Silencio público y discreción en Vox tras el amago de moción de censura de Alberto Núñez Feijóo este jueves en el Congreso de los Diputados. Una moción en apariencia, en todo caso, dado que el dirigente popular no se refirió a ello como tal, simplemente hizo un llamamiento a los socios del Gobierno en una jornada difícil para el PSOE. "Yo no tengo los votos, pero si alguno de los socios quiere acabar con esto estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país", dijo el popular desde el Escritorio de la Cámara Baja, aledaño al pasillo del hemiciclo. Un mensaje claro a partidos como Junts o PNV, de perfil más conservador, y obviando a EH Bildu, fundamentado tras la larga declaración del empresario y aparente cabecilla de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ante la Audiencia Nacional.

En buena parte de ella implicó en actividades delictivas o reprochables a Sánchez, a las vicepresidentas primera y tercera María Jesús Montero y Teresa Ribera o a los ministros Ángel Víctor Torres [durante su etapa como presidente de Canarias] o el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Entre otras afirmaciones contundentes, que agitan las aguas al Gobierno y los socialistas, aunque desde ambos ámbitos tanto el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y Santos Cerdán, el secretario de Organización, desmienten todas las acusaciones y anticipan acciones judiciales. Fuentes de Ferraz acredita que se actuará con contundencia.

La reacción a esas declaraciones por parte de Vox, en todo caso, se han centrado en el anuncio de que pedirán en la Audiencia Nacional, donde son acusación particular de la investigación de la causa Delorme que lidera Ismael Moreno, la imputación de Sánchez. "Quien aparece como número 1 de una trama criminal y corrupta no puede seguir al frente de ningún Gobierno. Estamos ante una trama de tráfico de influencias para conceder favores de forma ilegal a miembros del Gobierno. Sánchez podrá hacer todas las giras internacionales que quiera que antes o después acabará sentado ante el banquillo de los acusados", dijo por la mañana Pepa Millán, la portavoz del Congreso, al trasladar ese deseo de imputaciones.

Consultadas fuentes nacionales de Vox sobre las palabras de Feijóo, éstas no ven planteada como tal una moción de censura. Tampoco una invitación directa al partido para proceder en ello, con una convocatoria que sería la tercera desde 2020 contra Sánchez, tras las dos presentadas por los de Santiago Abascal [la primera con él al frente y la segunda con Ramón Tamames, como candidato independiente]. Se recalca a El Independiente que Feijóo "sólo se ha dirigido a los socios de Sánchez" en el Congreso, entre los que se encuentran el propio Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV o BNG. Se puede incluir a Coalición Canaria, aunque no vota asiduamente con los socialistas todo lo que se presenta. Ayer sí apoyaron el paquete fiscal presentado.

Vox atribuye el amago de moción de censura a un intento de desviar la atención del PP por fracasar el veto a Ribera en la UE

"Estaría bien que si realmente quieren esa moción, hablen con nosotros antes", apuntan esas fuentes nacionales. Otras fuentes, también de índole nacional de la agrupación ultraconservadora ven a Feijóo en búsqueda de un nuevo foco para descargar la atención del frente abierto respecto a la elección de Ribera como vicepresidenta de Transición Justa, Limpia y Competitiva, y comisaria europea de Competencia. "El PP, pepeando. Han perdido el control del relato de oposición al no conseguir nada del EPP ni de [Ursula] von der Leyen en lo que se refiere a Ribera". Ante la ausencia de llamadas a Vox, y la falta de un planteamiento firme, desde Vox sentencian que "parece que sólo buscan un titular".

Dos exigencias cruciales para Feijóo

Además de hablar con ellos, Vox exige dos condiciones indiscutibles para arrancarles su apoyo para una moción. Recalcan la misma fórmula desde parlamentarios hasta figuras nacionales. De hecho, éstas ya fueron puestas sobre la mesa por Bambú el mes pasado, después del 12 de octubre, cuando Feijóo no veía viable una moción por el rechazo del PNV. La primera es que el objetivo no sea quedarse en el Gobierno, como hizo Sánchez después de la moción a Mariano Rajoy en junio de 2018. Se demanda la declaración inmediata de elecciones generales. No se precisa si optarían por apoyar a Feijóo como candidato o se apostaría por una personalidad independiente, como se hizo con Tamames en 2023.

