El Gobierno, en un callejón sin salida por el impuesto a las energéticas

Tres días de prórroga pero pocas esperanzas de que sirvan realmente para atar un acuerdo. El paquete fiscal que el Gobierno había programado como la primera puerta que conducía a los Presupuestos Generales del Estado corre el riesgo severo de descarrilar. El Ejecutivo se ha topado de bruces con lo que parecía una obviedad desde que Pedro Sánchez logró la investidura hace exactamente un año: que sería un sudoku de prácticamente imposible solución, un callejón sin apenas salidas, sacar adelante propuestas de carácter ideológico, en las que las diferencias de izquierda y derecha son insalvables. Y la fiscalidad entra de lleno en esa categoría. El punto de fricción en este caso se llama impuesto a las energéticas, el que Podemos, EH Bildu, ERC y BNG quieren mantener y el que Junts y PNV han pactado con el PSOE dejarlo morir.

Este 14 de noviembre arrancaba en el Congreso con la incertidumbre de si finalmente podría reunirse la Comisión de Hacienda para debatir y votar la trasposición de la directiva europea que establece un tipo mínimo del 15% para las multinacionales y los grandes grupos empresariales nacionales. Un proyecto de ley al que el Ejecutivo quiere agregar un paquete de medidas fiscales, necesarias para cumplir con Bruselas y para obtener más recursos públicos que permitan corregir el déficit y ayuden a enjugar el agujero derivado de las ayudas por la DANA que ha devastado Valencia.

Como aprecia un diputado de un partido socio de izquierdas, esta negociación ha "dejado al descubierto que hay una mayoría plurinacional en el Congreso, pero no una mayoría de izquierdas"

La negociación iba mal por los vetos cruzados a izquierda y derecha. La vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, la dirigente que ha llevado las riendas del diálogo con los grupos, no podía ocultar la cierta inquietud en los pasillos del Congreso. No quiso detenerse para atender a los medios, algo infrecuente en ella porque es de los miembros del Ejecutivo más accesibles. Cuando negocia, no da detalles, se excusó ante los periodistas. Y las cosas iban mal. Al finalizar el pleno, llegaba la comunicación oficial: los socialistas desconvocaban la Comisión de Hacienda por falta de apoyos. Era la segunda vez que ocurría en apenas una semana. Por la misma razón.

La sesión de la Comisión de Hacienda se reprogramó para el próximo lunes, 18 de noviembre. A las cinco de la tarde. Los socialistas justificaron el aplazamiento con el argumento de que querían darse una última oportunidad. Un último intento para tejer un acuerdo que todos ven, a día de hoy, muy inalcanzable.

El Gobierno y sus socios no ponían este jueves paños calientes: el embrollo es muy difícil de desenredar, llegados a este punto. Salvo que se encuentre de aquí al lunes una redacción que satisfaga a izquierda y derecha, el desenlace dejará descontentos. Damnificados. A unos socios o a otros. Porque, como resume un diputado de uno de los partidos progresistas que sostiene al Ejecutivo, esta negociación ha "dejado al descubierto que hay una mayoría plurinacional en el Congreso, pero no una mayoría de izquierdas", a diferencia de lo que ocurría en la pasada legislatura, mucho más cómoda para Sánchez.

Hacienda primero pactó con PNV y Junts y luego con su socio minoritario, Sumar, y luego se dirigió a las formaciones de izquierda, que piden mantener el gravamen a las eléctricas

Esta vez, el Ejecutivo optó por un patrón de negociación distinto. Primero quiso cerrar un acuerdo con la derecha para luego acabar de atar el texto a la izquierda. Pero no le funcionó. Con PNV y Junts cerró mantener el impuesto a la banca, con un diseño distinto, pero sin hacerlo estructural: sería aplicable en tres ejercicios a partir de 2024. A cambio, ambas formaciones hicieron decaer el gravamen a las energéticas. Los nacionalistas vascos sí habían mostrado su voluntad de convertirlo en impuesto y concertar dicho tributo, pero los posconvergentes se negaron. El lunes pasado, Sumar solemnizó su renuncia también a perpetuar este impuesto a las eléctricas pero consiguió arrancar a Hacienda medidas como introducir un IVA del 21% a los pisos turísticos, subir dos puntos la tributación en el IRPF de las rentas de capital por encima de los 300.000 euros, crear una nueva figura para gravar los bienes suntuarios, eliminar la exención a las primas de seguros sanitarios privados o suprimir el régimen fiscal especial de las socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario).

