Segundo asalto entre Podemos y el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar a cuenta del pacto fiscal que este jueves se vota en el Congreso. Los de Ione Belarra vuelven a poner en un serio aprieto a socialistas y magentas este año, y hay posibilidad de que, como ocurrió en enero, hagan caer otra propuesta derivada del Consejo de Ministros. En el caso anterior, se trató de la reforma del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, a la que Junts se abstuvo in extremis antes de la votación a cambio de cesiones en materia inmigratoria. Pero que Podemos rechazó por considerarlo un retroceso en derechos sociales. Tuvieron que pasar los meses para que Trabajo, de donde emanaba la modificación, asumiese las exigencias de los morados. Ahora se esgrime el mismo argumento frente a la reforma fiscal limitada que se propone: no tolerarán retrocesos sociales.

Ese retroceso es el impuesto a las energéticas que, por petición de Junts y PNV, ha quedado fuera del acuerdo fiscal. Para no perjudicar inversiones en Cataluña y Euskadi. La demanda contraria la hicieron el lunes en la Comisión de Hacienda ERC, EH Bildu y el BNG, con quien María Jesús Montero, la titular de la materia y vicepresidenta primera, acordó reimplantar el impuesto durante un año mediante decreto. Al ofrecer una cosa y la contraria, Podemos se niega a participar, porque cree que la atención a las demandas de la derecha nacionalista antes que la de los socios de izquierda, auguran que la promesa quedará en "papel mojado". "No hay suma posible", concretan.

Para darle la vuelta, el Gobierno busca una cesión temporal con PNV y Junts limitando el impuesto a quien no apueste por la descarbonización, sin respuesta de ellos, Podemos por su parte se niega a jugar con medias tintas. Por el momento, están "más cerca del no" que de una abstención por la que pujan Montero y el ministro Félix Bolaños como interlocutores de una negociación que sigue abierta. Aunque fuentes de ERC apuntan a que puede terminar habiendo una cesión. Gabriel Rufián reconoció en pleno que hay conversaciones abiertas con ellos.

Este miércoles los morados mantuvieron un perfil bajo en el Congreso de los Diputados, con esos canales de fondo abiertos. Pero sí se mantuvieron activos mediáticamente para allanar el camino por si fracasa el diálogo con el PSOE. "No nos va a temblar la mano [para votar en contra] si vemos que se pone en peligro el impuesto a las energéticas", dijo la diputada Noemí Santana en Canal Red, reprochando que el PSOE vaya a rodillo sin negociar antes con todos los actores, especialmente los de izquierda antes que con Junts. Considerando que, por incluirse otras "mejoras de servicios sociales", van a atar sus apoyos. Por la mañana, antes de citarse con Bolaños, Belarra denunció los "beneficios extraordinarios" de empresas como Repsol, justificando la necesidad de mantener el gravamen. Estas son las claves:

Dictamen rebajado en Comisión

El pacto fiscal propuesto por el Gobierno se ha vehiculado sobre el proyecto de ley que traspone una directiva europea [con retraso, debería haberse aplicado antes del 31 de diciembre de 2023, lo que ha supuesto una denuncia europea ante el TJUE] para aplicar un 15% de impuestos a las grandes sociedades. Como antesala a la senda de déficit y los Presupuestos, que peligran, Moncloa quiso aprovechar la oportunidad para desarrollar una reforma vía enmiendas que no ha llegado en su totalidad a buen puerto. El reproche de Podemos, por no negociar previamente con todos los socios, es generalizado en la izquierda, incluido en Sumar.

De lo propuesto por socialistas y magentas, en la Comisión de Hacienda del lunes se aprobó:

  • Subir a las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros dos puntos [del 28% al 30%].
  • Gravar los vapeadores y aumentar el del tabaco.
  • Cambiar la normativa para combatir el fraude fiscal en el sector de hidrocarburos.
  • Rebajar progresivamente el impuesto de sociedades para las empresas que facturen menos de un millón de euros y para las cooperativas.
  • Bajadas de impuestos a pymes y micropymes [del 25% al 20% en 2029 y del 23% al 20% para las micropymes en 2027, y un tramo reducido del 17% para 2027].
  • Un tratamiento fiscal especial para los artistas o monitores de clubes deportivos.
  • Deducciones del IRPF en Euskadi para la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética ligada a los fondos de Recuperación europeos.
  • Reforma que recupera la anulación del TC a la reforma de 2016 del Impuesto de Sociedades para limitar deducciones y las compensaciones de pérdidas de empresas con facturaciones superiores a 20 millones.

La exigencia para votar a favor de PNV y Junts fue la retirada de ese impuesto energético, lo que dejó en minoría temporalmente al Gobierno. Precisamente, recuperarlo por real decreto durante un año, fue la moneda de cambio con ERC, EH Bildu y BNG —los únicos socios progresistas representados en esa comisión— para ganar tiempo. Se requerirá convalidación en el Congreso una vez llegue, en periodo no mayor a un mes. Sobre ese pacto ERC intenta tirar de Podemos. El Gobierno intenta ganarse por su parte el plácet de la derecha en una ecuación muy complicada que busca tiempo para no acrecentar la inestabilidad.

