“Reenviado”: el WhatsApp que se mandó desde Moncloa a Lobato puede acabar con Óscar López

"¿Quién reenvió esa carta a Pilar Sánchez Acera?", le preguntó el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso al hasta ahora líder del PSOE de Madrid Juan Lobato que este viernes declaró en el Tribunal Supremo. No hubo respuesta. Ese "reenviado" que figura en la captura de Whatsapp que Lobato llevó a un notario crea una nueva dimensión en la causa en la que hasta ahora estaba imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sin sospecharlo siquiera, la visita de Lobato al notario ha añadido una nueva pata, a un caso ya de por sí complicado, que puede alcanzar al actual ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Para empezar a entender la importancia de lo que ocurrió este viernes hay que detallar los nombres que forman parte de este asunto. Primero, el fiscal general del Estado, García Ortiz (1), y su subordinada la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez (2), cuyo departamento inició una investigación a Alberto González Amador (3), novio de Díaz Ayuso. González Amador era una persona desconocida hasta que la Fiscalía comenzó a investigarlo por un fraude fiscal a Hacienda —defraudó presuntamente 350.000 euros en impuestos en los ejercicios de 2020 y 2021— a principios de este año.

El hecho de que trascendieran a la prensa sus datos fiscales, así como la denuncia que interpuso la Fiscalía contra él y los correos electrónicos que su abogado se mandó con el fiscal del caso para tratar de llegar a un acuerdo, enfadó mucho a la pareja de la presidenta madrileña. Es cierto que su entorno había filtrado inicialmente unos mails de forma sesgada, pero todo lo demás él lo enmarca en una operación mediática en la que desde el Ministerio Público buscaban hacer visibles sus delitos para hacer daño a Ayuso.

Hasta la semana pasada, todo el asunto se encuadraba en este retrato cruzado: un juzgado investiga a González Amador por fraude al fisco y el Tribunal Supremo investiga al fiscal general del Estado y a su subordinada por haber filtrado esa causa. Delito de revelación de secretos. Todo, presuntamente.

Pero repentinamente entró un actor inesperado en el escenario: Juan Lobato. El periódico Abc publicó que éste había acudido a principios de mes a un notario a dejar constancia de unos mensajes que le fueron enviados cuando todo el lío de las filtraciones estaba desarrollándose el pasado mes de marzo. Y, aquí, nueva tanda de personajes. Lobato (4) era el portavoz del PSOE en la Asamblea madrileña y líder del partido regional hasta que esta semana presentara su dimisión; Pilar Sánchez Acera (5) era la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Pedro Sánchez cuando sucedieron los hechos y, actualmente, continúa estando en el equipo de Óscar López; y Óscar López (6), que era jefe de gabinete del presidente del Gobierno, jefe, por tanto, de Sánchez Acera, y ahora es ministro de Transformación Digital.

La rama política se ha desarrollado de esta manera: cuando el periódico publica que Lobato acudió al notario a guardar unos mensajes de Sánchez Acera relacionados con el novio de Isabel Díaz Ayuso, el diputado de Madrid trató de acordar una versión con el PSOE que le hiciera el menor daño posible al partido. Dijeron que, en realidad, lo había hecho para proteger a la formación y demostrar que si ellos tenían un correo interno de la causa contra González Amador era porque primero se había publicado en la prensa.

Todo este relato se desvaneció como un azucarillo en el Tribunal Supremo. El juez Ángel Hurtado, que mantiene la causa contra el fiscal general por revelación de secretos, lo llamó a declarar rapidísimo tras conocer su actuación. Lobato acudió este viernes con el acta notarial en la mano y se desvelaron todos los secretos. Sánchez Acera le envió una carta interna del procedimiento, en la que el novio de Ayuso reconoce que ha defraudado, el día 14 de marzo a las 8:29 de la mañana, antes de que, en principio, ningún medio la hubiera publicado íntegra. El documento, además, no llevaba marca de agua, por lo que las fuentes del procedimiento infieren que lo tenía proveniente desde la investigación judicial y no desde ningún medio previamente.

Con los WhatsApp que aportó Lobato, él se salva de un posible delito de revelación de secretos porque se aseguró de que el documento estuviera primero publicado en 'El Plural' antes de afeárselo en la cara a Ayuso en la Asamblea de Madrid. Eso le proponía Sánchez Acera al pasárselo: "Sácasela en la pregunta. Un 'quién miente señora Ayuso, usted o su novio? Parece que usted'. La imagen con la carta es potente", le sugirió esa mañana. "Pero se ha publicado en algún sitio esta carta? No tiene fecha. La carta cómo la tenemos? Se ha publicado esto en algún sitio?", le insistió Lobato.

Ella no contesta al cómo la tenemos, pero sí se asegura de que minutos después esté publicada en 'El Plural'. Le pasa entonces el link de la noticia y le dice que ya puede usarla en su intervención política. "Ya está". Y en efecto Lobato la usó, pero cuando meses después se abrió un procedimiento contra García Ortiz por revelación de secretos él tuvo miedo de que éste le alcanzara, a pesar de que nadie había reparado en su actuación ese día.

"¿Por qué acudió al notario?", "Para cubrirme las espaldas", confesó ayer en el Supremo el exlíder regional. Según fuentes presentes en el interrogatorio, él confesó que ese día recibió muchas llamadas, si bien nunca supo de dónde salía el documento original. Para las fuentes consultadas García Ortiz ya está "muerto" con esta revelación porque dan por hecho que fue él quien le pasa al Gobierno el material de las pesquisas que debía permanecer reservado. Otros apuntan incluso más alto y señalan que el Supremo llegará hasta el final para saber de dónde viene ese "reenviado" en la imagen que pasó Sánchez Acera.

Por lo pronto, el Colegio de la Abogacía de Madrid —que ejerce como acusación popular— ya ha pedido la imputación de esta asesora del ministro López. El juez Hurtado, por su parte, preguntó a Lobato si voluntariamente dejaría clonar la conversación de su teléfono móvil. La acusación APIF (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) se percató de que las horas de las capturas no cuadraban y que unas se habían hecho antes que otras, así que para evitar suspicacias, el magistrado acordó un volcado del teléfono móvil del diputado regional.