Confianza plena entre los socios del Gobierno de que Podemos no se arriesgará a votar en contra del dictamen acordado in extremis este lunes en la Comisión de Hacienda, para aplicar una trasposición de una directiva europea que eleva al 15% los impuestos a las grande sociedades y sobre la que PSOE y Sumar han edificado vía enmiendas una reforma fiscal ya limitada. En comparación con el ambicioso paquete pactado por la coalición al principio, el Gobierno ha visto cómo han quedado fuera el alza fiscal a las socimis —por el voto en contra del propio PSOE—, la supresión de las exenciones fiscales de los seguros de salud privados, la equiparación de la tributación del diésel a la gasolina, un nuevo impuesto al lujo o el aumento al 21% del IVA para los pisos turísticos.

Si ha prosperado, vía enmiendas parciales, la subida al tabaco y los vapeadores, dos puntos [del 28% al 30%] de IRPF para las rentas superiores a 300.000 euros. Además, se mantiene el rediseño del impuesto a la banca pactado con Junts y PNV 'vivo' para el pleno del jueves, que ERC, EH Bildu y BNG apoyarán e incluirán en el dictamen a cambio del compromiso adquirido por el Gobierno de aplicar vía real decreto ley la extensión por un año del impuesto energético. Ahora bien, todo puede decaer si los morados votan en contra, algo con lo que amenazan.

La posición de Podemos incide en que mientras el Gobierno se mantiene en lo acordado con Junts y PNV, que es la retirada de ese impuesto, se ha comprometido con los socios de izquierdas a aplicarlo posteriormente desde el Consejo de Ministros solo a aquellas compañías que no apuesten por la descarbonización. Algo que requiere la convalidación del Congreso y, por tanto, poner en consenso a los socios progresistas y conservadores en una ecuación imposible. Por ello, rechazan comprometerse a firmar "papel mojado" como el resto de sus aliados de izquierdas y tampoco con exenciones. Exigen que para esa votación se añada el impuesto tal y como hoy está planteado, dado que creen que la coyuntura de guerra en Ucrania sigue favoreciendo "beneficios extraordinarios" para las empresas de energía.

"En este momento estamos más en el 'no' que en la abstención", apuntan fuentes de Podemos, que ven muy difícil que se pueda torcer el brazo de PNV y Junts para reincorporar el impuesto. Con los socios de izquierdas atados por ese compromiso del Gobierno, y con jeltzale y neoconvergentes comprometidos con lo aprobado en comisión, el equilibrio de la mayoría de gobierno es de 173 escaños si se obvian a José Luis Ábalos y Coalición Canaria. Una abstención de Podemos, que cuenta con cuatro diputados, bastaría para si bien no adherirse a lo acordado por los socios, no tirarlo abajo. No serviría un voto en contra, que daría a PP, Vox y UPN al menos la mayoría simple con 175 votos.

Desde el PSOE, fuentes parlamentarias se justifican afirmando que la situación es distinta a cuando se aprobaron esos impuestos a la banca y a las energéticas, lo que permite adecuaciones o reformulaciones como las que se proponen. En el segundo caso, esa aplicación solo a las que contaminen. Internamente, se confía en que todo saldrá adelante. Las estimaciones entre socios como ERC o EH Bildu, con los que Podemos coqueteó para concurrir conjuntamente en las pasadas europeas, y con quien mantiene notables afinidades, es que los de Ione Belarra no tendrán el valor suficiente para bloquear esta reforma limitada. En Sumar concretan más.

Sumar, ERC y EH Bildu coinciden en que es difícil que Podemos se retrate públicamente con la derecha en una cuestión económica, aunque la reforma sea mínima

Fuentes nacionales de los magentas consideran improbable que Podemos vaya a oponerse junto a PP y Vox a respaldar medidas "inequívoca" progresistas como esa subida de impuestos a las grandes sociedades o en el IRPF a las rentas superiores a 300.000, porque eso implica "un coste político". "Cada formación tiene que preguntarse a qué riesgo se expone", explican. Aunque hay que destacar que ya hubo un antecedente sonado en enero, cuando los morados rechazaron la reforma del subsidio de desempleo para mayores de 52 años. "Esa imagen no fue bonita ni buena para Podemos", apuntan en Sumar, que creen que no la repetirán.

Desde Podemos, ante esas previsiones entre los socios, y contrariamente, siguen manteniendo que no tienen las manos atadas ante nadie. Sin entrar a valorar las apreciaciones del resto de compañeros progresistas en esta legislatura, sí sostiene que no se han movido ni un ápice de lo que "siempre" han "defendido". Hay un señalamiento en contra para el Ejecutivo central: Hacienda, y en concreto su responsable y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha negociado mal.