Enmiendas vivas que pueden complementar el texto

El lunes se rechazó buena parte del pacto previo de PSOE y Sumar, por los vetos cruzados entre los socios. No obstante, esas enmiendas quedan 'vivas', es decir, pueden volver a plantearse en el pleno e incorporar al dictamen mencionado. Se votarán individualmente, como tercer punto del día tras el Informe del Defensor del Pueblo y la convalidación del primer paquete de ayudas a la DANA. Se hará de forma independientemente al dictamen, algo que se abordará al final. Son cuestiones no menores:

  • El impuesto a la banca se une al energético en lo que a relevancia se refiere. Hay un compromiso de apoyo de los socios. Pero está por ver la fórmula, si mediante una enmienda transaccional presentada por el PSOE en comisión, o en los términos por los que apostaban los socialistas desde el principio: elevaban a un 7% el tramo para los márgenes superiores a 5.000 millones de euros y trasladar la recaudación a las autonomías.
  • Impuesto al diésel para igualar la fiscalidad del gasóleo y la gasolina.
  • Imponer un 8% de impuesto sobre las pólizas seguros sanitarios privados.
  • Terminar con el régimen fiscal aventajado de las sociedades inmobiliarias (SOCIMI). Tanto esta como la anterior, pactada entre Sumar y el PSOE, terminó con el voto negativo de los socialistas. El descontento entre los de Yolanda Díaz es palpable, aunque no quieren abrir otra crisis interna.
  • Impulsar un cambio de IVA, al 21%, para los pisos turísticos. No se espera el voto favorable de Junts y el PNV, que lo rechazaron con PP y Vox.
  • Suspender una pensión por alta incapacidad cuando el pensionista pueda trabajar en una actividad que le exija alta en la Seguridad Social. Sumar se negó junto a PP y Vox. Junto al impuesto a la banca, y previsto el compromiso energético del Gobierno, ésta medida tiene margen de salida si ERC pasa de la abstención al sí. La de pisos turísticos o las socimis será muy complicado.

Los equilibrios para la votación y la expectación con Podemos

Después de la votación de esas enmiendas vivas, que pueden aplicarse o no, continuará el pleno con otros puntos del día como el debate a la totalidad de la Ley para la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Y, por último, se abordará el veto del Senado a la ley del régimen foral de Navarra respecto a las competencias de Tráfico. Se estima que el pleno abordará todas las votaciones a las cuatro de la tarde, incluida la del dictamen que salga tras la inclusión o no de enmiendas.

¿Qué balance de fuerzas tiene el Gobierno para esa votación final? La votación será de infarto, porque no podrá fallar ninguno de los socios. Cualquier cambio repentino, podría suponer que quedase disuelto el trámite. PSOE y Sumar parten de la base de 147 diputados. Contando con los socios comprometidos a cambio del compromiso de la tasa energética, se añaden siete votos de ERC, seis de EH Bildu, y uno de BNG. Con los siete de Junts y los cinco del PNV, las cuentas del Ejecutivo son de 173. Se añadirá el voto de Coalición Canaria para ascenderlo a 174. Si acude José Luís Abalos, llegarán a 175. Aquí entra en escena Podemos, con cuatro parlamentarios. Con el voto contrario de PP (137), Vox (33) y UPN (1), la derecha no nacionalista cuenta con 171 apoyos. Si Podemos se abstiene, no se obstaculizará la reforma fiscal, arrancando una victoria por tres votos. Si votan afirmativamente, elevarán a 179 el respaldo al Gobierno. Pero si los de Belarra se niegan puede haber dos escenarios malos: que gane el no con la derecha o que haya un empate que reiterado en tres votaciones haga decaer el proyecto como estipula el Reglamento.

¿Qué pasa si decae el texto completo?

Si no se aprueba, el Gobierno tendrá que buscar otros cauces para sacar adelante esos compromisos adoptados entre sí mismo, materializados inicialmente en el dictamen, pero también el de las energéticas. De lo contrario, la desconfianza entre socios de la izquierda se acrecentará y a Sánchez le será muy complicado avanzar a cuestiones como los Presupuestos. Sin ellos, cruciales para asuntos como la respuesta a la DANA, que impactará en el déficit, o sin el respaldo de la izquierda, será imposible extender más la legislatura. Fuentes parlamentarias de Sumar, por su parte, dan por asegurada la trasposición de la directiva europea, de la que dependen, además, la llegada de 6.500 millones de fondos europeos. Podría elevarse a 7.200 entre transferencias y créditos. La volverán a presentar, aseguran.

Entre votaciones propias, victorias del PP con mayorías alternativas que pasaron por Junts u otros actores, así como votaciones menores, en comisión, PSOE y Sumar arrastran más de 50 votaciones perdidas en el Congreso. Fuentes socialistas de la Cámara apuntan a que las relaciones no están más tensionadas de lo común, solo que, a diferencia de otras negociaciones, la imagen dada ha sido pública. Desde el PSOE ensalzan que han aprobado prácticamente la totalidad de leyes propias presentadas, sin contar los éxitos de los populares. Son una docena de leyes, entre las que se incluyen cuestionen que están en tramitación, que aumentan la cifra a 17.