La Mesa del Congreso planea tumbar a Junts su petición de cuestión de confianza usando el precedente de Rubalcaba de 2013

PSOE y Sumar, socios del Gobierno de coalición, dirán muy probablemente a Junts no. Por ahora, se inclinan por no admitir siquiera a trámite su petición de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. La próxima semana, los dos grupos, que tienen mayoría en la Mesa del Congreso, rechazarán, en principio, esa exigencia de los posconvergentes, armándose de los informes de los letrados y apuntando a un precedente claro: en 2013, una moción socialista, promovida por quien entonces era secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue desechada por el órgano rector de la Cámara baja porque era una "moción de censura encubierta".

El lunes, Carles Puigdemont dio un pequeño golpe sobre la mesa desde Bruselas. Se quejó de que Sánchez "no es de fiar", lamentó que las cosas "no van bien" con el Ejecutivo. Su aviso se tradujo en una proposición no de ley que su grupo registró de inmediato en el Congreso. Un texto en el que insta al presidente a que se someta a una cuestión de confianza. Los socialistas rechazaron de inmediato la idea de que Sánchez pregunte a la Cámara si dispone de los apoyos necesarios, pero evitaron entrar al choque con Junts, conscientes de que los votos de sus siete diputados son fundamentales. Recordaron que la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, y que por tanto no nace de la iniciativa de los grupos. Lo que la oposición sí puede hacer es interponer una moción de censura para derribar al Ejecutivo.

El órgano rector de la Cámara baja, que controlan PSOE y Sumar con mayoría absoluta, deberá tomar la decisión de si admitir o no a trámite el texto de Junts en su reunión del próximo martes

La pregunta a responder es qué hacer con la proposición de los posconvergentes. Porque, en caso de ser admitida a trámite, no entraría a debate en el pleno de la Cámara, como pronto, hasta finales de febrero o marzo, pasado enero, mes de vacaciones parlamentarias. Pero la duda es si ese texto podía ser admitido a trámite. Si jurídicamente podía ser válido. Y esa ha sido la discusión de las últimas horas. PSOE y Sumar se inclinan, al menos ahora mismo, por rechazarlo. Todavía hay días de margen para apuntalar la decisión, ya que la Mesa del Congreso, que preside la socialista Francina Armengol, no se pronunciará hasta la reunión del próximo 17 de diciembre. El PSOE no tiene nada clara la viabilidad jurídica de la propuesta, y el PP también la desdeñó. Socialistas y Sumar tienen cinco de los nueve puestos. Mayoría absoluta por sí mismos.

Fuentes parlamentarias explicaban este martes que, hace once años, el órgano rector de la Cámara baja, entonces con mayoría absoluta del PP, tumbó una iniciativa presentada por la entonces portavoz socialista, Soraya Rodríguez, el 19 de septiembre de 2013. En aquel momento estaba en ebullición el caso Bárcenas y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había comparecido en el pleno del Congreso. El PSOE de Rubalcaba recalcaba que el jefe de Ejecutivo había "faltado a la verdad" en varias ocasiones ante sus señorías. El partido, en su moción consecuencia de interpelación urgente, subrayaba que "el respeto a la verdad es la primera condición de la transparencia y la rendición de cuentas" y en consecuencia deploraba que Rajoy hubiera mentido en sede parlamentaria. E instaba al presidente a "asumir las responsabilidades políticas que ineludiblemente deben derivarse de las falsedades vertidas ante el pleno del Congreso".

Los letrados informaron en contra de ese pasaje de la iniciativa socialista. Alegaron que su tramitación pervertía el artículo 113 de la Constitución, el que regula las mociones de censura. Estimaban los servicios jurídicos de la Cámara que el texto del PSOE no se adecuaba al "cauce constitucional previsto a tal efecto, en la medida en que supondría una moción de censura encubierta". La proposición no de ley de Junts de 2024 es más directa que la de Rubalcaba de 2013 y no deja lugar a dudas: "El Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno español a plantear una cuestión de confianza". Sin ambages y sin circunloquios.

Este mismo martes, la Mesa rechazó un punto que introdujo vía enmienda Vox, por el proponía que el Rey disolviese las Cortes y convocase elecciones, una competencia que es exclusiva del presidente

Ese es un precedente que la Mesa tendrá en cuenta en su deliberación de la próxima semana. Pero hay otro más reciente. De este mismo martes. El pleno tenía que debatir una moción del PP sobre cómo está afectando al Ministerio de Política Territorial la presunta relación de su titular, Ángel Víctor Torres, la trama Koldo. Vox registró una enmienda en la que, como tercer punto, planteaba "proponer inmediatamente al Rey la disolución de las Cortes Generales" para que los españoles puedan elegir "a un nuevo Gobierno mediante la convocatoria de elecciones generales".

El órgano rector de la Cámara baja se reunió de urgencia apenas dos horas antes de que arrancase la sesión plenaria. PSOE y Sumar plantearon rechazar ese punto porque desbordaba los límites de una moción, ya que la competencia de convocatoria de unas generales recae exclusivamente en el presidente del Gobierno, y no en el Rey. El PP también era partidario de tachar ese punto, pero pidiéndole a la ultraderecha que lo reformulase. El resultado es que ese apartado controvertido se quitó por decisión de la Mesa. Fuentes parlamentarias exponían este caso como un ejemplo de cómo el órgano de gobierno del Congreso tiene la potestad de tumbar aquellas iniciativas que no son jurídicamente válidas.

Es cosa de los letrados y de la Mesa", señalan en el Ejecutivo. A la viabilidad jurídica se le añade la oportunidad política, porque Junts es un socio imprescindible para el Gobierno de Sánchez

Pero a la razón legal se superpone en este caso la oportunidad política, porque Junts no es cualquier grupo. Es un socio imprescindible para el Ejecutivo y con el que las relaciones no son nada fáciles. La fragilidad siempre está presente. Por eso fuentes de la Moncloa comentaban a este diario en la noche del martes que aún se está "pensando" qué hacer, que esto, precisaban en el núcleo duro de Sánchez, "es cosa de los letrados y de la Mesa". Si finalmente se admitiese a trámite la iniciativa, entraría a debate en el pleno para febrero o marzo y prosperaría si PP y Vox la apoyasen. Pero entonces los interpelados serían, por un lado, los posconvergentes, por si están dispuestos a retratarse del lado de la formación de Alberto Núñez Feijóo y de la ultraderecha. Y, por otro lado, estos dos grupos, por si quieren unir sus votos a los de los independentistas catalanes.