El conflicto del Gobierno con los funcionarios por el concierto de Muface escaló este jueves un peldaño tras la reunión mantenida por la dirección del organismo con los representantes sindicales. Los representantes de los trabajadores públicos sacaron pocas conclusiones del encuentro y algunas centrales prevén ya movilizaciones para presionar al Ejecutivo para que garantice la renovación del contrato que brinda atención sanitaria a 1,5 millones de personas, entre funcionarios y familiares de estos.

El Gobierno, por su parte, también está elevando la presión sobre las aseguradoras para que accedan a presentarse a la nueva licitación. De lo contrario, el departamento ministerial que dirige Óscar López entiende que puede forzar las actuales prestatarias del servicio (Adeslas SegurCaixa, Asisa y DKV) a seguir brindando la cobertura con una prórroga del actual contrato hasta que se cierre un nuevo concierto.

Esa es la premisa comunicada en la reunión extraordinaria de este jueves del Consejo General de Muface por parte de la secretaria general de Función Pública y presidenta de Muface, Clara Mapelli, y de la directora general del organismo, Myriam Pallarés.

Desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) han asegurado estar dispuestos a convocar movilizaciones a nivel estatal "si no hay una respuesta clara y un compromiso por parte de la entidad mutualista" para que se garantice el servicio, se revisen las prestaciones ofertadas y se cumpla con los parámetros de calidad establecidos en los conciertos sanitarios.

El sindicato CSIF, por su parte, también mantiene en pie la idea de convocar movilizaciones el próximo domingo a lo largo y ancho del país para que el Ejecutivo garantice el mantenimiento del modelo de asistencia sanitaria para los funcionarios vigente hasta ahora. No en vano, desde el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García (Sumar) han asegurado estar haciendo un estudio sobre el impacto que supondría para el Sistema Nacional de Salud absorber a los funcionarios en los servicios públicos de las Comunidades Autónomas.

Como recogió el martes El Independiente, no en todas habría el mismo volumen de sobrecarga asistencial, pues en algunas como Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana o Extremadura, hay un porcentaje minoritario de funcionarios a los que ya atiende la sanidad pública. Mientras que en otras como Baleares, el porcentaje adicional de pacientes que deberían atender ante un eventual fin del modelo sería mucho menor.

De momento, el Ministerio trabaja en una nueva licitación exprés, aunque no hay detalles sobre si incluirá una mejora de la propuesta económica para atraer definitivamente a las aseguradoras privadas a participar en el concurso. La clave es que pese a la subida de la prima prometida por el Gobierno, éstas consideran que no les sale rentable participar en el sistema y que incluso les puede generar pérdidas económicas.

La responsable de UGT Servicios Públicos en Muface, Maribel Loranca, explicó al término del encuentro que se les ha trasladado un "mensaje de tranquilidad", pues, pese a quedar desierta la licitación y tener que convocar otra, la Ley de Contratos Públicos garantiza la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones" que las actuales.