El PSOE toca sus estatutos para limitar las consultas a las bases y dificultar candidaturas alternativas en primarias

Si Pedro Sánchez tuviera que someterse a una nueva investidura como presidente del Gobierno y tuviera firmados acuerdos con otras fuerzas, no tendría que consultar sí o sí a las bases del PSOE. No sería obligatorio, ni un mecanismo automático. No tendría por qué repetirse lo ocurrido hace justo un año, cuando el pacto con Sumar —y los acuerdos en ciernes con el resto de socios de investidura, incluido Junts— forzó la convocatoria de un referéndum interno. O lo que pasó en noviembre de 2019, cuando la militancia fue preguntada por la entente con Unidas Podemos.

Ahora, la consulta solo será impulsada si lo solicita más del 30% del comité federal. Una diferencia sustancial y que fue introducida por consenso en el 41º Congreso Federal del PSOE, celebrado el pasado fin de semana en el sevillano recinto ferial Fibes. No es la única modificación relevante de los estatutos: también se aumenta el número de avales necesarios para presentar un candidaturas —del 3% al 10% del censo en el ámbito federal, del 6% al 12% en el nivel autonómico y del 12% al 15% en el escalón provincial— o se elimina la necesidad de recoger firmas de respaldo de los militantes cuando solo concurre un aspirante a un proceso. Lo que se busca, señalan desde las federaciones que estuvieron encima de los cambios en las normas internas del partido, es evitar la "fatiga" de las bases y optar por la "simplificación de los procedimientos". El análisis compartido es que no conviene "tensionar" a la organización en exceso, recurriendo a la militancia cada muy poco tiempo.

Las bases solo serán preguntadas cuando lo reclame más del 30% del comité, para que validen los acuerdos que den al PSOE la presidencia del Gobierno o de un Ejecutivo autonómico

Los estatutos aprobados por consenso en el 41º Congreso, ya en vigor y de aplicación inmediata, y a los que ha tenido acceso El Independiente [aquí en PDF], retocan el artículo 50, el que desarrolla las consultas a la militancia. Primero, en el 50.1, se mantiene que las ejecutivas locales, provinciales, insulares, autonómicas o regionales podrán preguntar a las bases sobre "aquellos asuntos de especial trascendencia" y que "afecten a su ámbito territorial de actuación". Ferraz deberá estar informada y podrá oponerse a estas consultas si "entran en contradicción" con las decisiones adoptadas por los órganos competentes de ámbito territorial superior.

También se queda como está el 50.2, que prescribe que "será obligatoria la consulta a la militancia, al nivel territorial que corresponda, sobre los acuerdos de gobierno en los que sea parte el PSOE o sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el Gobierno a otro partido político".

Pero se introduce un nuevo apartado, y aquí es donde está el cambio. El 50.3 indica lo siguiente: "Cuando en el ámbito superior al municipal, en los acuerdos de investidura el PSOE alcance la presidencia de la institución, se faculta al comité del ámbito territorial a su aprobación. Solo será necesaria la consulta a la militancia cuando lo solicite más del 30% de los miembros del comité del ámbito territorial correspondiente". Es decir, que las bases solo serán preguntadas cuando lo reclame más del 30% del comité —el máximo órgano de poder entre congresos—, para que validen acuerdos de investidura que den al PSOE la presidencia del Gobierno de España o de un Ejecutivo autonómico.

Desde 2017 hasta hoy

Las consultas a la militancia se introdujeron estatutariamente en el partido a partir del 39º Congreso, celebrado en Madrid en junio de 2017, el que supuso la reentronización de Sánchez. Desde entonces, el formato era prácticamente calcado. Se reprodujo en el 40º Congreso, el de Valencia (2021). Pero ha sido en Sevilla donde se ha cambiado. En la práctica, implica que los referendos internos solo seguirán siendo obligatorios cuando el PSOE no sea la fuerza que tenga la presidencia —por ejemplo, el caso de Euskadi, en el que el PSE es el socio minoritario de la coalición con el PNV— o facilite el Gobierno a otro partido. En los demás casos, se introduce la posibilidad de ese pronunciamiento del comité.

Sánchez convocó consultas a las bases en 2016, 2019 y 2023. Ahora seguirá teniendo a su disposición esa herramienta para reforzarse internamente, pero su uso ya no será automático, como hasta ahora

Volviendo a Sánchez, si tras las próximas elecciones generales reeditara los pactos con sus socios, solo sería obligatoria la consulta si lo reclama más del 30% del comité federal. Este estará compuesto, cuando se completen los congresos regionales, por 324 miembros. El pasado domingo, los delegados eligieron un tercio del órgano (108 personas), pero faltan por votar otros dos tercios —uno por los militantes y otro en los cónclaves autonómicos—. El secretario general, por tanto, seguirá teniendo la carta de llamar a las bases para que refrenden sus acuerdos, pero ya no será un automatismo, como ocurría hasta ahora.

