La gestión por el agua de Arenas de San Pedro, un pueblo de Ávila, ha desencadenado una batalla judicial entre dos empresas. Hasta tal punto, que ha tenido que intervenir el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de Castilla y León. A un lado, Aquona Gestión de Aguas de Castilla, una compañía con 55 años de antigüedad y que presta servicio en decenas de municipios. En el otro Aqlara Ciclo Integral del Agua, una sociedad que se creó hace 25 años y que busca ser alternativa a las grandes marcas del mercado. Todo empezó hace casi tres años.

A principios de 2022, el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro sacó a licitación el "Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración" para sus vecinos. "Son contratos muy técnicos y que cuesta mucho preparar para presentarte", señalan fuentes del sector. La licitación tenía un valor de 15 millones de euros para prestar servicio durante los próximos 15 años.

En febrero de este año, el Consistorio adjudicó el contrato a Aquona, la empresa que venía prestando los servicios hasta ahora. Pero el resto de compañías que se presentaron al concurso público pusieron objeciones cuando se abrieron los sobres con las puntuaciones. Aqlara llevó el caso al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. Entendía que era la compañía ganadora bajo los criterios que puso el mismo Ayuntamiento y que habían inventado un nuevo sistema de puntuación al ver que no ganaba Aquona.

Volver a puntuar

El recurso fue resuelto, por primera vez, en abril de este año. Dio la razón a los apelantes y obligó al Ayuntamiento a anular la adjudicación y a volver al momento en el que se valoraron los criterios. Es decir, cuando se decidió quién ganó el concurso. Pero la adminsitración se sacó un as de la manga y en lugar de eso retrotrajo el procedimiento a la evaluación de temeridad de las ofertas. Declaró a tres de las licitadoras temerarias en los números que habían presentado, algo que no había hecho en un primer momento.

El TARC volvió a emitir un dictamen, en el que daba un tirón de orejas a los cargos públicos y les obligó a evaluar a las empresas bajo los primeros criterios que establecieron. En resumen, que se olvidasen de mirar la temeridad de las compañías cuando no lo habían tenido en cuenta antes.

Ahora, fuentes conocedoras aseguran que el Ayuntamiento pone de excusa que el secretario judicial ha dejado su puesto de trabajo y que no pueden continuar con las gestiones administrativas. Por ahora, Aquona sigue prestando servicio hasta que el Consistorio decida ejecutar el mandato judicial de volver a evaluar a las empresas. Aqlara, tras el análisis de la documentación, se ve ganadora. "Estamos a la espera de lo que decida hacer el ayuntamiento. Por nuestra parte, estamos preparados para prestar el servicio en cuanto sea posible, una vez se cumpla el mandato del tribunal", dicen fuentes de la compañía.