En el escrito que Víctor de Aldama envió al Tribunal Supremo para detallar las actividades que había descrito en su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional, el presunto comisionista del 'caso Koldo' menciona, entre otras, a la consultura tecnológica Sortis S.L.

Aldama asegura que el presidente de esta empresa, Israel Pilar Ortiz, abonó comisones en efectivo a Koldo García y que suscribió un contrato de prestación de servicios el 1 de julio de 2021 con la sociedad Deluxe Fortune S.L --una de las empresas de Aldama-- para encubrir el pago de comisiones durante la pandemia. En el escrito, el "nexo corruptor" de la trama también afirma que Koldo García percibió 10.851 euros de una mercantil vinculada a Ortiz, Instalibero District.

En 2021, Sortis S.L consiguió un contrato de más de dos millones de euros con Correos, entidad que por aquel entonces dirigía Juan Manuel Serrano, que previamente había sido jefe de gabinete de Pedro Sánchez y que, tal y como desvela hoy El Independiente, mantuvo contactos con Aldama para intentar que Correos entrase en Brasil.

En declaraciones a El Mundo, Serrano ha justificado sus contactos con Aldama explicando que éste "era un consejero de Globalia, una de las principales empresas de aerolíneas de España y nada hacía pensar nada extraño en ese momento".

En su momento, la adjudicación a Sortis por parte de Correos generó polémica, puesto que esta empresa cuenta con una compañía hermana en Panamá, denominada Sortis Networks Panamá, que fue constituida en el año 2014. Comisiones Obreras denunció que el contrato había sido adjudicado "a dedo", y en un comunicado dirigido a Serrano el sindicato se preguntaba "si era decente" darle dos millones de euros a una consultora vinculada a un paraíso fiscal. En este punto, cabe destacar que España no considera a Panamá un paraíso fiscal, aunque la Unión Europea sí lo hace.

El presidente del Partido Popular por aquel entonces, Pablo Casado, llegó a pedir a Sánchez que asumiese responsabilidades por la adjudicación de este contrato, puesto que había incumplido el compromiso del PSOE de no favorecer a entidades con presencia en paraísos fiscales.

Este periódico también contó como el nombre de Pilar Ortiz aparece en el sumario a través de las conversaciones que mantenían Aldama y Juan Carlos Cueto, considerado el 'cerebro' de la operativa empresarial de las mascarillas. Se refiereían a él como la "llave" del acceso a los fondos públicos o la persona que tiene fotos comprometidas con el "superjefe".

A pesar de ello, todavía no ha sido llamado a declarar, y no estuvo entre los arrestados que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a la Audiencia Nacional para que pasaran a disposición judicial. Lo que sí hicieron los agentes fue registrar su domicilio en la calle Goya de Madrid, donde está ubicada la mercantil Ipilar S.L., de la que es socio y administrador único. Los investigadores sospechan que se trata de una sociedad instrumental.