De hecho, este martes, en rueda de prensa desde el Congreso, el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna ya mencionó cuatro errores de cara a esa negociación: "Se ha querido hacer una reforma fiscal por la puerta de atrás con temas que merecen debates propios; se ha pactado antes con la derecha —PNV y Junts— que con los socios de izquierda, se ha llegado a ese punto ya con acuerdos cerrados —saben de la necesidad de dialogar con vascos y catalanes— y se ha pensado que los votos de la izquierda ya están atados".

Respecto al compromiso adquirido con los socios de izquierdas para el impuesto energético, contrario a los intereses de Junts y PNV, fuentes parlamentarias de Sumar trasladan que habrá que buscar las fórmulas más oportunas. Destacan la realidad parlamentaria y que cada propuesta debe ser impulsada con el mayor consenso posible, con cesiones de todas las partes. No se tiene, en todo caso, claro el horizonte de cómo se logrará dar encuentro a socios de derecha e izquierda en este asunto para mantener firme a la mayoría de investidura y cumplir con las promesas electorales, que pasan, por esas reformas fiscales.

La legislatura, al límite

El equilibrio entre los intereses de socios plurales cada vez resulta más complejo para el PSOE y Sumar. Especialmente, los contrapuestos entre ERC y Junts, que, fuera del poder en Cataluña, compiten por reivindicarse como ejes del soberanismo frente a Salvador Illa a sus respectivos sectores progresista y conservador. La fiscalidad y el impuesto energético ha sido el último objeto de competencia. Pero también por parte de Podemos, que fuera del Gobierno, quiere allanar el terreno para la posibilidad de nuevas elecciones generales. De las que, además, cree que saldría favorecido respecto a su situación actual. Incluso con grupo parlamentario propio y con la previsión de una alianza de derechas en el poder que active el descontento para poder capitalizarlo. Regularmente hay más facilidades de consenso con EH Bildu, uno de los socios más fiables, el BNG o el PNV.

Podemos muestra un perfil duro por la competencia con Sumar y allana el camino hacia unas posibles próximas generales

La exigencia de los morados, de que el PSOE y Sumar pasen antes por las negociaciones con la izquierda para luego apuntalar cualquier pacto con la derecha nacionalista, es entendida internamente como la fórmula más adecuada para garantizar la estabilidad los próximos meses. Lo comparten el resto de grupos progresistas. Aunque la sensación que se transmite es la de una cada vez mayor desconexión de los intereses de cada formación. El consenso puntual con el PP, que ahora escala en su presión contra el Gobierno por la DANA, tampoco ha convencido a los socios puntualmente este año. Por ejemplo, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sumar comparte ese descontento con que el PSOE mire antes a Junts, el actor que más le preocupa por no compartir horizontes ideológicos, que a la izquierda. Pero rehúye trasladarlo en público para no deteriorar más la situación. Consideran que el votante por sí solo sabe valorar las acciones de aquellos a quienes ha apoyado. Ante esa inestabilidad, tampoco quiere arremeter contra los socialistas por no respetar una de las directrices consensuadas entre ambos para ese pacto fiscal: las socimis. El PSOE votó en contra ante la falta de apoyos de socios cruciales como los neoconvergentes. "Desde Sumar jamás nos van a mover los intereses inmobiliarios [...] que no se alinean estrictamente con el futuro de un estado de bienestar fuerte al servicio de las clases populares", dijo aludiendo implícitamente al PSOE la nueva portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, en su estreno este martes.

Este clima de distanciamiento fiscal acredita la dificultad que existe para la aprobación antes de final de año de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Una nuevas cuentas se aprecian como esenciales para afrontar la crisis de la DANA en la Comunidad Valenciana, que, en añadido, por los paquetes de ayudas aprobados y que se irán poniendo sobre la mesa, requerirá de un replanteamiento del déficit entre otros ajustes.

De la transposición de la directiva europea dependen la llegada de 6.500 millones de euros esenciales para proyectos económicos estratégicos y para dar respuesta en infraestructuras, por ejemplo, a las necesidades de la provincia de Valencia. De no salir adelante el Gobierno deberá volver a plantearla sin añadidos, como demandó el PP para darle un apoyo al que estaban disponibles si se adecuaba solo a lo recomendado por Europa. "Eso está garantizado", trasladan fuentes parlamentarias de la coalición. La transposición debería haberse aprobado antes de 1 de enero de este año. El retraso ha conllevado una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.