A quienes dieron el paso antes que ellos la banda les tildó de traidores. Acogerse a beneficios penitenciarios estuvo prohibido durante décadas por la dirección de ETA. Hace años que la directriz ha cambiado. Lo hizo en 2017, tras una votación interna del colectivo de presos que aprobó poder acceder a ellos, pero con dos líneas rojas que aún hoy se mantienen: ni delación ni arrepentimiento. Siete años más tarde, en las cárceles vascas los presos de ETA no sólo se acogen a beneficios con los que acelerar su puesta en libertad sino que muchos incluso gozan de programas que les permiten hacerlo con formación profesional, trabajo y dados de alta en la Seguridad Social. Según datos del Departamento de Justicia y Derechos Humanos son 37 los etarras que están dados de alta y cotizan por su trabajo en empresas acordadas con las prisiones o en talleres internos, dentro de las cárceles.

Desde octubre de 2021 es el Gobierno vasco quien gestiona las tres cárceles vascas. El traspaso de la competencia ha permitido al Ejecutivo de Imanol Pradales –y antes al de Iñigo Urkullu- moldear la política penitencia y apostar por lo que define como un ‘modelo vasco’ propio que tiene la reinserción de los presos de ETA y del resto de condenados como su prioridad. El departamento ha estado gestionado por el PNV hasta las pasadas elecciones, tras las cuales el acuerdo PNV-PSE para gobernar estableció que serían los socialistas quienes asumirían la gestión penitenciaria.

Actualmente en el sistema carcelario vasco cumplen condena 119 presos de la banda terrorista, a los que según datos de Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA, se suman cinco más en Navarra y otros cuatro etarras encarcelados en Francia. Una treintena de ellos cumple su condena en régimen de prisión domiciliaria vigilada y otros 89 lo hacen en los centros penitenciarios, en mayor medida en Zaballa (Alava), donde están encarcelados 46 presos de la banda, en Martutene (Gipuzkoa) lo hacen 27 y en la prisión vizcaína de Basauri una docena. En Pamplona, 4.

Entre los presos que aún cumplen condena figuran algunos de los nombres de mayor peso en la historia de ETA, como la que fuera jefa de ETA, Marisol Garmendia ‘Anboto’, Garikoitz Azpiazu ‘Txeroki’ o Javier García Gaztelu, ‘Txapote', e Irantzu Gallastegi, condenados por el asesinato de Miguel Angel Blanco, entre otros.

Acuerdo con empresas externas

Los etarras dados de alta en la Seguridad Social lo son por participar en el programa promovido por la Agencia Vasca de Reinserción Social ‘Aukerak’ (Oportunidades), que ejerce de empleador e impulsa su inserción sociolaboral. Existen dos opciones, la inserción mediante talleres laborales acordado en el exterior con empresas o los realizados dentro de la prisión. En el caso de los talleres externos son cinco los etarras contratados, tres en una empresa vizcaína dedicada a la producción de herramientas de corte para uso industrial y dos en una empresa radicada en Alava, dedicada al diseño y fabricación de productos y piezas de caucho para el sector de la automoción, los electrodomésticos y otro tipo de aplicaciones industriales.

Los 23 presos de ETA restantes trabajan en talleres dedicados al mantenimiento de las prisiones. El mayor grupo, cinco de ellos, lo hacen en la biblioteca de la prisión alavesa de Zaballa. En labores de mantenimiento están trabajando tres presos, dos en el área de panadería, uno en cocina y cinco en labores de administración y gestión. El resto se reparten en trabajos de jardinería (3), almacén (2), limpieza (3), Audiovisuales (2), deporte (1), atención de dependencias (1), prevención de suicidios (1).

El Ejecutivo vasco afirma que el acceso de los presos de ETA a este tipo de puestos de trabajo remunerados y con alta en la Seguridad Social es similar. Destaca que se prioriza a aquellos internos para los que se considera idóneo como parte de su reinserción. También a los internos condenados, no preventivos, a quienes muestran una aptitud laboral acreditada, una buena conducta carcelaria, tienen cargas familiares o han desempeñado un puesto de trabajo en otro centro penitenciaria por un periodo superior a un año.

En el caso de los presos de ETA es habitual que muchos de ellos carezcan de trayectoria laboral o incluso formación académica, especialmente los que arrastran condenas más abultadas. En determinados casos se trata de internos que acumulan más de veinte años privados de libertad. Por ello, como al resto de los presos, se les ofrece la posibilidad de formarse en alguna profesión o actividad como fase previa a avanzar en su proceso de reinserción laboral. ‘Aukerak’ tiene suscrito un programa con la Fundación La Caixa dirigida a la reinserción de presos que el año pasado benefició a 43 internos y hasta noviembre de este año a otros 86.

431 empleos en 2024

En su conjunto las cárceles vascas albergan a más de 1.550 presos, a los que cada año se les oferta este tipo de puestos de trabajo remunerados. Este 2024 ha sido el que más ofertas ha brindado, con 431 plazas hasta el momento, la gran mayoría en Alava. Se trata de empleos de baja cualificación en tareas como la cocina, electricidad, asistencia sociosanitaria básica, limpieza o lavandería, entre otros. Sólo en los tres últimos años, desde que el Gobierno vasco gestiona las tres cárceles vascas, se han ofertado 1.101 puestos.    

El Gobierno vasco siempre ha defendido la necesidad de reforzar estas vías de reinserción para el conjunto de los presos, tanto los de ETA como el resto de internos. Recuerdan que el trabajo penitenciario es un derecho que tiene el preso, recogido en el Real Decreto 782/2001, como elemento fundamental de tratamiento. Añade que permite en muchos casos “facilitar a los internos unos ingresos mínimos con los que atender a sus cargas familiares y personales”, además de contribuir a poder hacer frente a la responsabilidad civil derivada del delito por el que fueron condenados.

Es la propia agencia ‘Aukerak’ la que tramita todo el proceso y la que alcanza acuerdos con empresas del exterior para la contratación de los presos. Actualmente, para el conjunto de internos que participan de estos programas, 605 en total, existen acuerdos con 8 empresas. En ellas trabajan además de los cinco presos de ETA otros 168.

El departamento subraya que entre los internos que desean trabajar y tienen incluido dentro de su programa de tratamiento poder participar en estos talleres “la práctica totalidad consigue un puesto de trabajo remunerado”, asegura el departamento en una respuesta parlamentaria. Señala que entre los internos que no solicitan estos trabajos las razones son diversas. Desde motivos de salud, edad o mala conducta o porque se encuentran inmersos en proceso de deshabituación o por mostrar una conducta inadecuada.