Es curioso cómo a medida que van pasando los días la tregua política, que nunca fue ni total ni real, ha dado paso a una guerra abierta entre el Gobierno central y la Generalitat de Valencia.

Vamos conociendo, a través de filtraciones interesadas, los errores que se cometieron en las distintas fases desde que a mediodía del pasado 29 de octubre la gota fría comenzó a provocar el mayor desastre humano y material que se ha vivido en este siglo en España.

No cabe duda de que la gestión -la mala gestión- acabará teniendo su sanción en los tribunales y hay materia suficiente como para que las responsabilidades se paguen con algo más que una sanción política. Aquí se han juntado dos circunstancias penosas: la ineficacia en la gestión de la Generalitat y el cálculo político del Gobierno, que vio en el desastre la oportunidad de desgastar a un enemigo político. El efecto combinado de la estulticia y la mala fe ha tenido un resultado aterrador: más de 200 muertos y miles de hogares y empresas destrozados.

Seguramente, aunque todo se hubiera hecho bien, la dimensión de la catástrofe hubiera provocado víctimas y daños materiales, pero en ningún caso hasta este espeluznante grado.

El choque está siendo tan brutal que una institución que, hasta ahora, se había mantenido al margen de la pelea política, ha terminado afectada: las Fuerzas Armadas.

La ley de Defensa Nacional permite a las Fuerzas Armadas actuar en situaciones de grave riesgo para la población sin que lo requiera el responsable de Protección Civil

Ya en los mensajes de whatsapp enviados por distintos miembros del Gobierno la semana pasada a diversos periodistas se decía que Mazón "no dejó actuar a la UME en toda la zona afectada". Pero la Unidad, como suele ser habitual, se mantuvo al margen hasta que el pasado lunes, en una rueda de prensa en Moncloa, su máximo responsable, el teniente general Javier Marcos, afirmó, señalando claramente a un responsable del gobierno autonómico: "Yo puedo tener 1.000 soldados en la puerta, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de emergencias me autoriza".

La declaración no sólo tuvo una repercusión política evidente, por cuanto hacía responsable a la Generalitat del despliegue escaso y reducido a un área -la zona de Utiel- de la Unidad con más experiencia en gestión de desastres, sino que provocó un fuerte malestar en el seno de las Fuerzas Armadas.

Nadie duda de la capacidad de Marcos para ejercer su función, si bien su fulgurante carrera sorprende, pero algunos mandos critican que haya priorizado salvar de toda responsabilidad a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al mantenimiento de la neutralidad política con la que deben realizar sus funciones las Fuerzas Armadas.

Las declaraciones de Marcos, en definitiva, vienen a decir que es la autoridad política de la comunidad autónoma la que determina la actuación de la UME siempre que no se haya pasado al nivel 3 de estado de emergencia, en cuyo caso es el gobierno central el que asume todas las competencias.

La ley 17/2015 de 4 de julio sobre el Sistema Nacional de Protección Civil establece en su artículo 28 las condiciones para la declaración de una emergencia de interés nacional. En su apartado 2 apunta: "En las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecta a varias Comunidades Autónomas y exige una aportación de recursos de nivel supranacional". Y en su apartado 3 señala: "Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran de una dirección de carácter nacional".

Es evidente que la gota fría de Valencia reunía sobradamente esas dos condiciones como para que se hubiera declarado una emergencia de interés nacional, lo que implica que la gestión de la crisis debería haberla asumido el Gobierno central desde el primer momento.

Ahora bien, ¿de quién depende esa declaración? Aquí es en donde el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Carlos Mazón se tiran los trastos a la cabeza. Pero la responsabilidad es de ambos.

La ley citada aclara en su artículo 29 que se refiere justamente a la declaración de ese nivel de emergencia: "En los supuestos previstos en el artículo anterior (el 28, al que ya he hecho referencia), corresponderá la declaración de emergencia de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancias de las Comunidades Autónomas o del delegado del Gobierno en las mismas".

Es decir, que si Mazón no solicitó elevar el nivel de alerta -lo que fue un error de bulto-, lo podría haber hecho Grande Marlaska sin necesidad de petición alguna, o bien a solicitud de la delegada del Gobierno, en este caso Pilar Bernabé García.

