Pedro Sánchez llega este jueves, este 21 de noviembre, un año después de su segunda investidura, a uno de esos días vitales, de los que definen la suerte de la legislatura. Otro más. El pleno del Congreso vota el dictamen de su reforma fiscal, un plan que incluye tanto la trasposición de la directiva europea que implanta en España un tipo mínimo del 15% para las multinacionales como un conjunto de medidas tributarias pactadas con los socios, más a derecha que a izquierda. Pero el presidente y su Gobierno pueden culminar la escalada a ese nuevo ochomil con éxito o bien pueden patinar y rodar hasta la base de la montaña.

Todo depende de qué pasa con el impuesto a las energéticas. Si se halla una fórmula que cuadre el círculo: que permita la prórroga del tributo sin que castigue a las empresas que invierten en Cataluña. Un diseño que convenza a Podemos y que a la vez no aleje a Junts. Misión casi imposible.

El núcleo de la iniciativa es la trasposición de la directiva para un tipo mínimo del 15% para las multinacionales. De la aprobación del plan depende el desembolso de 7.200 M€ de los fondos europeos

El futuro del conjunto de la reforma fiscal depende ahora mismo de los morados. Del voto de sus cuatro diputados. Solo de ellos, porque los posconvergentes han confirmado su sí. Si los cuatro parlamentarios de Podemos apoyan el paquete fiscal, o incluso si se abstuvieran, concederían un oxígeno imprescindible al Ejecutivo. A ultimísima hora, como ocurre siempre en este mandato de vértigo y de tensión al límite, pero bastaría. Pero si no se mueven de su no, la posición que mantenían de manera numantina hasta ayer por la noche —como confirmó en la SER la exministra y eurodiputada Irene Montero—, infligirían una fortísima derrota a la coalición de PSOE y Sumar. Un golpe difícil de remontar. Primero, porque el Gobierno debería haber acoplado al ordenamiento jurídico la directiva europea antes del pasado 1 de enero así que, de decaer la iniciativa, tendría que afrontar sanciones de la UE. También porque se pondría en peligro el desembolso de unos 7.200 millones de fondos europeos. Pero sobre todo porque un golpe con un proyecto tan medular como la reforma fiscal arrojaría más que dudas sobre la viabilidad de las dos negociaciones siguientes, ambas igualmente trascendentales: las de la senda de estabilidad y los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

Todo va enlazado y por eso la votación de este jueves en el pleno de la Cámara baja tiene tanta relevancia y tanto simbolismo para la vida del Gobierno. Hasta ahora, como recordaban el martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y el propio Sánchez, la coalición ha ido salvando todas las bolas de partido importantes, ha esquivado todas las amenazas de muerte prematura. Los socios —básicamente, Junts— apretaban hasta el último momento, pero no llegaban a ahogar porque a todos, a la postre, les cohesiona más el enemigo exterior: la suma de la derecha y la ultraderecha, de PP y Vox. El Gobierno ha podido así sortear las dificultades de negociaciones extenuantes, con cesiones no siempre fácilmente explicables (y defendibles internamente), pero venciendo siempre las rivalidades y competencia dentro del propio bloque de investidura, de Junts y ERC, de PNV y Bildu, de Podemos y Sumar. La estrategia, mal que bien, le había funcionado. Pero este jueves llega a su primera gran prueba de resistencia. Podemos tiene la decisión en sus manos.

Hacienda busca equilibrar: mantener el impuesto a las energéticas y al mismo tiempo que no se grave a las que invierten en descarbonización, que son todas las grandes compañías

Lo que decantará la balanza, lo que determinará el voto de la formación de Ione Belarra, será lo que ocurra con el impuesto a las energéticas. El lunes, en un receso de la Comisión de Hacienda, el Gobierno cerró con ERC, Bildu y BNG la prórroga del tributo por un año, que se aprobaría por real decreto ley. Con ese acuerdo, el Ejecutivo se garantizaba el apoyo de los grupos de izquierda a su reforma fiscal. Pero faltaba una pata fundamental: Podemos, que no tiene asiento en la comisión —forma parte del Mixto, y en este órgano quien está representado es el BNG—, sí cuenta para el pleno. De hecho, una vez cerrado el acuerdo con los independentistas catalanes, vascos y gallegos, Hacienda estuvo fajándose durante hora y media más para intentar convencer a Podemos y mantener amarrada a Junts. No fue posible, porque los morados entienden que si no hay garantías de que los de Carles Puigdemont apoyan ese decreto ley, el pacto es "papel mojado", una "trampa". Esos contactos al máximo nivel retrasaron la reanudación de la comisión hasta las 00.40 del lunes al martes. El dictamen quedó aprobado por 20 votos a favor (PSOE, Sumar, PNV, Bildu, ERC, Junts y BNG) y 17 en contra (PP y Vox), y solo después, a la una de la mañana, Hacienda lanzó un comunicado en que aclaraba que mantenía su acuerdo con los posconvergentes para no gravar a las energéticas que inviertan en descarbonización.

