Las horas se agotan y llega el momento decisivo. Y, a estas alturas de la negociación, los socialistas europeos ya parecen tener asumido que no les quedará otra que apoyar a los candidatos propuestos por la italiana Giorgia Meloni y el húngaro Víktor Orbán para la Comisión Europea, los ultraderechistas Raffaele Fitto y Oliver Varhelyi, para así lograr desatascar la elección de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de Transición Justa, Limpia y Competitiva y comisaria de Competencia. Los populares mantienen bloqueada su ratificación por la presión de los conservadores españoles, que están librando una batalla durísima en Europa para descabalgarla. Y una de sus condiciones es que el grupo de los socialistas y demócratas (S&D) apoye tanto a Fitto, también nominado por Ursula von der Leyen como uno de sus seis vicepresidentes ejecutivos, como a Varhelyi. Para los progresistas, era una línea roja que no querían traspasar, pero la urgencia de que el nuevo Ejecutivo comunitario esté en marcha cuanto antes ha obligado al realismo. Y Pedro Sánchez lo dejó claro este martes, al término de la cumbre del G-20 en Río de Janeiro, en Brasil: no se trata de vetar o no a uno u otro candidato, porque "todos los países" de la UE "tienen derecho a un comisario", es "lo que dicen los tratados" europeos, así que entiende que no hay más discusión.

El presidente ya abordó el lunes con Von der Leyen en Río, dada la asistencia de ambos a la cumbre del G-20, la forma de intentar desatascar la elección del colegio de comisarios. Las negociaciones al máximo nivel "avanzan" y espera que "pronto" den sus frutos, porque España y Europa "necesitan" ya una nueva Comisión para afrontar los retos por delante. Tras replicar a Feijóo que tiene todo el "derecho a defender" al president valenciano, Carlos Mazón, pero no a hacerlo "en contra del Estado autonómico, de los intereses de España y de la UE", Sánchez se empeñó en la "pedagogía". Y fue entonces cuando desdramatizó que los socialistas europeos puedan apoyar a Fitto o a Varhelyi, postulado por la dirigente conservadora alemana como comisario de Salud y Bienestar Animal.

El presidente diferencia entre el acuerdo "moderado, centrado y proeuropeo" al que llegaron en verano las tres principales familias políticas con la configuración del colegio de comisarios

El jefe del Ejecutivo recordó que en verano la familia socialdemócrata europea firmó un acuerdo "moderado, centrado y proeuropeo" con las otras dos grandes familias, los populares y los liberales. Y él fue protagonista de ese pacto puesto que, con el canciller alemán, Olaf Scholz, lideró las conversaciones por parte de los progresistas. Ese acuerdo suscrito a tres bandas, señaló, tiene una "hoja de ruta determinada para los próximos cinco años", y se plasmó en la elección de la presidenta del Parlamento Europeo —para la conservadora maltesa Roberta Metsola, en los dos años y medio iniciales de la legislatura—, de la presidencia del Consejo —para el socialista portugués António Costa— y de la presidencia de la Comisión —para Von der Leyen—. Un pacto, añadió, que reconoció la "importancia" de España, a la que la jefa del Ejecutivo comunitario le confirió una cartera crucial, la de Competencia, además del área de Transición.

Pero junto a ese acuerdo político hay que observar un segundo elemento, explicó, que "en la conformación del colegio de comisarios, todos los países tienen derecho a un comisario o comisaria". "Y ese comisario no lo elijo yo como presidente del Gobierno de España, lo elige el Gobierno de ese país —prosiguió—. Y por tanto Orbán, por poner otro caso, lleva muchos años gobernando Hungría. Y al final hemos tenido que votar todos al candidato que haya propuesto el Gobierno húngaro, en base a una serie de criterios. Pues esto es lo que pasa en Europa", que una cosa es el acuerdo político entre las tres grandes familias políticas y otra "lo que dicen los tratados", que cada país tenga su comisario y eso "hay que respetarlo".

En ese sentido, "no es que haya ninguna línea" que los socialistas vayan a sobrepasar o no, es que la conformación de la nueva Comisión "tiene otra derivada que no afecta al acuerdo político" entre las tres grandes familias, adujo. Esto "no es como la conformación de un Gobierno nacional". En plata: Sánchez estaba defendiendo que no hay problema en apoyar a Fitto o al candidato húngaro, porque se trata de "respetar" la propuesta hecha por los gobiernos de sus respectivos países.

