Solventado el 41º congreso federal del partido, renovada la Ejecutiva del mismo y el liderazgo de Pedro Sánchez como secretario general, el PSOE tiene por delante el mayor reto de la legislatura en estos momentos: los Presupuestos Generales del Estado. El primer trámite para llegar a ellos ya se ha culminado con la reforma fiscal incluida mediante enmiendas a la transposición de una directiva europea para fijar un tipo del 15% a las grandes multinacionales, que garantiza el cumplimiento de los compromisos para las ayudas europeas del Plan de Recuperación. Y que, a su vez, mayores ingresos garantizan margen para las nuevas cuentas.

Pero el proceso será lento, sin presión por calendarios, y no estará finiquitado, de ser viable, al menos hasta el mes de marzo, entrando en vigor más tarde del 1 de enero. Se requerirá una prórroga del presupuesto actual hasta entonces, que data de 2023. No habrá movimientos hasta que todo esté atado. Por delante, primero queda un acuerdo para la senda de déficit, cuyo primer intento fue tumbado por Junts en julio y ahora, el PSOE, con el compromiso del resto de socios prácticamente asegurado, deberá replantear un consenso con los de Carles Puigdemont que llevaría implícito un sí a las nuevas cuentas. La presión para los neoconvergentes es ahora menor, terminado su respectivo congreso político, al que Puigdemont no quería llegar con un pacto con Sánchez para marcar perfil duro.

No será fácil, pese a todo continuar el trámite. Una vez Junts vea atendidas sus exigencias y vote a favor en pleno y se sortee el veto del Senado, la Comisión Europea evaluará la previsión para 2025 de Hacienda. Una propuesta y respectiva votación podría darse este mismo mes de diciembre en el Congreso. Será después cuando, ya prorrogados temporalmente las actuales cuentas, nuevamente, se trabaje sobre el borrador que PSOE y Sumar tiene avanzado.

La negociación entre socios de coalición está encaminada, aunque Sumar quiere incorporar algunas novedades como una prestación por hijo de 200 euros mensuales no ligada al nivel de ingresos para la lucha contra la pobreza infantil, a petición del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Recientemente, los magentas animan a Sánchez a incluir la empresa pública de vivienda anunciada el domingo pasado al cierre del congreso socialista. Sumar insistirá en gravar al 21% del IVA a los pisos turísticos o quitar los privilegios a las socimis, entre otras cuestiones previamente acordadas con el PSOE para el pacto fiscal que luego no fueron respaldadas.

El reto mayúsculo será aunar los diversos intereses de los socios de legislatura. EH Bildu es el que mayor disponibilidad tiene en estos momentos, sin grandes exigencias. En noviembre ya despejó su voto a favor. Eso sitúa al PSOE (120) y Sumar (27) con seis votos extra. Se pueden dar prácticamente por descontados los cinco votos del PNV hasta el total de 158 síes, después de los compromisos para traspaso de competencias con el que el PSOE cree atado el respaldo vasco. Entre ellos, la gestión del litoral y la cinematografía, que se firmarán en la Comisión Mixta de Transferencias antes de final de año.

Junts: culminar la transferencia de inmigración

Hay una ligera inercia de los de Puigdemont a emular los tiempos de CiU, dado que la apertura a negociar con el Gobierno es patente. Aunque aún los neoconvergentes están lejos de dar su sí. Hay tres condiciones clave, consideradas como incumplimientos del PSOE, que Junts quiere resolver para abrirse a un acuerdo. El primero tiene que ver con la desclasificación de documentos del CNI en relación al atendado del 17-A en Barcelona y Cambrils. El segundo, la cesión de competencias de inmigración para la Generalitat, acordado en enero. Y, tercero, que se resuelva el embrollo en torno al impuesto a las energéticas, a la que se oponen pero que el Ejecutivo prometió a Podemos, ERC o EH Bildu.

