Cambio de planes en Génova. En este cierre de semana el PP ha optado por una maniobra clave en la comunicación política: cambiar de marco si la coyuntura lo permite. El fracaso de la ofensiva contra la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, para evitar su designación como Comisaria Europea, además, con el agravio de votar en contra en solitario respecto al resto de socios populares europeos, ha llevado a los de Alberto Núñez Feijóo a focalizarse de nuevo en el caso Koldo y en la figura del empresario Víctor de Aldama ante las novedades tras su declaración en la Audiencia Nacional. En ella, apuntó directamente a Pedro Sánchez y algunos de sus ministros. La atención a ello ha tenido altibajos en la legislatura, junto al caso de Begoña Gómez.

Entre otros, De Aldama mencionó que el presidente del Gobierno solicitó el nombramiento de Koldo García como asesor de José Luis Ábalos; que estaba al tanto de la llegada de Delcy Rodriguez a España y que planeó una cena con las vicepresidentas María Jesús Montero, Ribera y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. También que la foto entre ambos en un mitin fue buscada por Sánchez para conocerle. Y declaró sucesivas mordidas a figuras como Ábalos o el ministro Ángel Víctor Torres, en su momento presidente de Canarias. También para Santos Cerdán, secretario de Organización socialista. Desde cifras de 50.000 euros para el ministro, pasando por 15.000 para Cerdán hasta 450.000 en el caso de Ábalos. Acusaciones que De Aldama se ha comprometido a probar y a las que el PSOE va a responder jurídicamente por considerarlas calumnias y una forma de obtener la libertad provisional.

La respuesta del PP ha vuelto a ser un amago de moción de censura. Ya en octubre abrió el melón, pero certificando que el PNV, como ahora, no estaría por la labor. En este caso, Feijóo lanzó de seguido a las declaraciones de De Aldama un mensaje a los socios, especialmente a los nacionalistas vascos, y a Junts: "Estoy a su disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país". Un anuncio en la que se evita tachar de moción el asunto, pero todo queda puesto encima de la mesa. Los números, sin uno de esos dos grupos mencionados, no tiene márgenes de salir adelante. Eso en Génova lo saben, de ahí simplemente puesta la disposición. Si depende del PP, sin mayoría sólida, no se presentará. Para partidos como Vox, cruciales para que salga con sus 33 diputados y el actor que más disuena a jeltzale o posconvergentes por sus pretensiones antinacionalistas, eso es "una estafa".

Si no se contempla abonar la moción de censura, ¿entonces cuál es el plan? Internamente, entre las filas populares, es complicado dilucidar un horizonte estratégico claro. Mientras parte aboga por mantener silencio o acreditar que lo desconocen, aquellos más ligados a la cúpula de la formación establecen un camino: la presión permanente a los socios por decidir sostener a Sánchez en estos momentos. Aunque el sostenimiento de esa misma presión sean solo las declaraciones del empresario, sí sumado a cuestiones acreditadas por la UCO en sus investigaciones como la atribución de 'el 1' a Sánchez en conversaciones privadas de De Aldama con otros miembros de la trama en pleno rescate de Air Europa. Eso el PP lo utiliza para vincularlo directamente con el caso. Se considera que las declaraciones del empresario "avalan muchas informaciones periodísticas" publicadas.

Hacia esa presión de los populares focalizó en todo caso ya este viernes por primera vez la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Ésta apuntó que con sus votos [un marco que apela directamente al PNV] los socios "están avalando con sus votos la corrupción". La clave más importante para la dos del PP es si estos partidos pretenden seguir manteniendo el apoyo después de lo conocido por De Aldama. La presión, en todo caso, ya lleva ejerciéndose desde febrero cuando se destapó el asunto y el PP dio el paso para ser acusación popular. Con distintos altibajos dependiendo de las variaciones de temas y con hasta tres elecciones de por medio. No hay un mecanismo novedoso mediante el que implementarla. De momento, ni si quiera se estaría planteando replicar las salidas a la calle como se hicieron el año pasado en contra de la amnistía.

Si el Gobierno no cumple con sus socios de izquierdas y legisla con éxito el impuesto energético prometido esta semana, será complicado reconciliar a las partes

En las próximas semanas el Gobierno deberá ponerse a negociar la senda de déficit como antesala a los Presupuestos Generales del Estado. El nivel de desgaste será elevado para a los socios y habrá que ver si son posibles legislarlos. De no hacerlo, y con cuestiones como la reconstrucción posterior a la DANA de por medio, Sánchez tendrá complicado continuar al frente del Ejecutivo. Más si no se cumple una promesa fiscal fundamental con los socios de la izquierda, incluido con Podemos, como es prolongar durante un año el impuesto a las energéticas, para lo que siguen sin dar los números por el rechazo de PNV y Junts. De no hacerse, el PSOE quedará en una posición muy frágil. Sobre ese escenario, una presión extra desde la oposición podría facilitar un adelanto de elecciones generales, momento esencial para el PP. Fuentes de la formación dan por hecho que hasta que eso se produzca Sánchez está protegido.

En parte, la estrategia de cuestionar la corrupción busca generar incongruencias internas en aliados como el PNV, que precisamente se escudó en ella para dejar caer mediante una moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018. La insistencia en el asunto ha hecho al PP, además, escalar en las estimaciones electorales desde las últimas generales de mediados de 2023. La mayoría de sondeos le dan por encima de los 140 escaños y mayoritariamente certifican la posibilidad de que haya gobierno con Vox por mayoría. La última semana, asciende a entre 141 y 145 de mínima con Vox manteniéndose e incluso volviendo a superar los 50 escaños para GAD3. Habría capacidad de mayoría absoluta.

Socios como ERC, ante las declaraciones de De Aldama, se muestran prudentes. El portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, declaró el jueves que "si el PSOE al final acaba teniendo responsabilidades en esto, evidentemente nosotros seremos los más duros", puntualizó Rufián, aunque apoyándose en la tesis de los socialistas de que las afirmaciones de De Aldama son falsas. Sumar, en palabras del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, insiste en la necesidad de que De Aldama demuestre lo expresado. Silencio en otros grupos como PNV, Podemos o Junts.

Exigencia de explicaciones sin más pasos judiciales

El PP no plantea, por ahora, recorrer de nuevo la vía judicial tras la querella presentada contra el PSOE en la Audiencia Nacional y ya rechazada y archivada. Como trasladaron en este cierre de semana los portavoces nacional y parlamentario en el Congreso, Borja Sémper y Miguel Tellado, el momento del partido pasa por la exigencia de explicaciones al Gobierno. Unas explicaciones que llevan, además, reclamándose desde que saltase la investigación públicamente y que se han limitado a lo expresado por algunos de los actores relacionados con la trama en las comisiones de investigación del Congreso y el Senado. No por parte de figuras como Sánchez.

"Llevamos mucho tiempo actuando con responsabilidad y con serenidad. Lo primero que tenemos que hacer es pedir explicaciones al Gobierno, pero no nos responde. No descargamos ningún paso, pero con calma y con cabeza. Lo que hay que conseguir no son titulares, es la verdad", dijo Sémper en una entrevista en Telecinco.