La consulta de 2023 fue convocada por el comité federal de modo inmediato, y se preguntó esto a los 172.611 militantes: "¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?". La participación fue del 63,41% y el sí fue aplastante, del 87,13%. Por medio de ese referéndum, Sánchez recibió la aprobación de los afiliados no solo de su acuerdo de coalición con la formación de Yolanda Díaz, sino sus pactos con Junts y ERC y la ley de amnistía, exigencia de ambos partidos independentistas y que él mismo había defendido en aquella reunión previa del comité.

En 2019, la entente con Unidas Podemos fue respaldada por el 92%, con el escrutinio al 98% y sin tener en cuenta al PSC. En aquella ocasión, la participación fue similar, del 63,01%. En 2016, Sánchez inquirió a las bases por su acuerdo con Ciudadanos, insuficiente para alcanzar la investidura: el sí fue del 78,97%, con una movilización del 51,70% del censo. En las tres ocasiones (2016, 2019 y 2023), el jefe de los socialistas utilizó la herramienta de la consulta para reforzarse internamente. Ahora, ese mecanismo sigue en pie, aunque no es automático. Se limita su uso.

Los estatutos se han ido endureciendo: en el ámbito federal, se pasa del 1% de 2017 al 3% de 2021 y al 10% de 2024. En el nivel autonómico, se salta del 2% al 6% y ahora al 12%, y en el peldaño provincial o insular, se transita del 3% al 12% y a partir de ahora al 15%

¿Qué pasa con los avales? Se aprieta algo más. En 2017, en el proceso de primarias que organizó la gestora que dirigía el PSOE, y en el que concurrieron Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López, se exigía el respaldo del 5% del censo (9.368 rúbricas de un censo de algo más de 187.000 afiliados), sin tope máximo. En el 39º Congreso que siguió a la victoria de Sánchez, se bajó el número de avales, con el ánimo de facilitar la competición, y es que el hoy presidente compareció ante sus compañeros como el secretario general de la militancia. Se fijaron unos umbrales mínimos muy pequeños: un 1% del censo para el ámbito federal, un 2% para el autonómico y un 3% para el provincial o insular. Y para que no se repitiera una lucha por las firmas, se impuso un umbral máximo: el doble del exigido en cada nivel (es decir, el 2%, el 4% y el 6%).

En 2021, en Valencia, los estatutos [aquí en PDF] se retocaron al alza. Se exigió el respaldo del 3% (y un máximo del 5%) para el escalón federal, del 6% (y hasta el 10%) en el ámbito autonómico y del 12% en el peldaño provincial o insular (y como máximo del 15%).

De aplicación inmediata

En Sevilla, el salto es considerable. A partir de ahora, como se prescribe en el artículo 5 de los estatutos, se requerirá a los que quieran formalizar su candidatura el 10% de los avales de la militancia en los procesos federales, el 12% en los autonómicos y el 15% en los provinciales o insulares. El máximo será del 12% en el nivel federal, del 15% en el autonómico y del 20% en el provincial o insular. Es decir, que de una tacada se exigirá, a quien quiera ser secretario general del PSOE, la firma no del 3% del censo, sino del 10%. Los que quieran ser barones autonómicos deberán recabar no el 6% de respaldos, sino el 12%, y los que quieran ser líderes provinciales o insulares habrán de aportar la rúbrica del 15% de los militantes, no el 12%. Es decir, en estos años, desde 2017, se han ido endureciendo las condiciones para convertirse en candidato, con el objetivo evidente de evitar que salten a la carrera aspirantes sin apenas apoyos internos. Se traba más la opción de que se lancen candidatos frikis.

Había muchas enmiendas sobre avales. Se tomó la decisión de argumentarlos porque el puesto más simbólico es el del secretario general. Quien no saca un 10% no es un candidato fuerte", explican

"Había muchas enmiendas con el tema de los avales, algunas para aumentar el número y otras para disminuirlos. Se tomó la decisión de aumentarlos con el argumento de que el puesto más simbólico del partido es el del secretario general. Quien no saca un 10% mínimo de avales no es un candidato fuerte", explica uno de los cargos implicados en la discusión de los nuevos estatutos.

El otro cambio importante se refiere a la proclamación de los candidatos. Hasta ahora, aunque solo hubiera un candidato —por ejemplo, solo Sánchez se presentó para conseguir ser líder del PSOE—, se tenían que recoger avales. Ya no ocurrirá así. "En caso de que se haya proclamado una única precandidatura o un único precandidato alcance el número mínimo de avales, el órgano verificador [la comisión de garantías respectiva] le proclamará secretario o secretaria general", reza la nueva redacción del artículo 5. b. i.