El PP no apoyará "subidas impositivas"

A partir de ahí, empezaron los problemas para el PSOE. PNV y Junts torcieron el gesto con medidas que entienden contradictorias con las pactadas con ellos. Y los grupos de izquierda vieron insuficiente el paquete cerrado con Sumar y avisaron de que no transigirían en ningún caso con ninguna reforma que no haga permanente el gravamen a las energéticas. Consideraban que Hacienda había errado en su estrategia, al dirigirse primero a la derecha para luego presionarles a ellos. El malestar era patente entre los socios con el Gobierno, a un lado y a otro. Y se agregaron las rivalidades entre PNV y Bildu, entre ERC y Junts, entre Sumar y Podemos.

Junts deja muy claro que solo votará a favor del paquete acordado con el PSOE. Es decir, que no apoyará ninguna enmienda ni solo la trasposición de la legislación comunitaria

Este jueves, antes de que se desconvocara la Comisión de Hacienda, el PP anunció que estaba dispuesto a votar el proyecto de ley del Gobierno, si se limitaba a la trasposición de la directiva comunitaria y a reforzar la lucha contra el fraude en los hidrocarburos —enmienda pactada por el Ejecutivo y el PNV—. No apoyarían "ninguna subida impositiva", por lo que no prestarían respaldo a ninguna enmienda más. Los socialistas no acababan de fiarse de la disposición de los populares —"el PP nunca está, una cosa es lo que dice y la otra lo que hace", sentencian en la cúpula parlamentaria socialista— y prefirieron darse más tiempo de diálogo con sus socios, llevando la reunión de la comisión al lunes.

¿Y ahora qué? ¿Qué puede aprobar entonces el Gobierno? Para Hacienda, es capital lograr adaptar la legislación europea al marco normativo español, porque de hecho ya está fuera de plazo. Tenía que haberlo hecho antes del comienzo de 2024, y quiere tener esta reforma lista ya, para que entre en vigor el 1 de enero de 2025 y ahorrarse sanciones de la Unión Europea. Los tiempos son muy justos, porque queda el paso por la Comisión de Hacienda —este lunes 18—, el pleno del Congreso —probablemente, el jueves 21—, la tramitación en el Senado y, si este introduce cambios, el retorno a la Cámara baja. Además, España necesita tener la reforma fiscal lista para recibir el quinto pago de los fondos europeos, de unos 7.200 millones de euros, la mayor parte de ellos en préstamos.

El Ejecutivo tendría un camino más o menos seguro, y es el de intentar sacar adelante su proyecto de ley original, la imposición del 15% para las municipales. Pero lo tendría que hacer con la ayuda del PP. Socios como Bildu, Podemos o PNV están dispuestos a la trasposición de la directiva a pelo. Esto es, sin tramitar ninguna enmienda, dejando la negociación del paquete fiscal para más adelante. Pero Junts se niega. La portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras, defendió que tenían un "paquete y un acuerdo pactado" con los socialistas. Es decir, como luego explicaban fuentes de la formación, los de Carles Puigdemont solo votarán a favor del dictamen si incluye única y exclusivamente las enmiendas acordadas con Hacienda. De lo contrario, no. Por tanto, si Montero quiere salvar el 15% para las multinacionales, necesitará al PP, no le bastará solo con sus socios, dado que Junts se apea de la ecuación.

El malestar entre los socios con el Gobierno es generalizado. Los de izquierdas creen que habría que haber dialogado al revés y creen que a Junts "hay que pararles un poco", por su continuo "pressing"

Las enmiendas tienen mucho más complicado prosperar. Porque ahí operan los vetos cruzados. El PNV está dispuesto a aceptar algunos cambios pactados por PSOE y Sumar, pero se oponen radicalmente a otros como gravar los seguros médicos privados, porque en Euskadi muchos ciudadanos los pagan. Y la izquierda en su conjunto considera muy insuficiente el acuerdo de socialistas y Sumar y exigen que se mantenga el gravamen a las energéticas. "Lo de Junts y PNV no saldrá con ERC, EH Bildu, Podemos y BNG", señalan desde el partido de la izquierda abertzale, donde se reconocen "flexibles", pero no están dispuestos a "pasar si Junts dice que o con lo suyo o nada". "Nuestra esperanza es que en estos días se avance. ¿Cómo? Negociando. A Junts hay que pararles un poco, que van siempre a lo suyo con su pressing", continúan desde el mismo grupo.

