Carles Puigdemont, líder de Junts, ha provocado un gran revuelo en el tablero político, al exigir a Pedro Sánchez que presente una cuestión de confianza en el Congreso. Desde Bruselas, Puigdemont ha subrayado los "incumplimientos" del Gobierno en el marco del pacto de investidura firmado hace más de un año. Sin avances en cuestiones clave como la oficialidad del catalán en la UE, o la aplicación de la ley de amnistía, el ex presidente de la Generalitat ha calificado al líder socialista como un político que "no es de fiar". La cuestión de confianza, que se recoge en la propia Constitución, es un mecanismo que puede activar solo el presidente del Gobierno.

A diferencia de la moción de censura, la cuestión de confianza permite medir el apoyo parlamentario, dado que si le es negada, la dimisión es automática y se abriría un nuevo procedimiento de elección en el Congreso. Sin embargo, el mismo Sánchez ha dejado claro que no contempla la opción de que la cuestión de confianza sea denegada. Desde el PSOE han manifestado que la propuesta de Puigdemont de la cuestión de confianza es "una demostración de fuerzas" en el contexto de las negociaciones presupuestarias.

Qué significa la cuestión de la confianza para Sánchez

La cuestión de la confianza es un todo o nada. Es un movimiento arriesgado, incluso en los momentos políticos de más estabilidad. De plantearse la cuestión, Pedro Sánchez tendría que comparecer ante el Congreso y someterse a la votación directa de los grupos parlamentarios, incluyendo los que en su día apoyaron su investidura como Junts o ERC. El proceso, que ya está regulado en los artículos 112 y 114 de la Constitución exige una mayoría simple para que el presidente continúe en su cargo. Es decir, que sólo necesita tener más votos a favor que votos en contra de la cuestión de la confianza.

En caso de no conseguir la confianza, la dimisión sería automática y España abriría una nueva fase de incertidumbre política. En el recorrido democrático español, solo han hecho uso de esta herramienta dos presidentes: Adolfo Suárez en 1980 y Felipe González en 1990. Ambos superaron el trámite, pero en contextos muy distintos al actual, ciertamente. Para Sánchez encarar una cuestión de confianza con una aritmética parlamentaria tan ajustada sería un salto al vacío.

Las implicaciones políticas del ultimátum de Puigdemont

Más allá del alcance legal de esta cuestión, y asumiendo que está en su derecho de hacerlo, el gesto de Puigdemont tiene claramente una vertiente política muy concreta. Por una parte, presionar al Gobierno en el momento delicado de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Por otra, colocar a ERC en una difícil tesitura, obligándola a decidir entre hacerse eco de la maniobra de Junts o desmarcarse justo en el momento de la reconfiguración del liderazgo de esta formación. Puigdemont no se cansa de repetir que su partido no está dispuesto para "sostener gratis" el Gobierno socialista. Para él existe un pacto de investidura que sigue vigente, pero la inacción en cuestiones como la financiación autonómica, la oficialidad del catalán o la ley de amnistía ha llevado al agotamiento de la paciencia de su grupo.

El PSOE resta importancia

Mientras tanto, el PSOE intenta quitar dramatismo al desafío. Desde la Moncloa aseguran que el Gobierno está concentrado en las negociaciones presupuestarias y que Puigdemont lanza "ultimátums" sin recorrido real. La portavoz socialista, Enma López, ha pedido "no distraerse" de las políticas que, según sus explicaciones, "mejoran la vida de las personas".

Si bien Puigdemont es consciente de que no puede forzar una cuestión de confianza, su argumento continúa siendo una maniobra estratégica para tener en vilo a Sánchez y a su propio electorado. En palabras del jefe de Junts, el Gobierno no ha demostrado tener "voluntad política" para cumplir con los pactos establecidos. El desafío lanzado desde Bruselas coloca a Sánchez en una situación complicada. Puesto que puede despreciar la propuesta de Junts, el desgaste político y las tensiones con sus aliados independentistas podrían tener un impacto importante en un momento en el cual cada voto puede decidir la estabilidad parlamentaria, el desgaste, por no entrar en la división del mismo bloque independentista.