Ultimátum claro de Vox al PP: si prosperan las negociaciones con el Gobierno en materia de inmigración, no contarán con sus votos para sacar los presupuestos regionales allí donde hagan falta. El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, como máximo encargado de la coordinación territorial, anunció este miércoles que el partido cesa en el diálogo con el PP en aquellas comunidades autónomas en las que de ellos depende que prosperen las próximas cuentas. La justificación que esgrimen en Vox para ello es que el PP, al retornar a la mesa sobre inmigración con el Gobierno para seguir debatiendo sobre la respuesta a la crisis migratoria que presiona Canarias y Ceuta, entre otras zonas, tiene intención de llegar a un consenso con los socialistas. Intenciones que el PP, de momento, no ha constatado verbalmente más allá de reafirmar su deseo de volver a sentarse.
"Nosotros no vamos a participar en el reparto de inmigración ilegal y de inseguridad que pretenden Feijóo y Sánchez. Si el PP quiere seguir impulsando las políticas del PSOE, que negocie los presupuestos con ellos", avanzó Garriga durante una visita al barrio barcelonés de Besòs-Maresme. "A Vox no le va a temblar el pulso", añadió el número dos de la formación, que, con ello, evita una ruptura pero paraliza el contacto entre delegaciones territoriales hasta que se certifique o no si populares y socialistas llegan a un acuerdo. Hay que recordar que el 13 de diciembre se desarrollará la Conferencia de Presidentes en Santander (Cantabria), donde se abordará, entre otros, el tema migratorio.
El posicionamiento del partido llega días después de que, como constató El Independiente, Vox amenazase a los populares con tumbarles sus nuevas cuentas si había cualquier consenso con el Gobierno en esas reuniones. Los de Santiago Abascal, en todo caso, no han esperado a que haya un acuerdo y toman esta decisión como medida de presión y disuasión para que el PP renuncie a ceder en sus pretensiones. En principio siguen intactas las enmarcadas en su plan migratorio pactado con Coalición Canaria. Destacan demandas como que el Gobierno asuma las competencias, la custodia y el mantenimiento de esos menores cuando los centros de acogida autonómicos superen un 150% de presión. Igualmente, se pide la ayuda de la UE y de Frontex, y de mejoras técnicas, en prestaciones materiales y en activos humanos para la vigilancia fronteriza y el combate a las mafias que trafican con personas.
"Vamos a suspender las negociaciones. El PP es quien tendrá que rectificar si quiere seguir negociando con Vox", añadió Garriga, que recordó la ruptura de los cinco Gobiernos regionales de Castilla y León, Aragón, Murcia, Extremadura y la Comunidad Valenciana [además de Baleares, donde el apoyo al PP era externo], motivados precisamente por esa cuestión. "Fuimos expulsados cuando dijimos que no íbamos a contribuir al reparto de la inmigración ilegal", expresó Garriga, quien advirtió que buscan "un cambio total" para luchar contra la "inseguridad, la falta de identidad y la saturación de los servicios sociales" que a su juicio, son consecuencia de esa inmigración ilegal.
El PP desecha la presión de Vox y apunta que quien no quiera apoyar los presupuestos regionales tendrá que dar explicaciones a sus votantes
"Esperamos que el PP esté a la altura de las circunstancias", dijo el vicepresidente de Vox, que tachó al líder popular, Alberto Núñez Feijóo de "traicionar a la gente más humilde" y de promover "una estafa política permanente a los españoles diciendo una cosa y la contraria". "Nosotros hemos demostrado que decimos siempre lo mismo", apuntó Garriga.
El PP insiste en su autonomía
En palabras de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, en una comparecencia desde el Senado, Génova no tiene la intención de atender a la presión de Vox. "Nuestra posición es el acuerdo firmado entre Feijóo y Clavijo, y no va a cambiar: solidaridad y trabajo conjunto con Canarias, Ceuta y Melilla", aseguró Bravo. Ante la intención de Vox de condicionar las cuentas y vincularlas a la inmigración ilegal, Bravo recalcó que el objetivo del PP es el de "sacar los presupuestos".
"El que no quiera apoyarlos tendrá que dar explicaciones. Cada partido tiene libertad para elegir lo que considere y los ciudadanos elegirán a quien consideren que es útil". Lo extendió a PSOE y Podemos, quienes "tendrán que decidir".
Tras varias turbulencias entre agosto y septiembre, con alguna reunión de por medio en el que se pusieron propuestas sobre la mesa pero no hubo acercamientos, el PP rompió el diálogo sobre inmigración con el Gobierno el 5 de octubre. Hasta que éste no aceptase la ayuda propuesta por la UE. El negociador designado por el Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, negó que eso fuese cierto y aseguró que "por supuesto" se demandará la ayuda, pero "de acuerdo al reglamento, los protocolos y la normativa que tiene que ver con el fenómeno migratorio".
A la otra parte negociadora, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y a su partido los tildó de "irresponsables". El titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, les acusó de poner excusas "inverosímiles" para romper. Ahora se busca reconducir el asunto tras casi más de medio año. El Gobierno insiste en la necesidad de reformar la Ley de Extranjería en su artículo 35 para repartos obligatorios por la Península. En julio el PP votó en contra.
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