El último congreso federal del PSOE ha dado un tercer balón de oxígeno a la marca de Yolanda Díaz. Sumar, donde cohabitan distintas siglas clásicas y más recientes de la izquierda española de ámbito nacional y regional, cuya mayoría de propuestas programáticas gira en torno a los derechos sociales y de cuidados, encontró en un par de enmiendas aprobadas durante la nueva elaboración del documento político de los socialistas una senda en la que reivindicarse ante el electorado de izquierdas. Más después del caso de Íñigo Errejón, acusado por supuesto acoso sexual, quien damnificó una faceta clave del espacio: la lucha por un feminismo amplio demandado y ejercido.

Precisamente, la pugna por ese tipo de feminismo amplio se recupera tras la vuelta a uno más clásico por parte de Pedro Sánchez y los suyos. El PSOE, en la tarde del sábado validó la solicitud al colectivo LGTBIQ+ para que prescindan de la 'Q', que designa al colectivo queer, y del plus, que incorpora a otras identidades y orientaciones minoritarias que rehúyen las etiquetas clásicas. En definitiva, un alineamiento con la mujer en términos biológicos, más alejados de leyes como la Trans, que dividieron al PSOE respecto a figuras como la vicepresidenta Carmen Calvo.

Fuentes parlamentarias de Sumar afirman que no permitirán que se ceda ni un milímetro en la lucha feminista y por la igualdad ante movimientos orgánicos de sus socios de gobierno que, a su juicio, coquetean con la transfobia. El sentir es general, en todo caso, y lo han ido trasladando desde la secretaria de Comunicación del Movimiento Sumar y activista trans, Elizabeth Duval, a la secretaria de Organización magenta Lara Hernández.

La última en abogar por ello públicamente fue la sustituta de Errejón en la portavocía del Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, quien anunció el jueves una iniciativa parlamentaria para que el PSOE rectifique públicamente comprometiéndose con la amplitud del espacio LGTBIQ+. Una forma de marcar perfil propio frente a un socio que acaba capitalizando gran parte de la acción legislativa de Sumar, y en el que en sí mismo existe división por estas enmiendas. El ejemplo más claro es el de Víctor Gutiérrez, secretario de LGTBI del PSOE, que se opone a la retirada del 'Q+' asegurando que el sentir mayoritario de la organización es otro.

Lo aprobado durante el congreso divide internamente al propio PSOE

El debate puede ser tenso entre socios, de quienes Sumar espera conseguir un apoyo claro a su proposición no de ley por parte del PSOE. Tanto hacerlo como no hacerlo beneficia públicamente a Sumar. Se fortalece genéricamente si consigue atraer a los socialistas a ese respaldo después de apostar orgánicamente por lo contrario, por que da la imagen de condicionamiento de su socio mayoritario, de capacidad de marcar la agenda. Por otro lado, rebaja la posibilidad de fugas de electorado hacia Sánchez por 'voto útil', al menos del más comprometido con la diversidad y la igualdad. Pero también a Podemos, cuyos dirigentes denuncian que Sumar no es reivindicativo dentro del Ejecutivo.

Según el CIS de noviembre, uno de cada diez votantes magentas irían ahora al PSOE, y dos a Podemos. Otro de esos diez se encuentra indeciso, siendo del 37,8% la fidelidad que le resta a Sumar desde las pasadas elecciones. Las más baja de todos los partidos contemplados. Las cifras las rebajan en todo caso los pocos sondeos de índole privado que aprecian transferencia de voto recientemente. SocioMétrica, para El Español, rebajó a un 4,7% las fugas al PSOE, a 13,1% las de Podemos, a un 10,8% los indecisos y a un 54,2% la retención de Sumar. Target Point para El Debate, por ese mismo orden, aprecia un 6,3% para el PSOE, un 22,2% para Podemos y el 42% de retención para los de Díaz.

Vivienda y rebaja de la jornada laboral

En ese mismo congreso de los socialistas, en su 41º edición, Sánchez anunció la creación de una empresa pública que construirá y gestionará la vivienda desde la Administración General del Estado. Una propuesta que venía reclamando Sumar ya en el pasado, aunque consideran que la iniciativa choca con la actuación que viene haciendo el Ministerio de Vivienda, gestionado por el PSOE, de no limitar los precios de los alquileres o, de estar en disposición de "vender 16.000 casas de la Sareb a una inmobiliaria", dijo Hernández este lunes. "O vivienda pública para la ciudadanía, o vivienda para las inmobiliarias". Como fórmula de presión, Sumar reclama que esto entre en los próximos [e inciertos] Presupuestos Generales del Estado.

Si bien los magentas no lo rechazan, creen que el PSOE sigue muy limitado en esta materia, que protagonizó en octubre protestas en la calle tras caer en el Congreso por Junts la toma en consideración de la regulación de los alquileres turísticos. Le piden ser más contundente, por ejemplo, para que se cumpla la ley de vivienda vigente en aquellos enclaves donde gobierna el PP —y el PSOE—. Los de Díaz insisten en medidas de presión como la retirada de los fondos públicos que perciben las autonomías para aquellas que no la apliquen: todas excepto Cataluña, la única que la ha puesto en marcha.

En ese debate quieren seguir reivindicándose como marca útil. El problema es que, a diferencia de hace dos meses, el tema ha quedado diluido políticamente hablando. Lo que es perjudicial para los de Díaz, que consiguieron escalar en visibilidad precisamente con ello. A la espera de que vuelva a recuperarse, con una nueva iniciativa fomentada por ERC o EH Bildu sobre regularización de alquileres, Sumar insiste en remarcar los vetos de los socialistas más allá de "electoralismos" como creen que es el anuncio de esta empresa pública.

Los recientes, en la reforma fiscal bajo mínimos: la negativa a subir el IVA al 21% a los pisos turísticos o a reformar la tributación de las Socimis con la supresión de sus privilegios fiscales para que tributaran al tipo general del 25% de Sociedades. Con ello se buscaba aumentar la oferta de vivienda asequible e incrementar la recaudación. El PSOE pactó con Sumar todo, pero en la negociación de enmiendas con el resto de grupos se descolgó de ese consenso, lo que no ha gustado a Sumar.

La reducción de la jornada laboral es una de las máximas de Sumar desde la campaña de las generales de 2023

Junto a los derechos LGTBIQ+, al margen de vivienda, que no depende tan directamente de Sumar, es la reducción de la jornada laboral el tercer gran balón de oxígeno. Más al estar bajo control de Díaz, como ministra de Trabajo y Economía Social. Habrá una actuación coordinada entre partido y sindicatos, con una presión política de los primeros y una callejera, mediante manifestaciones convocadas por los segundos, en los que participarán los miembros de Sumar. Con la negativa de la patronal, Sumar espera que haya un pacto inminente con UGT y CC.OO. para pasar de 40 a 37,5 horas semanales. Cuando eso se produzca y la propuesta vaya a Consejo de Ministros, en todo caso, habrá que esperar al menos medio año para que llegue.

Entonces el paso será convencer a PP y Junts, que no están por la labor alineados así con la patronal. Díaz intenta arañar una abstención de Génova difícil, en todo caso, como demandó a Alberto Núñez Feijóo en el 44º Congreso de UGT de acuerdo al apoyo mayoritario que atribuyen a nivel social. Sacarlo sería un éxito para la legislatura, porque daría imagen de viabilidad. Más si no hay PGE y se vuelven a prorrogar los de 2023. Pero a título personal, Díaz recuperaría reputación en cuanto a liderazgo y gestión, cumpliendo una de sus promesas de campaña.