Es el caso que le llevó a la cárcel. La acusación de un presunto delito por impago del IVA en la comercialización de hidrocarburos que pesa sobre Víctor de Aldama ha sido hoy el tema con el que la nueva ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen se ha estrenado en el pleno de control de Senado. El PP le ha interpelado sobre la licencia otorgada a Aldama y las posibles medidas para atajar el fraude en el sector que anualmente supone un perjuicio millonario para las arcas de la Hacienda tributaria. Aagesen ha asegurado que la operadora a la que se vincula a Aldama, Villafuel, no recibió ningún trato de favor ni se aceleró la concesión de la licencia para poder operar en el sector de los hidrocarburos. Ha apuntado que la tramitación en este caso se prolongó por un periodo de 600 días, frente a la media de otros operadores autorizados en los últimos años que rondó los 200 días.

Aagesen ha subrayado que este dato acredita que el caso de Villafuel no es el de un expediente “particularmente rápido” y que, como en otros casos, hasta que no completó todos los trámites exigidos no se le concedió la autorización para operar. Esta sociedad, ubicada en Villaviciosa de Odón, inició su actividad como operadora autorizada –según el registro de operadoras de hidrocarburos que consta en la CNMC- en septiembre de 2022, si bien ante las sospechas de haber incurrido en un posible delito o fraude se procedió a su inhabilitación temporal el 29 de octubre de 2022.   

13 inhabilitaciones

La acusación que pesa sobre Aldama y el resto de la docena de investigados en este caso es por un montante de fraude elevado: 182,5 millones de euros. Este tipo de operaciones son cada vez más frecuentes. El pasado 16 de octubre la Agencia Tributaria informó de una operación por la que se desarticuló una organización criminal que habría estafado a la Hacienda pública un importe de 133 millones por impago de IVA en la comercialización de hidrocarburos en 2020 y 2021. El entramado aflorado era muy similar al que la UCO describe en el informe que llevó a prisión el pasado día 10 al socio de Aldama, Claudio Rivas, y por el que también estaba encarcelado de modo provisional el ‘conseguido’ del ‘caso Koldo’, ahora en libertad tras declarar por el ‘caso Koldo’.

Este tipo de estructuras fraudulentas se soportan sobre empresas instrumentales en las que recae la responsabilidad del impago del IVA, equivalente al 21% del precio del carburante. Gracias a ellas, los operadores emplean ese 21% no abonado a Hacienda como margen comercial para bajar sus precios, incluso “a pérdida”, en la venta a las estaciones de servicio “acaparando el mercado, socavando la competencia y obteniendo millonarios ingresos en tan sólo unos meses”, según señala la UCO en un informe.

La ministra ha asegurado esta tarde que los cambios regulatorios incorporados por el gobierno en los últimos meses son los que han permitido detectar e inhabilitar a empresas como la de Aldama y su socio, Claudio Rivas, que continúa en prisión. Ha señalado que en los últimos meses se han inhabilitado hasta 13 operadores de hidrocarburos. En diciembre del año pasado se revisaron algunos artículos de la ley de hidrocarburos al detectarse un incremento de prácticas fraudulentas en el sector.

Un centenar de operadoras autorizadas

Este tipo de fraudes, según la Unión de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI) provoca un impacto en forma de impago de IVA que ronda los 2.000 millones cada año. Además del impago del IVA durante algún tramo de la cadena de comercialización, las prácticas fraudulentas también afectan al incumplimiento de carácter medioambiental en la mezcla con biocombustibles, más caros que los combustibles fósiles, el incumplimiento de las obligaciones respecto al Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (SICBIOS) o incumplimiento de las aportaciones al fondo nacional de eficiencia energética.

La ministra ha señalado que se han reforzado los controles y supervisiones en el sector, así como la clarificación de la figura del operador petrolero. Actualmente en España son cerca de un centenar el número de operadores autorizados. En los últimos años los controles y vigilancia han permitido detectar e inhabilitar a muchos de ellos. Los 94 operadores autorizados de 2021 quedan muy lejos de los 150 que había en 2016. Sólo en 2017 se inhabilitaron 27 licencias. El pasado mes de octubre se produjeron tres inhabilitaciones a operadores de carburantes y combustibles: Everton Magnific, Gaslow Abastecimientos y Martankship por incumplir el logro de objetivos anuales de biocarburantes.