. Entre estas actividades se incluyen los sistemas de distribución, almacenamiento energético, la participación en mercados eléctricos, la comercialización o la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos: “Serán los socios de cada comunidad los que decidan hacía qué actividades encaminana su actividad, cómo reinvierten sus beneficios, etc.”.

Uno de los primeros ejemplos del desarrollo de estas comunidades es el creado en la localidad alicantina de Crevillent, un municipio de 30.000 habitantes. El Grupo Enercoop, con la colaboración del Consistorio del municipio, constituyó una cooperativa para conformar la comunidad energética. Con ella, una vez amortizada la instalación, basada en energía fotovoltaica, el ahorro para los consumidores asociados se estimó en entre un 20% y 30%.