Sánchez advierte de que su objetivo era que en el Ejecutivo comunitario estuvieran "los mejores", y Ribera es "la mejor" en la transición ecológica y la mitigación y adaptación al cambio climático

Eso sí, el acuerdo político es el que hay que "preservar y cumplir". "Nosotros hemos apoyado a todos los candidatos al colegio de comisarios del Partido Popular y pedimos esa reciprocidad. Me parece de puro sentido común". Este era un recado para el PPE, para que apoye a Ribera —sin su apoyo su ratificación es imposible—, igual que S&D ha avalado a los candidatos populares. Y es que la vicepresidenta tercera es el gran contrapeso de los progresistas para una Comisión más derechizada que la anterior. Pero también es un mensaje de mirada larga, porque S&D y los liberales reclaman a los populares un pacto por escrito para que se comprometan a tejer acuerdos con ellos durante la legislatura. El PPE no quiere porque prefiere tener manos libres para entenderse con ECR, el grupo ultra de Meloni. Y es que los conservadores tienen mayoría tanto con socialistas y liberales como con los ultras de ECR y los Patriotas por Europa, que es el grupo de Orbán y en el que está Vox.

"Política para adultos"

Sánchez sí fue duro especialmente con el PP español. Primero, porque "lleva sistemáticamente" tiempo exportando a Bruselas "todos los debates de política nacional", hasta tal punto que hay "incredulidad en Europa" con su actitud, "y no solo en la familia socialdemócrata". Aprecia así malestar en las filas populares por el empeño de Feijóo de "contaminar algo tan imperioso y tan necesario" como conformar "cuanto antes" un nuevo colegio de comisarios. El presidente pidió al líder del PP que haga lo que él mismo predicaba cuando llegó al liderazgo de su partido tras ser derribado Pablo Casado, "política para adultos". "Pues eso, asumamos todos nuestra responsabilidad", le lanzó.

El presidente cree que Feijóo tiene el "derecho a defender" a Mazón, pero no "en contra de todo y de todos", no en contra del Estado autonómico y de los "intereses" de España y de la Unión Europea

Más en concreto, Sánchez afeó a Feijóo que intente apartar a Ribera de la carrera. Porque el objetivo de España, en esta legislatura europea, era primero "construir un acuerdo centrado" entre las tres familias europeístas —"y lo logramos"— y después que en el Ejecutivo de Europa estén "los mejores, las mejores". Y España ha postulado, recordó, a uno de "sus mejores referentes", a "la mejor en el ámbito de la transición ecológica y energética y de la mitigación y adaptación al cambio climático". Por eso mismo, añadió, Von der Leyen la eligió como su mano derecha, con una cartera clave.

Tras pedir el "cumplimiento del acuerdo" alcanzado en verano, Sánchez defendió el derecho de Feijóo de sostener a Mazón. Siempre que no lo haga "en contra de todo y de todos". "No lo puede hacer en contra del Estado autonómico, poniendo en duda cuáles son las competencias de cada estamento en el Estado —recalcó—. No lo puede hacer en contra de España, porque a España le interesa tener una vicepresidencia primera en la Comisión Europea, con las competencias que se le han reconocido a España, nada más y nada menos que Competencia, que es una de las principales políticas comunes y de las más poderosas en lo que tiene que ver con la transformación de esa autonomía estratégica. Y, finalmente, tampoco contra Europa, poniendo en duda la propia constitución de una Comisión que necesitamos cuanto antes para hacer frente a los desafíos globales", remachó.

El Ejecutivo busca cómo rediseñar el impuesto a las energéticas de forma que convenza a Podemos y Junts, que sea "un gravamen y no una broma"

A Sánchez también se le preguntó por el caos vivido el lunes en la Comisión de Hacienda del Congreso, que se prolongó durante casi ocho horas, incluido un receso de cuatro. El dictamen de la reforma fiscal salió adelante, por 20 votos a favor —PSOE, Sumar, Junts, PNV, ERC, Bildu y BNG— y 17 en contra (PP y Vox). Pero para que el Gobierno lograra su objetivo tuvo que firmar un acuerdo in extremis con los grupos de izquierda (ERC, Bildu y BNG) para prorrogar por real decreto ley el impuesto a las energéticas. A cambio, estos partidos apoyaron el paquete fiscal y lo respaldarán este jueves en el pleno. El problema es que el Ejecutivo no tiene garantizado el éxito de esta última votación, en dos días, porque Podemos insiste en que para avalar la reforma tributaria Junts debe comprometerse a dar sus votos a la extensión del gravamen a las eléctricas. La pista de aterrizaje diseñada por Hacienda, y que explicitó en un comunicado en la madrugada del lunes al martes, es que, como acordó con los posconvergentes, no se gravará a las empresas energéticas que "mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización".