La segunda exigencia es la más complicada: no ceder nada a Junts. A los posconvergentes Vox los ven más alineados con una posible propuesta, dado que la fuerza jeltzale comparte en Euskadi el Gobierno en coalición con el PSE-PSOE. Asimismo, vienen dejando claro que no quieren pactar nada con Vox, un partido que busca su ilegalización como la de otras fuerzas independentistas o separatistas.

La izquierda queda descartada desde el minuto uno. Sorprende que aquí sí haya una posibilidad de acercamiento cuando en la Comunidad Valenciana se rechaza colaborar con el nacionalismo para echar a Carlos Mazón después de la DANA. Aunque hay que precisar que hay un interés de condicionar los presupuestos de 2025 del PP valenciano. De partida, sería complicado convencer a Junts de dinamitar un Gobierno que atiende a sus exigencias forzadamente por estar en minoría parlamentaria, para ir a unas nuevas elecciones en las que pese a mantener su influencia o crecer, pueden no ser decisivos. Más sin capacidad de condicionar a Salvador Illa en la Generalitat y solo con peso político a nivel municipal.

Los principales rivales autonómicos de Junts, ERC, alientan la posibilidad de que se presten, en cambio, a derrocar a Sánchez. Este miércoles, en el Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián afirmó que ve "absolutamente" posible que eso se produzca. "En enero de este año le dije al señor Feijóo que sería presidente por acción u omisión de Junts. Creo que Vox es un actor que costará [a Junts] blanquear en Cataluña, pero ya hace meses que vota con PP y Vox". A los republicanos, en todo caso, les interesa, por la competencia electoral existente en la franja independentista catalana, generar el mayor rechazo posible hacia las siglas de Carles Puigdemont.

Cuando el tema se abrió el mes pasado, la expresidenta Laura Borrás abrió y cerró esa posibilidad rápidamente, escudándose en un error de interpretación. Posteriormente, uno de los tres vicepresidentes de la entidad, Antoni Castellà aseguró que para que ese acuerdo se produjese, "el PP tendría que dar un giro de 180 grados". Lo que sí dejan claro que ni están con Sánchez ni con Feijóo, dado que sus votos se deben negociar "pieza a pieza", aclaró el secretario general, Jordi Turrull a principios de mes.

Las cuentas para una moción

El PP partiría con una suma de 137 escaños de su grupo parlamentario. Podrá contar con el único de Unión del Pueblo Navarro, y si llegase a un acuerdo con Vox, se añadirían 33 que regularmente marcan el voto contrario a las iniciativas que traen Gobierno y socios al Congreso, con 171 diputados. De contar con PNV, se alcanzaría exactamente esos 176. 178 con los posconvergentes. De formularse con la intención de convocar elecciones, permitiría no trasladar la imagen de pacto múltiple a PNV y Junts, en todo caso, algo que no perjudicaría tanto a su imagen como sí lo haría el sostenimiento del PP con Vox.

Que la situación interna entre socios no es la más cómoda con el PSOE, tanto por el tema de la presunta corrupción, como con las dificultades y contradicciones que se están dando entre socios a la hora de sacar adelante iniciativas legislativas, es un hecho. El desgaste puede afectar a los Presupuestos, que requieren aún de negociación, y dejar tocado a Sánchez de cara al próximo año, con asuntos como la DANA de fondo. El PP, en todo caso, no ha expresado explícitamente su deseo de moción porque es consciente de que la dependencia por intereses a Sánchez por parte de esos socios sigue fuerte, y que le será prácticamente atar más apoyos parlamentarios que esos 171 ya establecidos.

El partido promovió y participó por la tarde, a las 20 horas, una protesta frente a la sede nacional del PSOE bajo el lema "¡Echemos a Sánchez!". La presencia en la calle es de nuevo, tras la aprobación de la amnistía, un eje crucial en la recuperación política del partido. Ya participaron en Plaza Castilla el 20 de octubre, donde coincidió con una delegación del PP, aunque de segunda fila. Feijóo evita de momento volver a la calle como el año pasado.