La precariedad que sufre el Gobierno, los equilibrios prácticamente imposibles que tiene que hacer a izquierda y derecha en iniciativas profundamente ideológicas, las negociaciones hasta ultimísima hora, con recesos, suspense y llamadas a varias bandas. Todo eso quedaba condensado en la frenética, caótica e incierta sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso convocada para la tarde de este lunes. La Cámara baja tenía que votar un paquete fiscal vital para el Ejecutivo, y todo él corría mucho riesgo por los vetos cruzados de los socios. Primero, se votaron las enmiendas parciales, y ya en esa primera fase decayeron los impuestos a la banca y a las energéticas, dos cuestiones claves para la izquierda, y a cambio sí se aprobó la subida de dos puntos porcentuales del IRPF para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros, del 28% al 30%. Pero la prueba final era la más complicada de superar para el Ejecutivo, la votación del dictamen. Es decir, del proyecto de ley con todas las modificaciones aprobadas.

Y ahí todo se enredó. Pasadas las 20.30, cuando había concluido la votación de las enmiendas y quedaba solo ese punto, el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda, el socialista Alejandro Soler, ordenó un receso. Y una hora más tarde comunicó a los grupos que la sesión se suspendía al menos hasta las once de la noche. La razón era obvia: el intento a la desesperada del Gobierno de salvar una reforma fiscal recortada. Como fuera. Y ese lapso de tiempo logró cerrar un acuerdo con ERC, Bildu y BNG para prorrogar un año el gravamen a las energéticas vía real decreto ley, pero esa solución no satisfizo a Podemos, que entendía que al no tener los votos asegurados —Junts ya ha insistido en que no apoyará jamás ese impuesto a las eléctricas— ese pacto era "papel mojado" y no lo respaldarían en el pleno del jueves.

La tensión fue máxima durante toda la tarde y bien adentrada la noche. Se veía a los portavoces de los grupos colgados al teléfono, al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y a Carlos Moreno, director de Gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, entrando y saliendo de la zona de Gobierno de la Cámara baja. Al PP en armas porque no entendía el aplazamiento de la votación hasta las once de la noche tras una "bochornosa jornada". Pero es que aunque el acuerdo se anunció a las 23 horas, el receso se prolongó más. A las 00.30 todavía no se había reanudado la comisión y la incertidumbre era total.

Los parones y las negociaciones al absoluto límite daban cuenta de lo mucho que se jugaba el Ejecutivo este lunes. Porque la reforma fiscal era la puerta de entrada a la senda de estabilidad y a los Presupuestos Generales del Estado de 2025. La sesión arrancó mal para los socialistas. Sin acuerdo con sus socios de izquierdas, que exigían la prórroga del gravamen a las energéticas.

Lo que se votaba este lunes era el proyecto de ley del Gobierno que traspone una directiva europea que obliga a las multinacionales y a los grandes grupos empresariales una tributación mínima del 15%. De ese texto los socialistas hicieron colgar enmiendas que pactaron primero con PNV y Junts y luego con Sumar, todas muy cortas para ERC, Bildu, Podemos y BNG. Hacienda necesitaba sacar adelante sus medidas fiscales porque había comprometido con Bruselas un alza impositiva para poder acceder al quinto pago de los fondos europeos, de más de 7.000 millones de euros.

La reunión comenzó primero con la votación de seis enmiendas transaccionales redactadas a última hora. Una de ellas, firmada por PSOE, Sumar y Junts, endurecía algo el nuevo impuesto a la banca que había pactado Hacienda con los nacionalistas vascos y los posconvergentes. Hubo empate —por la abstención de ERC, Bildu y BNG— pero cayó por el voto ponderado. Más tarde se sometió a votación el texto original puro pactado con PNV y Junts, más benévolo con las entidades financieras. Pero también fracasó porque esa redacción más laxa fue rechazada por los republicanos y la izquierda abertzale, al considerarla insuficiente.

Y es que la izquierda de la Cámara siempre dijo a Hacienda que no podía transigir con que saliese adelante la prórroga del gravamen a la banca —rediseñada, por cierto, y no estructural— sin que fuese acompañada de la extensión del impuesto a las eléctricas. El PSOE prefirió mantener su pacto con la derecha y no apoyó las enmiendas conjuntas de ERC y Bildu que iban encaminadas a prorrogar ese gravamen extraordinario que tanto han combatido Repsol o Iberdrola y que Junts no estaba dispuesta a aceptar. Tampoco prosperó la subida al diésel.

Lo que sí salió adelante fue una enmienda transaccional de PSOE, Junts y Sumar —respaldada por los grupos de izquierda— para subir el IRPF, del 28% al 30%, a las rentas de capital para ahorros superiores a 300.000 euros. También quedó bendecida, de manera transversal, la propuesta del PNV de atajar el fraude en los hidrocarburos. El PP, que había adelantado que estaba dispuesto a apoyar la trasposición de la directiva europea siempre que no contuviera subidas de impuestos, veía servido el argumento para descolgarse con el alza del IRPF al ahorro.

Nota de prensa conjunta de ERC, Bildu y BNGDescarga

La sesión fue caótica y confusa, y por momentos los diputados no sabían exactamente qué se estaba votando. Sí prosperaron enmiendas como gravar los vapeadores o subir los impuestos al tabaco, pero no la exención de las primas a los seguros sanitarios privados, ni suprimir el régimen fiscal especial a las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) ni fijar en el 21% el IVA a los alojamientos turísticos.