El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que instruye la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, respaldó ayer a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil frente a las acusaciones del fiscal general.

En un escrito enviado al Supremo, al que ha tenido acceso este periódico, García Ortiz asegura que la UCO cometió hasta 37 errores en el informe que se hizo público el pasado 25 de noviembre, en el que la Benemérita señalaba su "participación preeminente" en la filtración de los correos de González Amador tras analizar los whatsapps y el correo electrónico de la fiscal jefe de Madrid.

En una providencia, Hurtado sostiene que no cabe formular "reproche alguno" al trabajo realizado por una unidad tan "especializada y reconocida" como la UCO, y considera que no es necesario impartir instrucciones a los agentes para que no incluyan, ni en este ni en futuros informes, mensajes privados "ajenos al ámbito de los hechos", tal y como solicita en el escrito la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz y Rodríguez en esta causa.

La abogacía le pide al instructor que "adopte medidas" de cara al "futuro informe" de la UCO sobre el material que los agentes incautaron cuando registraron el despacho de García Ortiz, y reclama que en él se incluya "el análisis de la totalidad de las fuentes periodísticas relacionadas en las actuaciones" y se excluyan todas las comunicaciones que no resulten pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Asegura que los derechos fundamentales del fiscal general se vieron vulnerados después de que salieran a la luz, en este primer informe, conversaciones privadas que según la abogacía carecen de relevancia para el objeto de la causa, pero el juez, en otra providencia, rechazó este argumento: "No cabe poner reproche a dicha prueba pericial", insiste.

No obstante, Hurtado sí ha accedido a la petición de García Ortiz para que los juzgados madrileños investiguen la filtración del informe de la UCO, y recuerda en la providencia que en su auto del 25 de noviembre advirtió del secreto de las actuaciones, por lo que su difusión a terceros estaba prohibida. También ha atendido la queja presentada por González Amador, que denunció igualmente filtraciones en la causa.

Los 37 errores de la UCO, según García Ortiz

"Sin cuestionar en ningún momento la profesionalidad de la Unidad Central Operativa ni la de los funcionarios firmantes del informe, esta parte pone de manifiesto, dicho sea con los debidos respetos, hasta 37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias advertidas en el informe elaborado por la UCO con fecha de 21 de noviembre de 2024". Así se expresa la Abogacía del Estado en el escrito, donde enumera y expone uno a uno todos los errores que considera que contiene el informe.

Entre ellos, la Abogacía del Estado destaca "la omisión de fuentes periodísticas relevantes y falta de exhaustividad en el análisis", y sostiene que la UCO omite artículos de relevancia que son "clave" para contextualizar los hechos. Afirma también que falta contextualización de la conversación que mantuvieron por WhatsApp el 8 de marzo el teniente fiscal Diego Villafañe y Pilar Rodríguez, y explica que estas comunicaciones internas "se realizaron también por la vía oficial a través de correos electrónicos", los cuales no aparecen reflejados en el informe y cuya omisión da a entender que querían dejar sus comunicaciones al margen de los conductos oficiales, "lo que no es cierto".

También explica que la UCO refleja un whatsapp de Rodríguez a García Ortiz --"Hola, Jefe. A tu disposición"-- que está descontextualizado y que no existen elementos que permitan relacionarlo de manera clara ni con comunicaciones anteriores ni con otros hechos relevantes del caso. Por otro lado, señala "falta de fundamento" a la hora de atribuir la filtración de la denuncia de González Amador a Rodríguez y Villafañe, puesto que el contenido de la denuncia y el informe de la Agencia Tributaria habían sido distribuidos previamente y "estaban disponibles para un amplio grupo de personas días antes de la publicación en prensa".

En otro de los puntos, la Abogacía destaca que la UCO incluye conversaciones de WhatsApp de Rodríguez con su entorno personal y profesional que no guardan relación con el objeto de la causa, y define como "parcas, respetuosas y prudentes" sus respuestas y una "clara voluntad" por su parte de no alimentar este tipo de conversaciones --aquí, la Abogacía se refiere al tuit de Isabel Díaz Ayuso, incluido en el informe, en el que ésta escribió que "la Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que Directora General en el Ministerio de Justicia de Zapatero"--.

Además, denuncia la inclusión injustificada de una conversación de Rodríguez con un letrado que no está vinculado con la causa, remarca en varias ocasiones su actitud "profesional" y expone varias inferencias erróneas que, según su versión, la UCO incluye en su informe. También critica la "descontextualización" de la expresión "cerrar el círculo" que García Ortiz utiliza en un whatsapp con Rodríguez, y aclara que, aquí, el fiscal general se refería a la "necesidad" de obtener el correo del 12 de marzo "para que la Fiscalía General del Estado pudiera certificar con exactitud la realidad de las informaciones periodísticas que circulaban sobre si la propuesta de conformidad había sido realizada por Fiscalía o, en su defecto, por el abogado del señor González Amador".

Asimismo, incluye también entre los 37 fallos de la UCO las conclusiones del informe, que nombra como "una serie de inferencias". En este punto, García Ortiz denuncia que la filtración en prensa que los agentes atribuyen a la Fiscalía General está sustentada en conversaciones "deliberadamente preseleccionadas y descontextualizadas del total de la conversación (...) con el objetivo de crear una falsa imagen y una acusación preconstituida que no solo no respeta la realidad sino que conculca gravemente el derecho de defensa de los investigados".

Por último, la abogacía reprocha a la Guardia Civil "desconocer las relaciones profesionales como los deberes estatutarios establecidos entre los diferentes niveles de la carrera fiscal" por la inclusión de "constantes referencias a la subordinación jerárquica", que resultan "profundamente desafortunadas". "Equiparar dichas relaciones, reguladas estrictamente por el marco legal del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a un reparto de papeles, dígase en estrictos términos de defensa, propio de una organización irregular o al margen de la legalidad constituye una inferencia no solo improcedente, sino también carente de fundamento", termina diciendo el escrito.