El Gobierno salva agónicamente hasta el jueves su reforma fiscal tras acordar con ERC y Bildu mantener el impuesto a las energéticas

La precariedad que sufre el Gobierno, los equilibrios prácticamente imposibles que tiene que hacer a izquierda y derecha en iniciativas profundamente ideológicas, las negociaciones hasta ultimísima hora, con recesos, suspense y llamadas a varias bandas. Todo eso quedaba condensado en la frenética, caótica y extenuante sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso convocada para la tarde de este lunes, que se prolongó durante casi ocho horas. La Cámara baja tenía que votar un paquete fiscal vital para el Ejecutivo, y todo él corría mucho riesgo por los vetos cruzados de los socios. Primero, se votaron las enmiendas parciales, y ya en esa primera fase decayeron los impuestos a la banca y a las energéticas, dos cuestiones claves para la izquierda, y a cambio sí se aprobó la subida de dos puntos porcentuales del IRPF para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros, del 28% al 30%. Pero la prueba final era la más complicada de superar para el Ejecutivo, la votación del dictamen. Es decir, del proyecto de ley con todas las modificaciones aprobadas.

Y ahí todo se enredó. Hasta lo inimaginable. Pasadas las 20.30, cuando había concluido la votación de las enmiendas y quedaba solo ese punto, el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda, el socialista Alejandro Soler, ordenó un receso. Y una hora más tarde comunicó a los grupos que la sesión se suspendía al menos hasta las once de la noche. La razón era obvia: el intento absolutamente la desesperada del Gobierno de salvar una reforma fiscal recortada. Como fuera. Y ese lapso de tiempo logró cerrar un acuerdo con ERC, Bildu y BNG [aquí en PDF] para prorrogar un año el gravamen a las energéticas vía real decreto ley, pero esa solución no satisfizo a Podemos, que entendía que al no tener los votos asegurados —Junts ya ha insistido en que no apoyará jamás ese impuesto a las eléctricas— ese pacto era "papel mojado" y no lo respaldarían en el pleno del jueves. Ese acuerdo sí bastó para que el Gobierno salvara la noche: el dictamen salió respaldado por 20 votos a favor —los de PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, Bildu y BNG— y 17 en contra (PP y Vox). Pero nada está garantizado cuando el texto llegue al pleno del jueves, porque en el hemiciclo Podemos, que no está representado en la Comisión de Hacienda, sí vota.

A la una de la madrugada, cuando el dictamen ya quedaba a resguardo, el Ministerio de Hacienda remitió un brevísimo comunicado de tres líneas en el que aclaró que "mantiene el acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización". Esa "aclaración" del Ejecutivo venía a expresar que, con ese impuesto energético light Repsol podrá continuar con su inversión prevista en Tarragona, que era una línea roja para Junts. Ahora habrá que ver si ese comunicado de Hacienda mueve las posiciones de ERC, Bildu y BNG y si no hace que Podemos se aferre a su no. Y si los cuatro diputados morados rechazan la reforma fiscal este jueves, esta decaerá. La presión, por tanto, se vuelca para Podemos, para que permita la aprobación de un paquete fiscal muy cepillado a cambio de la extensión del gravamen a las eléctricas. Prórroga nada segura.

Ese fue el colofón de una tarde, noche y madrugada larguísimas, en la que se sucedieron la tensión y el cansancio. Se veía a los portavoces de los grupos colgados al teléfono, al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y a Carlos Moreno, director de Gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, entrando y saliendo de la zona de Gobierno de la Cámara baja. Al PP en armas porque no entendía el aplazamiento de la votación hasta las once de la noche tras una "bochornosa jornada". Pero es que aunque el acuerdo con ERC, Bildu y BNG se anunció a las 23 horas, el receso se prolongó más. Hasta las 00.40 no se reanudó la comisión y la incertidumbre era total. Nadie se explicaba por qué no volvía a comenzar la cita, por qué el Grupo Socialista no había regresado. El hartazgo y las caras de agotamiento de los diputados y los periodistas eran evidentes. La agonía del Gobierno era esto. Retransmitida en directo. Los diputados del PP, apoyados por Vox, protestaron por la "falta de respeto" a los trabajadores de la Cámara y de los medios, por la "degradación de la institución", por el "secuestro de más de cuatro horas", desde las 20.30 en que se ordenó el último receso hasta las 00.40, en que se retomó el debate, "del conjunto de la Comisión".

Los parones y las negociaciones al absoluto límite daban cuenta de lo muchísimo que se jugaba el Ejecutivo este lunes. Porque la reforma fiscal era la puerta de entrada a la senda de estabilidad y a los Presupuestos Generales del Estado de 2025. La sesión arrancó mal para los socialistas. Sin acuerdo con sus socios de izquierdas, que exigían la prórroga del gravamen a las energéticas.

Lo que se votaba este lunes era el proyecto de ley del Gobierno que traspone una directiva europea que obliga a las multinacionales y a los grandes grupos empresariales una tributación mínima del 15%. De ese texto los socialistas hicieron colgar infinidad de enmiendas que pactaron primero con PNV y Junts y luego con Sumar, todas muy cortas para ERC, Bildu, Podemos y BNG. Hacienda necesitaba sacar adelante sus medidas fiscales porque había comprometido con Bruselas un alza impositiva para poder acceder al quinto pago de los fondos europeos, de más de 7.000 millones de euros.

