La decisión del Tribunal Supremo de llamar a declarar en calidad de testigo al director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, en la causa que sigue contra el Fiscal General del Estado por revelación de secretos, no ha sorprendido especialmente en la Puerta del Sol. La noticia saltaba justo cuando Isabel Díaz Ayuso intervenía ayer en el acto del aniversario constitucional que celebra el gobierno autonómico todos los años y no conoció la misma hasta que bajó del escenario.
Sin embargo, no era en absoluto inesperada. Ha sido Álvaro García Ortiz quien reclamó la declaración de Rodríguez, dado que ofreció una versión sesgada de los tratos de la pareja sentimental de Ayuso, Alberto González Amador, con la Fiscalía a cuenta de dos delitos fiscales. Dio a entender que fue ésta la que propuso un pacto y no al revés. A partir de ese momento la Fiscalía General el Estado se puso en marcha para desmentir esa información y no dejar que le robaran el "relato" en una sucesión de decisiones que han llevado a García Ortiz ante el Supremo. Paradójicamente, esta crisis ha provocado, por una carambola del destino, la dimisión de Juan Lobato como líder de los socialistas madrileños.
Isabel Díaz Ayuso dijo ayer de la citación de su mano derecha en el gabinete de la Comunidad que "me parece bien que vaya a contar lo que sabe y a demostrar tantos bulos". Descartan en su entorno el riesgo de que termine imputado. "Él ofreció una información con consentimiento del particular afectado (la pareja de Ayuso), no hay, pues delito", explican a El Independiente fuentes de la Comunidad. Subrayan además que Rodríguez no tenía ningún deber de reserva sobre la información que luego reveló la Fiscalía, que, en su caso, sí está obligada a custodiar los documentos que maneja.
Rodríguez "está tranquilo"
Rodríguez "está tranquilo y responderá al juez todo lo que le pregunte", aunque todavía ayer por la mañana no había recibido la citación del alto tribunal. También han sido requeridos ochos periodistas de varios medios que publicaron extractos de los correos que se cruzó el abogado de González Amador con la Fiscalía. Lo previsto es que las declaraciones se produzcan tras las vacaciones de Navidad, los días 8 y 9 de enero.
En la Comunidad de Madrid creen haber conseguido el objetivo marcado, esto es, que el foco "esté puesto sobre el Fiscal General", tras la querella presentada por la pareja de Ayuso, quien ha decidido pelear en los tribunales cualquier alusión a su persona como "delincuente". Insistió ayer Ayuso en su tesis sobre las maniobras orquestadas desde el Gobierno. En este sentido señaló que "es una absoluta vergüenza la utilización torticera del estado de derecho para proteger a la familia de Pedro Sánchez, empezando por el Fiscal y la abogacía. No cabe mayor corrupción y utilización de los poderes del Estado, que le pertenecen a todos los españoles".
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