El PP todavía no se puede anotar la victoria. Es lo que defiende el Gobierno. Que el acuerdo de los populares con Junts (más Vox, ERC y PNV) para, vía enmienda, suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, todavía no es ley y que queda "mucha tramitación" parlamentaria por delante. De hecho, en lo que están los socialistas, junto a Sumar, es en buscar la vía de poder revertirlo después de haber conseguido paralizar este martes el trámite de la ley de la que colgaba esa enmienda.

El Congreso debatía el lunes el informe de la ponencia del proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Era un debate a puerta cerrada. ¿Qué ocurrió? Que se incorporó una enmienda transaccional de PP y Junts en la que se establece la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción energética, actualmente fijado en el 7%. El PP enseguida celebró el "éxito parlamentario" logrado con los posconvergentes, y a su vez la "clamorosa derrota" del Gobierno.

Una ausencia en la reunión del lunes de un diputado del PSOE impidió que se pudiera calificar el veto del Gobierno a la transaccional de PP y Junts

Los populares pudieron apuntarse el lunes por tarde el tanto gracias a una ausencia decisiva. El Gobierno siempre tiene el poder de vetar enmiendas, según el artículo 134 de la Constitución, que supongan una merma de ingresos o una disminución de los gastos. Pero en la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica, que preside la exministra Cristina Narbona y en la que tienen mayoría PSOE y Sumar, faltaba este lunes uno de sus miembros, el diputado socialista por Almería Juan Antonio Lorenzo. Su ausencia impidió que se calificara el veto del Gobierno. Se empató en tres ocasiones —entre los dos parlamentarios de PSOE y Sumar y los dos del PP— y, cuando eso sucede, el reglamento del Congreso es taxativo: la iniciativa sometida a votación decae. Así que el veto del Ejecutivo no prosperó y la enmienda de populares y Junts pudo triunfar.

Ese era el escenario con el que arrancaba este martes. Pero tanto el Grupo Socialista como el Gobierno advirtieron de que la guerra no estaba ganada para la derecha. "Es un trámite absolutamente inicial en la tramitación de un proyecto de ley que, por tanto, queda todavía mucha tramitación y mucho debate por delante", señaló desde la Moncloa la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. El portavoz socialista en la Cámara baja, Patxi López, incidió en la misma línea: la ley solo ha superado su trámite en ponencia, por lo que todavía "hay todo un recorrido" en que se intentará "revertir o condicionar" la decisión, puesto que supondría una disminución de 1.500 millones de ingresos para las arcas públicas, informa Europa Press. "Las cuentas tienen que cuadrar", siguió el portavoz socialista, que recordó que ese impuesto se creó bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Nueva reunión a las tres de la tarde

El paso siguiente se dio en el Congreso. Cerca de las tres de la tarde de este martes, Narbona reunió a la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica para paralizar la tramitación del proyecto. La previsión inicial era que la comisión aprobara el dictamen el próximo jueves, para enviarlo la próxima semana al pleno y de ahí al Senado. Lo que hizo la Mesa fue suspender esa reunión del jueves. Es decir, aprobó "interrumpir la tramitación" de la ley, entre protestas de los parlamentarios populares. En esta ocasión, sí funcionó la mayoría de PSOE y Sumar: estaban sus tres miembros, frente a los dos del PP.

¿Hasta cuándo se suspende la comisión? "El Gobierno decidirá", sostienen fuentes del órgano consultadas por este diario. No hay fecha clara. En la Moncloa no dan detalles de la estrategia, pero una vía de salida podría ser recomponer de nuevo su mayoría, atrayendo a sus socios para despegarlos del PP. López explicó que una de las fórmulas para revertir lo acordado sería emitir un voto particular en la Comisión de Transición Ecológica o en el propio pleno del Congreso, para que se vuelva a votar este punto y se regrese a la redacción original, sin la enmienda aprobada en ponencia. Pero para ello el PSOE necesita el apoyo de sus socios, y "siempre se puede negociar y llegar a un acuerdo con otros grupos".

Una salida posible, cuenta Patxi López, es emitir un voto particular en comisión o en pleno para que se vuelva a votar este punto y se regrese a la redacción original, pero el PSOE necesita a sus socios

Por el momento, socialistas y Sumar logran parar el reloj. Ganar tiempo. Pero no es infinito. De hecho, el propio Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, recordaba este martes que el proyecto de ley en tramitación traspone recientes normativas europeas —dos directivas (la 2023/959 y la 2023/958) e introduce algunas disposiciones específicas referentes del reglamento (UE) 2023/956 y el reglamento (UE) 2023/957—, y lo que hicieron los grupos fue incluir enmiendas ajenas al texto. El acoplamiento al ordenamiento jurídico español, insistían en el Ejecutivo, es "urgente", porque el plazo de trasposición ha sido de apenas siete meses y contiene novedades que se aplican desde el 1 de enero de 2025.

Así, el texto incluye la aplicación del mecanismo de ajuste en frontera (el arancel comunitario de CO2) o la extensión del régimen de comercio de emisiones de CO2 al transporte por carretera y la edificación. Afecta, continúa Transición Ecológica, a 900 instalaciones industriales y energéticas, a 30 operadores aéreos, a 600 navieras y a unos 1.000 distribuidores de combustibles, que tienen "una gran inseguridad jurídica y riesgo de litigiosidad". Por eso urge a los grupos a culminar la tramitación lo antes posible, para disponer de un nuevo marco jurídico.

Transición Ecológica urge a la tramitación del proyecto de ley porque traspone normativas europeas y contiene novedades que se aplican desde el 1 de enero de 2025

El Gobierno, en cualquier caso, defiende que el acuerdo de PP y Junts es puntual y no teme por la continuidad de la legislatura. De hecho, espera disponer pronto de nuevos Presupuestos. El proyecto se presentará en el primer trimestre del año, dijo Alegría —es "lo deseable y lo presumible"—, para "intentar aprobarlos cuando se dé ese consenso". La portavoz insistió en que el Ejecutivo está en contacto con todos los grupos. El Gabinete de Pedro Sánchez, aseguró, es consciente de su minoría parlamentaria. Añadió que lo importante son los hechos: "A través de la negociación y el diálogo, que no siempre es sencillo, hemos sido capaces de llegar a importantes acuerdos".

La ministra presumió de que este primer año de legislatura acabará con 25 leyes aprobadas y recordó que cuando se estaba negociando el paquete fiscal también había dudas de que pudiera salir adelante. Pero se logró. "Cuando la política te exige acuerdo y diálogo, hay que afrontarla con realismo y con positividad", sostuvo.

El Ejecutivo insiste en que, aunque sea complicado, es capaz de llegar a acuerdos, y confía en poder presentar el proyecto de Presupuestos en el primer trimestre de 2025

Alegría, como ayer trasladaran Gobierno y PSOE, reiteró que pese a la petición de Carles Puigdemont de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, el presidente no tiene "ni intención ni necesidad" de hacerlo porque "cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos", como quedó demostrado cuando salió investido, hace un año. Y respecto a las conversaciones con los posconvergentes para el traspaso de las competencias migratorias, señaló la portavoz que están "avanzadas", pero pidió discreción para que el diálogo fructifique.