Podemos, con cuatro escaños clave, es quien cotiza más alto su apoyo: un 40% de bajada en el alquiler y ruptura de relaciones con Israel

Una de las claves es esa transferencia, que parece viable en cuyas negociaciones está siendo partícipe la Administración de Salvador Illa. A todo ello, se añade las compensaciones a Cataluña por inversiones presupuestadas no ejecutadas por Moncloa. Vienen arrastrando esta exigencia desde las elecciones autonómicas de mayo. El año pasado, de 2.276 millones presupuestados para Cataluña se dedicaron 1.028 millones. Otra demanda es la condonación de la deuda contraída con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que supera los 75.000 millones de euros. Aunque estos dos últimos aspectos no serían prioritarios para este trámite.

ERC: cumplimiento del 20% de condonación

El partido republicano, a esperas de decidirse si Oriol Junqueras o Xavier Godàs en la segunda vuelta de las primarias de ERC, ya ha dejado alguna de las condiciones que exigirá a Sánchez. En este caso, Junqueras, que parte como favorito, demandará al PSOE el cumplimiento del 20% de la condonación de la deuda del FLA de Cataluña. Son los 15.000 millones pactados hace algo más de un año para la investidura de Sánchez comprometidos que aún no se han materializado.

Esa exigencia sostenida en el tiempo comulga con un cambio de matices en su defensa, asegurando que la deuda contraída con el FLA es "injusta" y "se ha impuesto a Cataluña", cuando fue impulsado para evitar la quiebra de las comunidades más endeudadas. La condonación va ligada al debate territorial de financiación, que, nuevamente, ha quedado estancado al cierre del verano. El 13 de diciembre en la Conferencia de Presidentes de Santander volverá a tocarse. A ella, se le une el impuesto energético, clave para ERC.

Podemos: el precio más alto

El Gobierno, que estas semanas ha aplazado el contacto con los socios para resolver la cuestión del gravamen energético comprometido con Podemos y el resto, tiene hasta el 31 de diciembre para promoverlo vía proposición de ley. Si para entonces no se consigue, se deberá hacer por real decreto, que requiere de convalidación. La encrucijada es palpable: si apuesta a favor Junts y el PNV se alejarán de un posible acuerdo, y si se sitúan en contra, Podemos se bajará. La vía intermedia que el PSOE quiere impulsar es que las energéticas que destinen partidas a la descarbonización [que son prácticamente todas] queden exentas, lo que permitiría a Podemos sacar un acuerdo sin que afectase a las energéticas de País Vasco y Cataluña, que es lo que preocupa a jeltzale y neoconvergentes.

Si se supera ese obstáculo, la siguiente pantalla con Podemos será más dura aún. Los morados, con la validación de sus bases, reclaman exigencias que para los socialistas son desproporcionadas pero que los de Ione Belarra creen más que asumibles. La más sonada es la reducción de un 40% del precio del alquiler por ley —hay variables para nuevos contratos y en la aplicación para municipios—. Bien con una rebaja en la renovación de los contratos o en los nuevos, con el anterior como referencia.

Se añade, en materia de vivienda para paliar la problemática existente, la prohibición de la compra de vivienda para quien no las vayan a habitar, o la puesta de las mismas en alquiler hasta pasados cuatro años de la adquisición para combatir la especulación. Se pide al Gobierno que suprima las empresas de desocupación de inmuebles. Y como añadido, se insta a romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. Son las demandas más complicadas de asumir para el Gobierno en términos económicos y de relaciones internacionales.

Partidos minoritarios dentro del Grupo Mixto, como el BNG o Coalición Canaria, quieren que haya nuevas cuentas, pero que éstas respeten sus respectivas agendas. La líder del BNG, Ana Pontón, desde Galicia, ha instalado una de las líneas rojas conocidas por el partido: que se rechace el proyecto de una fábrica de fibras textiles en Palais de Rei (Lugo) a cargo de la empresa portuguesa Altri. El Bloque pide al Gobierno que escuche a la población, entre la que hay "un movimiento en contra de la macro celulosa que no quiere Portugal y que implica ignorar el cambio climático y poner en riesgo 8.000 empleos en el sector pesquero y rural". Los canarios ligarán su apoyo a las cuentas al cumplimiento de las partidas anteriores. Especialmente a lo que tiene que ver con inmigración.