¿Es posible negociar la trasposición de la directiva 'a pelo'?

"Tiene mala pinta —coinciden en ERC—. Intentar sacar cosas así con la derecha, sea cual sea, siempre es complicado". "Nosotros somos muy predecibles —insisten por su parte en Podemos—. Si se trata de trasponer la directiva, se lo aprobamos. Si se trata de paquete fiscal, queremos impuesto a las energéticas. Es lo que hay".

ERC admite la "mala pinta" de la negociación y en Podemos recalcan que son muy "predecibles". Si los grupos de izquierdas no prorrogan el impuesto a la banca, "que lo expliquen", espetan en Hacienda

En Hacienda, también reconocen que está "complicada" la aprobación de las medidas fiscales y son muy conscientes de que el proyecto puede naufragar. Y, aunque no descartan un nuevo aplazamiento, creen que el margen es estrechísimo precisamente por la exigencia europea de que la legislación comunitaria esté ya acoplada en España. En el equipo de Montero subrayan que no tenían posibilidad de negociar a pelo la trasposición de la directiva, porque todos los grupos "piden lo suyo". "Es que es mentira eso de que nosotros hemos querido colgar medidas fiscales. Recordemos la prórroga de los estados de alarma en plena pandemia: los grupos nos pedían cosas que a veces no tenían que ver para dar su visto bueno. Es que nos cuesta sacar todo", replican.

La vicepresidenta tendría un instrumento para intentar mover a los grupos: forzar la votación el lunes con la esperanza de que, llevados al precipicio, las formaciones de izquierda den luz verde al dictamen con las enmiendas de PNV y Junts porque, aunque insuficientes, contienen la prórroga del impuesto a la banca. "Si no quieren que continúe el gravamen a las entidades financieras, que lo expliquen", retan desde Hacienda, donde reconocen el "pesimismo" y el "cansancio" de la negociación. Podemos planteó que se prorrogase el impuesto extraordinario a las energéticas por seis meses para intentar buscar una salida entre todos los socios, y que ese estirón de medio año se aprobase como enmienda en alguno de los reales decretos leyes por la DANA de Valencia. Una salida a la que el Gobierno se niega porque podría poner en riesgo las ayudas y porque enseguida se le acusaría de utilizar la tragedia para colgar reformas fiscales.

El Ejecutivo tiene por delante el dilema de si le merece más la pena, en caso de que no trence los apoyos, dejar decaer todo el proyecto o bien salvar la trasposición de la directiva con la ayuda del PP. Esta última idea no acaba de convencer a miembros relevantes del Gabinete. "Si sacamos una medida como esta con los populares, a medio plazo la cosa se puede hacer muy cara", según manifiesta un ministro.

El Estado ingresó por los gravámenes temporales a la banca y las energéticas 2.859 millones en 2024, algo menos que el año anterior (2.908 M€). De la reforma depende el quinto pago de los fondos europeos, de 7.200 M€, la mayor parte subvenciones

Renunciar al paquete fiscal tampoco acaba de ser una salida óptima, porque el Gobierno necesita más recursos. El Estado ingresó por los impuestos a la banca y a las energéticas 2.859 millones de euros en 2024, una cifra en línea con las previsiones del Gobierno y similar a lo recaudado el año anterior (2.908 millones).

"Es una ecuación difícil de resolver. Una reforma fiscal con todo el mundo a favor no es fácil, pero se sigue negociando y, mientras se siga negociando hay vida", indican en la dirección socialista en el Congreso. Su voluntad es llegar a un pacto para el lunes, atar el acuerdo con los grupos en comisión, porque dejar las enmiendas vivas para el pleno "es un riesgo". El PSOE es consciente de que se encuentra ante un camino muy impracticable. Pero asegura que no "tirará la toalla". Hasta el final. Lo ocurrido, no obstante, es una lección de cara a los siguientes retos: senda de estabilidad, Presupuestos. Y financiación autonómica, otra reforma marcadamente ideológica y divisiva.