La empresa militar Star Defence Logistics & Engineering (SDLE) ya no pertenece a los hermanos Manuel y Aurelio Estrella Río. Fuentes de la compañía confirman a El Independiente que la venta se produjo a finales de octubre, y que los nuevos miembros del consejo de administración llevan escasos 10 días en sus nuevos puestos.

Los hermanos, fundadores de la compañía, han vendido el 100% de la propiedad. Los compradores han sido Jorge Quesada y Natalia Peñería. El primero está relacionado con empresas tecnológicas y de 5G y la segunda con el mundo de la energía. Fuentes de la compañía señalan que son dos aspectos fundamentales para la industria militar, ya que el Ministerio de Defensa quiere potenciar la implementación de la tecnología de comunicación.

La venta del total de la compañía se ha realizado entre los 10 y 12 millones de euros. SDLE está llevando a cabo una "gran auditoría" que podría rebajar el montante final. Los pagos se realizarán en cuatro tramos durante 18 meses. Con el estudio de las cuentas de la empresa, los nuevos propietarios esperan definir los departamentos y las futuras líneas de negocio.

Los hermanos Estrella llevan intentado vender la compañía que montaron desde que uno de ellos salió de la cárcel. A principios de este año, la Policía Nacional detuvo a cinco personas por la venta de material de doble uso a un grupo paramilitar de Libia, el RADA-SDF. Vender material militar a Libia está prohibido por las sanciones que afronta el país de Oriente medio. El material intervenido por los investigadores, drones con cámaras térmicas y sistemas para derribarlos, tenía un valor cercano a los dos millones de euros.

Tiburones para vender

La compañía entró "en ruina" por el mal estado de las cuentas y por la imposibilidad de contratar con el Ministerio de Defensa. Por eso tomaron la decisión de vender. "La alternativa era cerrar e irse al concurso de acreedores", aseguran fuentes conocedoras de los primeros pasos que dieron los ya expropietarios de SDLE. Las mismas fuentes aseguran que al principio tantearon a sus conocidos y amigos, pero se decantaron por algo más grande, viendo el nivel de deudas que tenían.

El empresario Domingo Díaz de Mera.
El empresario Domingo Díaz de Mera.

En las primeras reuniones participaron Domingo Díaz de Mera, empresario de Ciudad Real relacionado con el aeropuerto y el club de balonmano de la provincia, y Pablo Cobo, antiguo miembro de Urbas. Fueron ellos quienes buscaron posibles compradores para Aurelio y Manuel. Díaz de Mera tiene a un hombre de su total confianza en el consejo, Jesús Sánchez Lambás, abogado que asesoró a la infanta Elena en su divorcio con Jaime Marichalar y cuñado del difunto Alfredo Pérez Rubalcaba. "A la empresa le salieron muchas novias", dicen desde dentro de la compañía. "La venta la han llevado dos tiburones", dicen fuentes del sector, que ponen en duda todo el interés suscitado en adquirar una empresa "que tiene muchas trampas".

La nueva SDLE asegura que ha cortado toda relación con los hermanos Estrella, aunque voces conocedoras aseguran que cuentan con un contrato de dos años como comerciales en el exterior, pero con muchas cláusulas. Ese tiempo coincide en parte con el plan de pagos de los nuevos dueños. "Se habla con ellos para ver en qué situación real está la empresa", afirma un portavoz de la compañía.

Los antiguos propietarios todavía poseen la propiedad de los terrenos empresariales así como de las fábricas, por lo que también tendrían ingresos por esa parte.

Contratos millonarios y multas

SDLE no es una empresa ajena al Ministerio de Defensa. En los últimos años ha conseguido 418 contratos con la administración general por valor de casi 73,5 millones de euros, según la información disponible en el registro mercantil. También cuatro con administraciones locales por algo más de un millón.

El último se lo adjudicó, según la Plataforma de Contratación del Sector Público, dos días antes de que sus directivos acabasen con las muñecas engrilletadas. 320.000 euros por servicios de apoyo de mantenimiento de vehículos VRC Centauro. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado un día después, mientras prestaban declaración ante la Policía.

En julio de 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a cuatro empresas y a seis directivos por repartirse varias licitaciones del Ministerio de Defensa a través de dos cárteles. La investigación abarcó desde enero de 2016 a junio de 2021, y descubrió que las empresas amañaron el precio en contratos relacionados con el suministro, el mantenimiento y la modernización de vehículos militares.

SDLE fue una de las multadas, y de hecho la que se llevó la peor parte con 3,3 millones de multa. Su administrador, Aurelio Estrella Río, tuvo que pagar 52.000 euros. Es el único miembro de la empresa que estuvo en la cárcel por el tema libio. Según la CNMC, las empresas se repartieron contratos. En concreto, llevaron a cabo pactos de no concurrencia, emitieron ofertas de cobertura, retiraron o no justificaron ofertas, e instrumentalizaron el sistema de colaboración temporal entre empresas (UTE). En marzo de este año, la Audiencia Nacional dejó en suspenso la multa.