1.164 millones recaudados en 2024

El PSOE lleva intentando desde entonces aproximar posturas entre Podemos y Junts. Sin éxito por el momento, aunque no se descarta que haya un nuevo giro en el último minuto, en el transcurso del mismo pleno. Igual que ocurrió el lunes en comisión. Es la esperanza que alimentan los socialistas y que albergaban este miércoles en el Gobierno. Pero aún no había señales positivas. Los morados mantenían en vilo al Ejecutivo.

La aritmética está muy ajustada para el Ejecutivo. Dado que CC apoya el texto, valdría la abstención de Podemos si Ábalos acude al pleno. Pero si el exministro falta, los morados tendrían que ir al 'sí'

Hacienda busca un equilibrio: mantener el impuesto a las eléctricas, pero con un rediseño que pueda aceptar Junts, que pone por delante que no se arruinen las inversiones de Repsol en Tarragona. Los posconvergentes están dispuestos a hablar del tributo, sí, pero siempre que no afecte a lo cerrado con el PSOE. Esto es, que no castigue a los proyectos de la petrolera en Cataluña. Dado que todas las grandes compañías energéticas invierten en descarbonización, la fórmula a la que da vueltas el Gobierno es la de incentivar ese abandono de los combustibles fósiles. Es decir, se trata de ver "cuánto" y "de qué manera" se penaliza por tanto a las eléctricas. En 2024, Hacienda ingresó 1.164 millones de euros por el gravamen extraordinario a las energéticas, y otros 1.695 millones por el impuesto a la banca. En total, 2.859 millones (2.908 en 2023, una cantidad muy similar).

Este miércoles, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reunieron con la líder de Podemos, Ione Belarra, e intercambiaron propuestas con ella, pero la reunión acabó sin acuerdo. Durante toda la jornada imperó el silencio. Una prudencia de los morados que los socialistas interpretaban como una buena señal. Pero una entrevista de Irene Montero por la noche en Hora 25, en la SER, dejaba claro que por ahora Podemos sigue en el no al paquete fiscal. Y sin el voto de sus cuatro diputados, no hay números para que salga adelante. La reforma solo puede quedar aprobada y caminar hacia el Senado si los de Belarra pasan al sí. Su abstención también sería suficiente, ya que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, apoya el texto, y es de esperar que también haga lo mismo el exministro socialista José Luis Ábalos, si es que acude al pleno del jueves. Ahora mismo, el sí tiene 175 votos teóricos —PSOE (120), Sumar (27), ERC (7), Junts (7), Bildu (6), PNV (5), CC (1), BNG (1) y Ábalos—, por los 175 del no —PP (137), Vox (33), UPN (1) y Podemos (4)—. Si el empate se repite tres veces consecutivas, la iniciativa decae, como impone el reglamento del Congreso. Si el exministro se ausenta del pleno, la aritmética se complica para el Ejecutivo, porque no valdría con la abstención de Podemos: perderían los 174 síes frente a los 175 noes.

Las condiciones para que Podemos cambie de posición no se dan, según explicó Montero: "Si mañana [por este jueves] nos están haciendo presión, junto con otras formaciones políticas, para que votemos a favor es porque ellos dicen que se va a mantener el impuesto a las energéticas en los términos pactados con ERC y Bildu [y BNG], cuando a nosotras [los socialistas] nos están diciendo que Junts no va a dar sus votos para eso". La exministra explicó que el PSOE les confesó que el acuerdo con los grupos de izquierda "es mentira, no se va a hacer".

El PSOE está tomándole el pelo a la gente, para salvar una votación están haciendo creer que va a ser posible un impuesto a las energéticas cuando saben de sobra que Junts no lo va a votar", subraya Montero

"El PSOE está tomándole el pelo a la gente —denunció Montero—, están haciendo creer, para salvar una votación, que va a ser posible tener un impuesto a las energéticas cuando saben de sobra que Junts no lo va a votar". Y lo que no entiende es por qué "en este país se tiene que hacer" lo que digan los posconvergentes, "cuando además representan los intereses de las empresas más contaminantes, y en concreto de Repsol, y lo mismo para el PNV", cuando "solo en 2023 estas compañías ganaron, "en beneficios, 10.500 millones de euros", así que "este gravamen se podría hasta duplicar" para que contribuyan a la lucha contra la emergencia climática. El impuesto, insistió, "está funcionando".