La reunión comenzó primero con la votación de seis enmiendas transaccionales. Una de ellas, firmada por PSOE, Sumar y Junts, endurecía algo el nuevo impuesto a la banca que había pactado Hacienda con los nacionalistas vascos y los posconvergentes. Hubo empate —por la abstención de ERC, Bildu y BNG— pero cayó por el voto ponderado. Más tarde se sometió a votación el texto original puro pactado con PNV y Junts, más benévolo con las entidades financieras. Pero también fracasó porque esa redacción más laxa fue rechazada por los republicanos y la izquierda abertzale, al considerarla insuficiente.

Y es que la izquierda de la Cámara siempre dijo a Hacienda que no podía transigir con que saliese adelante la prórroga del gravamen a la banca —rediseñada, por cierto, y no estructural— sin que fuese acompañada de la extensión del impuesto a las eléctricas. El PSOE prefirió mantener su pacto con la derecha y no apoyó las enmiendas conjuntas de ERC y Bildu que iban encaminadas a prorrogar ese gravamen extraordinario que tanto han combatido Repsol o Iberdrola y que Junts no estaba dispuesta a aceptar. Tampoco prosperó la subida al diésel.

Lo que sí salió adelante fue una enmienda transaccional de PSOE, Junts y Sumar —respaldada por los grupos de izquierda— para subir el IRPF, del 28% al 30%, a las rentas de capital para ahorros superiores a 300.000 euros. También quedó bendecida, de manera transversal, la propuesta del PNV de atajar el fraude en los hidrocarburos, que reportará 2.000 millones de euros a las arcas públicas. El PP, que había adelantado que estaba dispuesto a apoyar la trasposición de la directiva europea siempre que no contuviera subidas de impuestos, veía servido el argumento para descolgarse con el alza del IRPF al ahorro.

La sesión fue caótica y confusa, y por momentos los diputados no sabían exactamente qué se estaba votando. Sí prosperaron enmiendas como gravar los vapeadores o subir los impuestos al tabaco, pero no la exención de las primas a los seguros sanitarios privados, ni suprimir el régimen fiscal especial a las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) ni fijar en el 21% el IVA a los alojamientos turísticos.

Lo mollar estaba, no obstante, en el gravamen a las energéticas. El PSOE necesitaba salvar su dictamen. No solo por su paquete fiscal, sino porque el tipo mínimo del 15% a las multinacionales tiene que quedar aprobado antes del 1 de enero para esquivar las sanciones de la UE, ya que la directiva tenía que haber sido ya traspuesta por España. De ahí que echara el resto en las negociaciones de ultimísima hora. ERC y Bildu contaban que habían propuesto al PSOE múltiples fórmulas, como deslindar el gravamen a las eléctricas de esta reforma fiscal. "Pero la respuesta era siempre no", precisamente por la cerrazón de Junts. La tarde-noche del lunes, sin embargo, se produjo otro giro inesperado en una legislatura que avanza a trompicones y con sobresaltos.

ERC, Bildu y BNG pactaron con el Ejecutivo la presentación de un real decreto ley para prorrogar durante todo 2025 el impuesto a las energéticas. A cambio, las tres fuerzas de izquierda se comprometen a apoyar en el pleno del jueves el diseño del gravamen a la banca que Hacienda ató con PNV y Junts y que se presentó como una enmienda del Grupo Socialista. Enmienda que decayó pero que queda viva hasta entonces, porque la transaccional con Sumar, más exigente con las entidades financieras, sí que murió en la comisión al ser rechazada.

Pero tanto la líder de Podemos, Ione Belarra, como la eurodiputada Irene Montero advirtieron de que su partido solo apoyará la reforma fiscal "si el impuesto [a las energéticas] se mantiene", porque "sin garantías de que Junts también lo apoyará es poco más que papel mojado". "Es una trampa para salvar la votación", añadió la exministra de Igualdad.

ERC, Bildu y Sumar miran ahora hacia los morados. Consideran un éxito haber roto el marco impuesto por la derecha nacionalista y comprometer al Gobierno a llevar a la Cámara un decreto ley con la prórroga del impuesto energético. Y señalan que serán los morados quienes tendrán que decir si "son capaces de votar igual que PP y Vox". La pelota está en el tejado de Belarra, en efecto, y su partido ha sido claro. Pero, más allá de lo que ocurra, lo que probaba esta votación tormentosa y agónica es que el Gobierno tiene dificultades objetivas para aprobar leyes de calado y con densidad ideológica, que no hay una mayoría progresista como ocurría en la pasada legislatura. Una definición quizá ajustada del tiempo que vive el Congreso la daba el portavoz del PNV, Aitor Esteban: "Que la comisión en la que se está decidiendo el futuro fiscal del Estado esté parada tres horas y se retome a las 23:00 es una muestra más del juego corto de algunos y del desorden de esta legislatura". Se quedó corto en los tiempos, porque el suspense se mantuvo más tiempo, hasta casi la una de la madrugada. Lo nunca visto.