"Muchas horas por delante" de negociación

Ese subrayado que hizo el ministerio que dirige María Jesús Montero es clave porque, como explican fuentes de la Moncloa, lo que se está negociando es un rediseño del gravamen que permita a las compañías petroleras y eléctricas desgravarse una parte si invierten en descarbonización. La duda ahora es "cuánto y de qué manera" se hace. Porque en el Ejecutivo tienen claro que debe "ser un gravamen, no una broma". Debe tener una redacción que satisfaga tanto a Junts como a Podemos.

Sánchez desdramatiza la caótica sesión de la Comisión de Hacienda del lunes: "Bienvenidos a los gobiernos de minoría parlamentaria. Llevamos seis años así. Es la tónica habitual en Europa"

Sánchez, desde Río, insistió en que es "coherente" y "compatible" defender dos cosas a la vez. De un lado, "que las energéticas tengan un gravamen específico". Y dos, "que se pueda descarbonizar el tejido productivo en nuestro país". "Eso es lo que el Gobierno está defendiendo con los acuerdos que hemos alcanzado con unos y con otros", sostuvo. No dio más detalles, porque hasta el pleno del jueves en el Congreso quedan "muchas horas por delante" de negociación para llegar a sacar adelante una "reforma fiscal que es muy necesaria" para "seguir fortaleciendo nuestro Estado del bienestar".

El presidente, además, como hiciera horas antes desde Madrid la ministra portavoz, Pilar Alegría, justificó la dificultad del diálogo: es el signo de los tiempos. "Bienvenidos a los gobiernos de minoría parlamentaria. Llevamos seis años así. Es la tónica habitual en Europa [...] y por cierto, nosotros llevamos administrando España desde hace seis años y ahí están los resultados", positivos en términos macroeconómicos, presumió. A su juicio, si hay un Ejecutivo que pueda "administrar esa complejidad" es el suyo, porque además ha demostrado en todos estos años que es capaz de "articular mayorías parlamentarias". Con "votaciones que se ganan" o que "se pierden", que salen de manera "mucho más sencilla" o de forma más compleja.

El contador de iniciativas está ahí, resaltó: 20 leyes publicadas en el Boletín Oficial del Estado (son 17 aprobadas más las dos que se añaden este jueves, una de ellas la convalidación del primer decreto por la DANA, y estaba sumando el segundo plan de ayudas, también en vigor pero que aún debe pasar por el Congreso). Sánchez, por último, elogió la reforma fiscal que pretende sacar adelante, porque servirá para continuar financiando los servicios públicos, hoy "más que nunca necesarios" tras lo vivido en Valencia con el temporal, porque está hecha con criterios de "justicia fiscal" y porque busca "cumplir con Europa", dado que está comprometida con Bruselas para la recepción de los fondos europeos.

El Gobierno defiende que lo ocurrido el lunes no afectará a los Presupuestos de 2025, que llevará al Congreso (aún sin fecha) para que arranque su tramitación parlamentaria. Cuentas que "obedezcan a los retos" inmediatos, como la "reconstrucción de la Comunidad Valenciana", y otros a medio plazo, especificó.

El líder socialista asegura que Peinado podrá verificar que Begoña Gómez es una "mujer pulcra, honesta" y con unas cuentas como las de "cualquier profesional": "Absoluta tranquilidad y absoluta transparencia"

El presidente fue preguntado por la última decisión del juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su esposa, Begoña Gómez: pedir a la Policía Judicial que consulte las cuentas corrientes de su mujer y al Registro Civil su certificado de matrimonio. También se le inquirió por los correos electrónicos de una asesora de la Moncloa, que apuntarían a gestiones profesionales para Gómez. Sánchez solo contestó a lo primero. Manifestó su "absoluta tranquilidad y absoluta transparencia". "Si se quiere investigar el estado de las cuentas de mi esposa, perfecto, porque lo que se verá es que es una mujer pulcra, honesta y que tiene un estado de cuentas que refleja la de cualquier profesional, trabajadora o trabajador, como millones de españoles y españolas en nuestro país". Y si Peinado, siguió, "quiere comprobar por escrito que Begoña y yo estamos casados, tampoco hay problema".