El empresario de criptomonedas y creador del chiringuito financiero Madeira Invest Club, Álvaro Romillo, se ha autoincriminado y ha sentenciado a Luis Pérez, más conocido como Alvise, en un delito de financiación ilegal de partido. Según fuentes presentes en la declaración que se ha producido este miércoles en la Audiencia Nacional, Romillo ha insinuado que entregó 100.000 euros en efectivo al eurodiputado precisamente para financiar la campaña electoral de Se Acabó La Fiesta (SALF) y "no porque fuera trabajador del Lidl [la cadena de supermercados]".
Romillo estaba citado como investigado en el marco de una pieza separada de la investigación principal en la que hay más de 20.000 afectados acusándole de un presunto delito de estafa a raíz de la quiebra del Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones que prometía beneficios millonarios. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, había citado también a Alvise Pérez de forma voluntaria, no puede obligarlo porque él es aforado ante el Tribunal Supremo.
El político ha decidido no venir y esto ha sido motivo de riña del magistrado a su abogado, a quien le ha dicho que es "descortés" no acudir cuando se le invita a sede judicial y ni siquiera avisar. La defensa de Alvise ha quedado en plantear posibles fechas en las que el eurodiputado pueda asistir próximamente. Sin embargo, el propio implicado ha expuesto en su cuenta de Telegram que "exige el inmediato archivo o elevación al Supremo para poder declarar y terminar con todo esto".
El asunto principal este miércoles era esclarecer si los 100.000 euros que Romillo denunció que había entregado en mano a Alvise eran a cambio de algún negocio privado o como financiación de su campaña electoral. El investigado ha dejado poco margen de duda: ha dicho que Alvise le decía claramente en los mensajes que lo necesitaba para arrancar su promoción antes de las elecciones europeas, y que sabía que no era un trabajador de supermercado, que era una persona que se estaba postulando para un asiento en el Parlamento.
Cuando la defensa de Alvise ha tratado de reconducir el interrogatorio, señalando que el propio Romillo había dejado por escrito que él daba el dinero sin ninguna afección política, el juez le ha corregido: "Ya ha dejado claro que se lo dio sabiendo que no era trabajador del Lild".
El empresario de las criptomonedas ha explicado, además, que previamente se habían intercambiado otros 10.000 euros. Fue en marzo, un par de meses antes, pero fue más un trueque en el que supuestamente Romillo le dio el dinero en efectivo y a cambio se quedó con una wallet [un monedero virtual] con dinero del influencer. Después llegaron los 100.000.
Ha respondido tanto a preguntas del magistrado, como de la Fiscalía Anticorrupción que ha querido saber si había algún contrato previo de prestación de servicios. Negativo, no lo había.
Calama, por su parte, ha comenzado el interrogatorio preguntando cuál era el motivo de Romillo para haber interpuesto la denuncia contra Alvise que, al fin y al cabo, le incrimina en un delito. Él ha explicado que decidió hacerlo cuando las cuentas de su negicio en Portugal estuvieron intervenidas y el nombre de su chiringuito financiero comenzó a salir en prensa. Calama ha insistido en el porqué de una denuncia en la Fiscalía General del Estado y no en la Policía. Algunas fuentes del caso consideran que Romillo puede tener un pacto con el Ministerio Fiscal que implica señalar el delito de Alvise a cambio de rebajas en las penas de su causa por estafa.
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