Farol o pulso

En Hacienda, mientras, defendían que conviene esperar hasta que avance el pleno del jueves, porque al final los grupos se han acostumbrado a desenlazar las negociaciones "en el último minuto". Y subrayaban que "no tiene sentido votar en contra" de la reforma fiscal, que es "estrambótico" dejarla caer solo porque no sale adelante el impuesto a las energéticas que, tal y como lo concibe Podemos, "no tiene los votos suficientes".

Los socialistas entienden que hay otra razón de peso para que los morados abandonen el no: las consecuencias políticas que tendría dejar caer el paquete tributario. Sería un golpe profundísimo al Ejecutivo, que empañaría el camino hacia los ansiados Presupuestos de 2025. "No tienen incentivos reales para tumbar al Gobierno, es lo que queremos pensar", sostienen en la dirección del Grupo Socialista.

Montero y Bolaños se reunieron con Belarra para intentar convencerla e intercambiar propuestas. También socios como ERC presionan para que los morados viren y apoyen la reforma fiscal

Los socios progresistas, por su parte, también presionan a los morados para que cedan, para que entiendan que su posición de máximos es imposible de alcanzar porque la composición del bloque de investidura es la que es, y en él hay que contar con las derechas de PNV y Junts. ERC, dijo su portavoz, Gabriel Rufián, está "intentando hablar" con los de Belarra. "Yo me siento muy orgulloso de las vías de comunicación que tenemos con ellos y ellas y esperemos que estén en esto también", contó ante los medios en los pasillos del Congreso. "Es Podemos quien tiene que tomar sus decisiones. Nosotros ya hemos tomado la nuestra", señaló la jefa de Bildu en Madrid, Mertxe Aizpurua. En Sumar, apuntó Enrique Santiago, esperan que "salga adelante un sistema fiscal que sea progresivo y que grave con impuestos directos para que los que más tienen, más paguen". "Ese es nuestro trabajo y nuestra intención", resolvió, informa Europa Press.

Lo cierto es que la reforma aprobada el lunes en comisión es de mínimos: salieron adelante medidas como subir dos puntos el IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros (del 28% al 30%), gravar los vapeares y los tributos del tabaco, modificar el impuesto de sociedades para compensar la anulación que el Tribunal Constitucional hizo de las reformas de Cristóbal Montoro (PP), revisión de normas para atajar el fraude en el sector de los hidrocarburos, bajar progresivamente el impuesto de sociedades para las empresas que facturan menos de un millón de euros y para las cooperativas o impulsar la modificación de la directiva europea del IVA para que se pueda gravar los pisos turísticos. Quedaron fuera el impuesto a la banca —aunque se intentará recuperar en el pleno de este jueves, en virtud del acuerdo con ERC, Bildu y BNG—, la subida del diésel, gravar los seguros sanitarios privados, eliminar el régimen fiscal de las socimis o el IVA del 21% para las viviendas turísticas.

El pleno tratará de recuperar el impuesto a la banca con el apoyo de ERC, Bildu y BNG, y otras medidas como la subida al diésel. "Han copiado a Junts la manera de condicionar, de negociar", afean a Podemos desde uno de los socios de izquierdas

El pleno votará, de hecho, algunas de las enmiendas que los grupos dejaron vivas y también las dos transaccionales que decayeron por falta de apoyos, como la que firmaron PSOE, Sumar y Junts, más exigente con la banca que la propuesta original de socialistas y posconvergentes.

Pero más allá de los cambios que se aprueben, el foco estará en Podemos. Solo en ellos. Y su actitud también empieza a cabrear a algunos de los socios. "Estamos un poco hartos. Han copiado a Junts la manera de condicionar, de negociar. ¿Al resto nos engañan y ellos son los listos? Pero no me fío ni me creo nada. Están en modo pressing. Ellos este jueves pueden vender que han conseguido la garantía para que no engañen al resto, que son los salvadores", apunta un diputado de un partido progresista aliado del Ejecutivo de coalición. Eso es lo que se descubrirá en el hemiciclo. Si era pura estrategia y Podemos iba de farol o bien si lleva su pulso hasta el final. Y si es esta última opción, la tormenta para el Gobierno será gigantesca.