Otra novedad: cuando un candidato no tenga rivales, no necesitará recoger avales. Si Óscar López no tiene contrincante, por tanto, no deberá reunir firmas. En Extremadura, en cambio, el barón autonómico y su contrincante tendrán que recabar el aval del 12%

Todas estas modificaciones, todo lo contenido en los estatutos aprobados en el 41º Congreso, "serán de aplicación inmediata a todos los procesos congresuales que se celebren a continuación" del cónclave celebrado en Sevilla, dice la disposición transitoria segunda. Es decir, que todos los congresos regionales, provinciales y locales que se irán celebrando escalonadamente de aquí al verano deberán observar estas nuevas reglas de juego.

Por ejemplo, las federaciones socialistas de Madrid y Extremadura ya tienen convocados sus cónclaves autonómicos, y para el 20 de diciembre lo hará Andalucía. Si hay dos o más candidatos, deberán recabar el aval del 12% del censo. En el caso del PSOE-M, el ministro Óscar López presentará su precandidatura el jueves. Juan Lobato ya ha admitido que no contempla competir contra él. Si para el sábado no hay nadie más que se postule, entonces López será proclamado secretario general del PSOE-M sin necesidad de recoger firmas. En Extremadura, el barón regional, Miguel Ángel Gallardo, se ha encontrado con una aspirante inesperada, Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres. Ambos habrán de reunir el 12% de avales. Y lo mismo ocurrirá en Andalucía y en el resto de territorios.

La prevención de un nuevo 'caso Errejón'

En el 41º Congreso, quien presidió la comisión de estatutos fue el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, el diputado nacional Sergio Gutiérrez. Y quien actuó de ponente fue el jefe del aparato de Gipuzkoa, Mikel Durán. Ambos trabajaron mano a mano, conjuntamente con Ferraz, para cambiar las normas internas. Las modificaciones se aprobaron sin problemas, porque había "mucho consenso interno" y porque "se trabajaron mucho las enmiendas previamente" con los territorios. Había acuerdo en que existe una "fatiga" entre las bases, al ser llamadas constantemente para participar en consultas o recoger avales, incluso cuando no hay competición, según coinciden dirigentes que participaron en la comisión. "Volvíamos a la militancia loca. Se ha optado por simplificar procedimientos. No tiene sentido tampoco tensionar en balde a la organización con las consultas después de una campaña", continúan.

La cuestión de los avales y de las consultas "no generaron debate". Se quiere evitar la "fatiga" entre las bases, no "tensionar en balde a la organización"

Tanto la cuestión de los avales como la de las consultas "no generaron debate", precisamente por el análisis compartido por las federaciones y por Ferraz. De hecho, la cúpula de Sánchez, en su propuesta de borrador de estatutos [aquí en PDF], no planteaba aumentar el número de firmas necesarias, ni tocar el régimen de los referendos a las bases. Los cambios, por tanto, se han introducido después, en el propio 41º Congreso. "No era la propuesta inicial de la ponencia [de la dirección], pero se debate, se vota y se aprueba si hay mayoría", advierten en el aparato federal, que sigue dirigiendo Santos Cerdán. "Vamos, igual que hace el PP en sus congresos... ¡Ah, no, que ya no hacen", ironizan las mismas fuentes, recordando que los populares no celebran un cónclave ordinario desde 2017, y no está previsto el siguiente hasta 2026.

Los estatutos también se actualizan en otro punto clave, en el artículo 82. Hasta ahora, se imponía la sanción de expulsión del partido a aquellos que hubieran sido condenados por delitos relacionados con la corrupción. A partir del 41º Congreso, serán echados del PSOE no solo los condenados por corrupción, sino también aquellos que lo sean por delitos de "violencia contra las mujeres o contra la libertad sexual", conforme se desarrolle en el código ético y en el reglamento federal de desarrollo de los estatutos federales.

Serán expulsados del PSOE los condenados no solo por corrupción, sino por delitos de "violencia contra las mujeres o contra la libertad sexual"

La disposición transitoria tercera establece además que el PSOE actualizará su plan de igualdad interno que incluirá medidas para "prevenir y detectar la violencia machista", "así como medidas de prevención y actuación frente al acoso sexual que ejerzan, dentro o fuera de la organización, afiliados o bien personas que sin estar afiliadas tengan un cargo de representación o hayan sido designadas para una función específica, con independencia del nivel jerárquico o del cargo público que ocupen". Ese protocolo "establecerá un órgano especializado e independiente que analice todas las denuncias de acoso que reciba el PSOE, compuesto por especialistas en la materia, que serán nombrados por la comisión ejecutiva federal entre personas con acreditada formación y experiencia". Es decir, se trata de poner todos los cortafuegos posibles a un nuevo caso Errejón como el que estalló en Sumar.