Nadie puede eludir su responsabilidad porque la ley es meridianamente clara al respecto.

Ahora bien, ¿justifica la afirmación del jefe de la UME la inacción de la comunidad autónoma o del propio Gobierno central?

Aquí es donde surge la polémica. Algunos mandos del Ejército sostienen que las Fuerzas Armadas tendrían que haber actuado independientemente del nivel de alerta si, como ha ocurrido en Valencia, el desastre humanitario era más que evidente.

En la provincia de Valencia hay numerosas unidades del Ejército: Cuartel General de Alta Disponibilidad; Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN; Mando de Transmisiones; Regimiento de Caballería Lusitania Nº 8; Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 73; Regimiento de Transmisiones Nº 21; Batallón de Helicópteros de Emergencia II; Batallón del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad... etc.

Algunos de estas instalaciones están muy próximas al lugar de la catástrofe.

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa ni siquiera acude a las reuniones del organismo del comité de crisis creado para la gestión de los efectos de la gota fría

La UME cuenta con un total de 3.500 efectivos. De ellos, se desplegaron en Valencia unos 1.200. Era obvio que hacían falta más militares. En casos de desastres naturales, las Fuerzas Armadas no sólo son necesarias porque disponen de un material del que carecen los cuerpos y fuerzas de seguridad locales o autonómicos, sino, y eso es lo más importante, porque sus mandos son expertos en la gestión del caos.

Por increíble que parezca, hasta el pasado sábado (¡cuatro días después de la gota fría!) el presidente del Gobierno no anunció el envío de 5.000 militares a la zona. ¡Y ello se hizo sin necesidad de elevar el nivel de alarma! Utilizar excusas de tipo legal para no actuar ante un desastre es una irresponsabilidad muy grave.

Más aún cuando la ley orgánica 5/2005 de 17 de noviembre de la Defensa Nacional establece en su artículo 15 (Misiones): "Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente".

Lo pidiera o no Mazón estaba claro que se necesitaban más miembros de las Fuerzas Armadas en la zona del desastre, porque con los efectivos de la UME no eran suficientes. ¿Acaso esa realidad era desconocida por el Ministerio de Defensa? ¿A qué esperaban cuando los ciudadanos con el barro hasta las cejas se preguntaban dónde está el Ejército?

Otra cuestión que ahonda la polémica es si el hecho de que se hayan enviado a Valencia unidades del Ejército de Tierra, del Aire y de la Armada, hubiera requerido la intervención del Jemad, el almirante Teodoro Esteban López Calderón, dado que de él depende el Mando de Operaciones, un organismo que está creado precisamente para la coordinación de las FAS en casos como este.

A Moncloa sólo le importó salvar la figura del presidente y los ministros implicados (como Teresa Ribera, ausente de la crisis salvo en las filtraciones)

Aquí las opiniones en el seno de las Fuerzas Armadas son diversas. Hay quien sostiene que la intervención del Jemad debe ser automática en cuanto intervienen distintas unidades. Otros opinan que el Cuartel General de la UME tiene suficiente capacidad para ello.

El caso es que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa ni siquiera acude a las reuniones del organismo del comité de crisis creado para la gestión de los efectos de la gota fría.

Lo peor que puede haber en una situación de crisis es eludir la propia responsabilidad. Más aún cuando ha habido muchas víctimas de por medio y cuando está en juego el prestigio de las Fuerzas Armadas.

Parece que a Moncloa sólo le importó salvar la figura del presidente y los ministros implicados (como Teresa Ribera, ausente de la crisis salvo en las filtraciones), y que todo lo demás se supeditó a ese objetivo. Recordemos que hace menos de una semana, cuando se produjeron los incidentes de Paiporta, el ministro Oscar Puente no tuvo ningún reparo en decir públicamente que no era el mejor momento para hacer esa visita. A la vez que otras fuentes del Gobierno insistían en que había sido la Casa Real la que se había empeñado en acudir a la zona cero del desastre a pesar de los riesgos (por cierto, Felipe VI ha anunciado que volverá a Valencia el próximo martes). Para el Gobierno, todo ha valido con tal de salvarse de la quema.