El Pleno del Congreso ha acordado este jueves incorporar el impuesto a las entidades financieras al paquete fiscal del Gobierno, que ya tiene prácticamente garantizada su aprobación tras el acuerdo cerrado esta mañana entre PSOE y Podemos. La cámara ha incluido esta medida como una enmienda a la ley que regula el tipo mínimo para las multinacionales y el paquete fiscal del Gobierno, que todavía tiene que superar una votación final esta tarde en la que, salvo sorpresa, saldrá adelante.

El impuesto a la banca fue una de las medidas que quedaron pendientes de incorporar en la Comisión de Hacienda del lunes, pero que ahora rescata el Pleno en virtud del acuerdo cerrado por el Gobierno con ERC, Bildu y BNG. Este impuesto, que sustituye al gravamen extraordinario y que se concertará con las haciendas forales, gravará los márgenes y comisiones de las grandes entidades financieras con tipos progresivos entre el 1% y el 7% con dos deducciones, una de parte de la cuota del impuesto de sociedades y otra extraordinaria en caso de descenso de la rentabilidad.

También se incorporado una enmienda sobre la incompatibilidad entre la percepción de una pensión vitalicia por incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez y un trabajo que suponga darse de alta en la Seguridad Social, en cuyo caso se suspendería el pago de la pensión hasta que se produzca el cese en el trabajo, y otra sobre la rehabilitación de viviendas protegidas en Canarias.

Estas enmiendas se suman a las ya incorporadas el lunes en la Comisión de Hacienda, como la subida del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros, el gravamen a los vapeadores o la subida de la fiscalidad del diésel. En cambio, se ha quedado fuera de la ley la subida de la fiscalidad del diésel para equipararla a la de la gasolina y varias de las medidas pactadas entre PSOE y Sumar, como la supresión del régimen fiscal de las socimis o el impuesto a los bienes de lujo.

Acuerdo en el último momento

La aprobación de la transposición de la directiva del tipo mínimo y el paquete fiscal ha estado en el aire hasta el último momento debido a los vetos cruzados entre los socios del Gobierno, sobre todo en lo referente al impuesto a las grandes energéticas.

El Gobierno pactó con Junts que el gravamen energético desapareciera pero, después, acordó con ERC, Bildu y BNG mantenerlo un año más, aunque sin vulnerar el compromiso adquirido con Junts de que no afectara a las empresas que inviertan en descarbonización.

Podemos puso como condición para permitir la aprobación de todo el paquete que se garantizara el impuesto, una exigencia que finalmente se ha solventado con el compromiso de impulsar, entre todos los partidos que apoyarían la medida, un proyecto de ley que regule el futuro impuesto energético.