La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la competencia de la causa de la Audiencia Nacional que investiga la quiebra de la plataforma Madeira Invest Club (MIC) que lideraba Álvaro Romillo, quien entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez antes de las elecciones europeas. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha firmado un decreto de avocación del caso para retirárselo a quien lo llevaba hasta el mes pasado, el fiscal Joaquín González, y entregárselo a Anticorrupción ya que considera que el asunto es de especial trascendencia y que puede incluir un delito de fraude electoral, según avanzan fuentes jurídicas a El Independiente.

El recorrido de las distintas denuncias en relación a este tema ha ido casi paralelo entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Por un lado, los afectados por la desaparición del Madeira Invest Club (unos 26.000, según el juez) interpusieron varias denuncias en la Audiencia Nacional contra Romillo y varios de sus socios por lo que consideraban un fraude a gran escala y con una pata internacional, pues la sede de la empresa estaba radicada en Portugal. Por el otro, el propio Romillo cuando supo que la Guardia Civil estaba tras él acudió a la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia contra Alvise Pérez.

Contaba que él mismo, a través de una de sus compañías, había entregado al político 100.000 euros en efectivo para financiar la campaña de Se Acabó La Fiesta (SALF), que terminó consiguiendo tres diputados en el Parlamento Europeo. Romillo aportó audios y whatsapp en los que se evidenciaba el pago y la intención de ambos de hacer lobby en Europa para la expansión de las criptomonedas. La Fiscalía General remitió este asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo porque Alvise está aforado y ésta, a su vez, pasó la pelota a la Audiencia Nacional que ya había judicializado el caso.

El pasado 4 de octubre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, inició una investigación para tratar de recabar todos los detalles de los más de 300 millones de euros de los inversores que calculan que se han esfumado con el fin de la plataforma del Madeira Invest Club. Los tentáculos de las sociedades vinculadas a Romillo llegaban hasta Estados Unidos, República Dominicana, Estonia, Albania y Portugal, y el juez decretó el secreto de la causa.

Al frente del Ministerio Público estaba Joaquín González, quien ha llevado otros asuntos de criptomonedas y grandes fraudes como el de la estafa con monedas virtuales de 'Arbistar' que irá a juicio a partir del marzo del próximo año. Pero unas semanas más tardes de que se pusiera en marcha la investigación y se designara a la Policía Judicial para comenzar con el bloqueo de cuentas, los pinchazos telefónicos y otras medidas cautelares, el fiscal general del Estado tomó una decisión que, de facto, impone más peso en la investigación sobre la responsabilidad de Alvise Pérez.

García Ortiz ha decidido que sea la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón la que se haga cargo de todo el asunto por considerar que la implicación del eurodiputado puede devenir en un delito de financiación irregular de partido y estos corresponden a Anticorrupción. Fuentes de las acusaciones habían destacado el trabajo del fiscal González de quien, dicen, es un gran experto en estos temas, y esperan que este giro no afecte al grueso de las pesquisas sobre el Madeira Invest Club.

El próximo miércoles 20 de noviembre, el magistrado ha citado a declarar a Romillo y ha hecho extensible el ofrecimiento a Alvise por si quiere colaborar de forma voluntaria con la investigación. En principio, la Audiencia Nacional no puede investigarlo, pero sí puede acercarse lo más posible a los indicios que apuntalen su implicación para poder elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo.

El letrado del eurodiputado ha impugnado el ofrecimiento por lo que todo hace indicar que el líder de Se Acabó La Fiesta no comparecerá ante el instructor. Sí lo hará Romillo por primera vez, que dijo estar deseando hablar tras poner la denuncia, y quien le interrogará será, por tanto, un fiscal de la lucha contra la corrupción.