La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, Susana Trujillano, ha citado a declarar el próximo 19 de diciembre a los funcionarios que participaron en las vigilancias y los seguimientos de los dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que han sido expulsados por un posible delito de traición y otro de revelación de secretos. Las defensas están intentando demostrar que la investigación, que se hizo contra ellos y que apunta a que pasaron información interna a la inteligencia de Estados Unidos, ha laminado sus derechos, alegando que se registraron sus viviendas y se intervinieron sus teléfonos sin orden judicial, como ha venido desvelando este medio.

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente, la magistrada ha citado como testigo a los agentes a partir de las 10 de la mañana adoptando "las oportunas medidas para preservar su identidad y su identificación visual" aunque no se va a utilizar un distorsionador de voz que ya trajo problemas en las declaraciones anteriores en marzo. Entonces testificaron la directora de Seguridad del CNI y la jefa de Asuntos Internos de la institución.

La intención de las defensas es refutar los indicios de la causa que apuntan a que el responsable del área de Rusia dentro del Centro, un peso pesado de los espías, y un subordinado suyo sacaron información secreta para entregársela a agentes americanos. El sumario contiene seguimientos por ejemplo el 4 de marzo de 2023 cuando el jefe abandonó su domicilio dejando dentro los dos teléfonos móviles que habitualmente lleva consigo; lo mismo hizo otra vez en abril, en julio y varias en septiembre cuando se detecta que acude siempre a un parking público con su vehículo. Para su defensa, estos datos plasmados en la denuncia del CNI evidencian que tenía el teléfono intervenido y sistemas de seguimiento instalados en su coche, pero, sin embargo, en la investigación no constan las órdenes judiciales que lo avalan.

Además, hay una visita importante a Portugal el 4 de agosto de 2023 en la que el acusado llamó presuntamente a un agente de un servicio extranjero, pero su abogado, en cambio, alega que se trató de una llamada a un hotel, en concreto al Hotel Solar Alvura Health.

El Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, ha enviado un informe a la causa tratando de explicar cada uno de estos puntos: cómo se realizaron las fotografías de las vigilancias y qué sistema de auditoría interno se utilizó para descubrir que estaba habiendo una fuga de información, lo que dio lugar a la denuncia contra ellos. Ocurre que este informe que lleva el sello del CNI se escuda continuamente en información "clasificada como secreto" por lo que muchos detalles quedan incompletos.

Sobre el teléfono portugués, el Centro de Inteligencia dice que "ya se indicó también que no se disponía de la titularidad del mismo, pese a las distintas actuaciones que ha efectuado este Centro a los efectos de su obtención, incluida la petición de colaboración a las autoridades de inteligencia portuguesa".

Así, dan cuenta de que en las vigilancias participaron hasta cuatro funcionarios, pero recuerdan que en todo caso según la Ley que les rige del año 2002 "las actividades, organización, estructura interna, medios, procedimientos, personal, instalaciones, fuentes de información, bases y centros de datos del CNI están clasificados como secreto". Sobre las fotografías que se encuentran en el sumario, explican que algunas pertenecen a establecimientos, pero otras a videograbaciones propias de los espías que no se pueden entregar a las partes completas por la misma razón anterior, porque se sabría cómo graba la Inteligencia.

Por ahora, este alto mando que continúa en prisión provisional se ha encontrado con un muro a la hora de acceder a la información con la que poder defenderse. El Tribunal Supremo ha declinado la opción de entregarle los autos de entrada y registro a las viviendas de los dos acusados, ni los que supuestamente avalaron las intervenciones telefónicas. Por eso, el acusado ha pedido por segunda vez a la magistrada que rectifique la medida cautelar y le deje salir de prisión, como ha avanzado este medio, porque la investigación puede durar años.

Él lleva preso desde el pasado mes de septiembre de 2023 cuando la Brigada Adjunta Operativa (BOA) de la Policía Nacional le detuvo junto a su subordinado. El arresto de este militar causó estupefacción en la institución donde estaba muy bien considerado.