Otra vez sobre la bocina. Pero acuerdo al fin y al cabo. El Ejecutivo salva in extremis su paquete fiscal con un pacto a última hora con Podemos. Los morados se comprometen a apoyar la reforma tributaria del Gobierno y a cambio impulsarán con el PSOE una nueva proposición de ley que contenga el impuesto a las empresas energéticas que para ellos era clave e imprescindible. Para ello, se constituirá una comisión negociadora en la que participarán todos los socios de investidura para conseguir así el "consenso necesario para aprobar" el gravamen. Pero si no fuera posible lograr ese acuerdo global antes del 31 de diciembre, el Ejecutivo aprobará un real decreto ley con la prórroga del impuesto a las eléctricas para el año 2025. Un texto para el que tampoco estarían garantizados ahora mismo los apoyos necesarios, y en particular de Junts. Los morados, por su parte, asumen el contenido del comunicado que lanzó el Ministerio de Hacienda en la madrugada del lunes al martes: el gravamen será "compatible con no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización", que era la condición que ponían los posconvergentes.

Con el acuerdo alcanzado este jueves, y adelantado por los morados al filo de las 13 horas, concluyen con éxito para el Gobierno las durísimas negociaciones que había mantenido durante semanas para su reforma fiscal y que tenían como último frente el convencer a la formación de Ione Belarra. Los votos de los cuatro diputados de Podemos eran imprescindibles para que el plan tributario del Gobierno —colgado de la trasposición de la directiva europea para fijar un tipo mínimo del 15% para las grandes multinacionales—, y por eso el Ejecutivo se empleó a fondo desde el lunes en atraerlos. El diálogo con Belarra ha descansado en la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Podemos lanzó el comunicado por el que anunciaba el acuerdo apenas unos segundos después de que su líder, la exministra Belarra, bajara de la tribuna del Congreso para defender su posición e insistir en su demanda clave: prorrogar el impuesto a las energéticas, por el que en 2024 Hacienda recaudó 1.164 millones de euros.

El mantenimiento de ese gravamen es, lógicamente, el corazón del acuerdo de PSOE y Podemos. Pero no es fácil ver las diferencias del pacto al que llegó el Gobierno con ERC, Bildu y BNG el lunes en la caótica sesión de la Comisión de Hacienda. Ya entonces los socialistas se comprometieron a prorrogar el gravamen por un año vía real decreto ley, pero Belarra se opuso a esa fórmula porque no estaban garantizados los votos de Junts, así que ese acuerdo era, decía, una mera "trampa", "papel mojado".

Para que la propuesta salga adelante, serán igualmente necesarios los votos de Junts, que siguen sin estar garantizados ahora mismo

Ahora, tras horas y horas de negociación con Podemos, y tras alcanzarse el acuerdo, los votos de Junts siguen sin estar por delante. Lo que enuncia el pacto es el citado compromiso de impulsar vía proposición de ley ese impuesto. Texto que será el resultado de una comisión negociadora en la que se sienten todos los grupos aliados del Ejecutivo. Pero si el consenso no llega, y no será fácil, entonces el Ejecutivo aprobará la prórroga del gravamen a las energéticas para 2025 vía real decreto ley, que habrá de ser convalidado en el plazo de un mes por el Congreso.

Podemos asume la condición de Junts de que ese impuesto sea compatible con "no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización, en línea con el comunicado publicado por el Ministerio de Hacienda el lunes 18 de noviembre". "La complejidad técnica de este impuesto y la necesidad de hacer un análisis riguroso de esta figura tributaria hace necesario seguir trabajando con los grupos para la justa contribución de este sector", finaliza el comunicado de los morados. Y es que hoy en día las eléctricas invierten en descarbonización, por lo que se trataría de encontrar una formulación que vaciase de sentido el gravamen.

Podemos asume la condición de Junts de que ese impuesto sea compatible con "no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización"

Previamente al comunicado de Podemos, Belarra reprochó a sus socios haber tejido la reforma fiscal "por la puerta de atrás" y sin consenso previo con sus aliados de izquierda, con los que están "a favor de que paguen más los que más tienen". "La derecha ha demostrado una capacidad negociadora muy fuerte", admitió Belarra, que les acusó de estar respaldados por el apoyo de energéticas como Repsol. Hubo un llamamiento de la dirigente morada a cambiar la estrategia y a que el PSOE no dé por hecho que cualquier medida que incluya avances progresistas será asumida directamente por las fuerzas de izquierda.

"Lo que se está planteando hoy no es bueno para España", apreció, a la vez que describió que el momento exige ese impuesto a las energéticas. "El año pasado ganaron 10.500 millones y pagaron 1.200 millones por el impuesto extraordinario. Este año se prevén 13.000 millones. Que no paguen nada va contra el sentido común". Podemos logró el compromiso del Ejecutivo, sí, pero lo que sigue sin quedar claro es si la medida tendrá los votos necesarios para ser prorrogada. Lo confirmó, de hecho, la portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras: "La realidad es que lo único que se aprobará hoy es el acuerdo de Junts [con el PSOE]. El resto de acuerdos, si se acaban materializando o no, los valoraremos".

La vicepresidenta Montero, en los pasillos del Congreso, felicitó a todos los grupos por su capacidad para negociar y aseguró que confía en el diálogo para llegar a consensuar esta ley nueva de prórroga del gravamen energético antes del 31 de diciembre.

La realidad es que lo único que se aprobará hoy es el acuerdo de Junts [con el PSOE]. El resto de acuerdos, si se acaban materializando o no, los valoraremos", zanja la portavoz posconvergente, Míriam Nogueras

Sobre las dos de la tarde, se votaron las enmiendas en el pleno, y con los votos de los socios ya se recuperó el impuesto a la banca, según el diseño pactado por PSOE, Junts y Sumar en su enmienda transaccional presentada el pasado lunes, más exigente que la original de socialistas y posconvergentes. A falta de la votación del dictamen, por la tarde, el Gobierno consigue un importante oxígeno —más aún, en un día sumamente complicado por la declaración del presunto cabecilla de la trama corrupta que anidaba en el Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama— y saca adelante su paquete fiscal, con la trasposición de la directiva europea, a la que España ya llegaba tarde.