En mitad de la crisis abierta por la tragedia de la DANA de finales del mes de octubre emerge la imagen y la voz de la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, una desconocida para el conjunto de la opinión pública fuera del ámbito de la Comunidad valenciana a pesar de su larga y dilatada carrera política. Ha sido en Camarero en quien se ha sostenido Carlos Mazón para administrar los días posteriores a la catástrofe cuando ya se contaba por cientos el balance terrible de víctimas mortales además de los incontables daños materiales que abocan a esta región a un largo periodo de reconstrucción.

Aunque madrileña de nacimiento, esta mujer de 54 años ha desarrollado el grueso de su carrera vinculada al PP valenciano, a donde llegó de la mano de Eduardo Zaplana, lo que le supuso pasar por algunos periodos de ostracismo en las agitadas aguas de un partido regional no exento de sobresaltos políticos y judiciales con recambio de líderes incluidos. Ello la llevó a refugiarse en el Congreso nada menos que durante 16 años, del 2000 a 2016. Antes fue diputada autonómica y luego senadora. También pasó por la Mesa de las Corts y por la secretaría general del partido en Valencia. En la Cámara de la Carrera de San Jerónimo dejó buen recuerdo entre sus compañeros de filas "por su solvencia". En definitiva, la más capacitada de un gobierno autonómico "con perfiles muy flojos" y un equipo de la estricta confianza de Mazón, "alicantino", en una región donde los equilibrios territoriales entre las tres provincias es fuente de susceptibilidades.

La portavoz de la tragedia

Un antiguo dirigente regional dice de ella que "siempre ha sido bien valorada en sus responsabilidades" cuando se le ha dado un papel que jugar, como en estos días, en que ha venido ejerciendo de portavoz de un Consell en estado de shock. Lejos de provocar más incendios y a pesar de la difícil posición por la gestión que de la DANA ha hecho la Generalitat, se ha conducido con prudencia y datos, intentando ofrecer más certezas que generar nuevas dudas.

"Es muy buena tía, responsable, trabajadora, exigente y con mucha vocación de servicio", además de "sensible y muy humana", dice al mismo dirigente. Mariano Rajoy se fijó en ella para nombrarla secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, cargo en el que sustituyó al actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Entonces su nombre circuló como ministrable. Esta licenciada en Derecho acabó siendo una especialista en temas sociales y de discriminación de la mujer. De hecho, fue ponente de la ley de violencia de género en 2004. Mazón -quien compartió con ella ese difícil camino por los meandros de la política orgánica- quiso, con su nombramiento como vicepresidenta segunda de la Generalitat y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, en julio del año pasado 2023, contrarrestar las servidumbres y la imagen de su apresurado pacto con Vox.

"Podría ser una candidata fantástica en tres años"

Con los de Santiago Abascal fuera del Consell -cuando decidieron romper todos los pactos de gobierno con el PP- pasó a ser vicepresidenta única y a sostener, en muy buena medida, tanto la acción del ejecutivo como el peso en el Parlament. "Es una política de la vieja escuela, muy buena", dicen otras fuentes populares que no ocultan que "podría ser una candidata fantástica en tres años" para aspirar a la presidencia de la Generalitat. Mazón abrió esa puerta ayer comprometiéndose a no concurrir de nuevo a los comicios autonómicos de 2027 si el proceso de reconstrucción fracasa. "Voy a asumir las consecuencias no optando a la reelección", dijo en el turno de réplica a los grupos de la oposición, los mismos que le enseñaron la puerta de salida. "Quién sabe, quizá consigue enderezar el rumbo y pasar de ser el president de la DANA al president de la reconstrucción", apunta una tercera fuente consultada.

Con tantos años de legislatura por delante cuesta hacer cualquier tipo de apuesta sobre el futuro de Camarero, aunque su nombre está, sin duda, en la recámara una vez que Mazón la reclamó a su lado como 'número dos' de facto. No la incluyó, sin embargo en las listas electorales de las autonómicas de mayo del año pasado, lo que limita el margen de maniobra de los populares. Carecer del acta de diputada le impediría en estos momentos suceder a Mazón, pues el estatuto valenciano exige que el nombre de quien presida la Generalitat debe salir de entre sus parlamentarios electos. Por ejemplo, esa exigencia no opera en el caso del presidente del Gobierno de España. Otro de los nombres con los que se ha especulado en esa quiniela de posibles recambios es con el de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien, además, en su caso, tiene acta de diputada.

En definitiva, reforzada Camarero en su posición ante una legislatura donde la agenda de prioridades ha virado por completo y el objetivo es la reconstrucción de una región devastada, también tiene tres años para dar cuenta del alcance real de su capacidad política.