Hace una semana el vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, decretó en una comparecencia informal ante los medios en la calle, en el barcelonés barrio de Besós-Maresme, que se suspendían temporalmente las conversaciones con el PP a nivel general para las negociaciones de los presupuestos autonómicos. Todo asociado a que los populares dejasen clara una posición contraria al reparto de menores extranjeros no acompañados en el retorno a la mesa de inmigración con el Gobierno, pero sin distinguir peculiaridades de ningún Ejecutivo. Un encuentro entre el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que se saldó sin ningún avance.

El lunes, como continuación desde Bambú, el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, avanzaba que estarán "muy atentos" a las conclusiones sobre inmigración en la Conferencia de Presidentes del viernes. Reflejando ese evento como el termómetro para saber si el diálogo se reanuda o no en próximas fechas. Sin embargo, como ha podido saber El Independiente, y a raíz de los acontecimientos de las últimas horas, Vox Baleares no aplicó ese mandato de la dirección nacional antes de dinamitarse cualquier posibilidad ya de acuerdos para presupuestos.

Desde días atrás vienen dándose contactos iniciados por parte del PP para avanzar ante un calendario que era muy limitado. Fuentes conocedoras precisan, por ejemplo, que hubo peticiones del PP de aplazar cualquier decisión hasta la conclusión de esa Conferencia. Fue la noche del lunes cuando el diálogo fue más detallado y cuando se consagró la ruptura entre las partes por diferencias en la materia lingüística en la educación.

Mientras que fuentes nacionales alejan esto de un incumplimiento de esa suspensión, al no llevarse la iniciativa, fuentes locales de Vox trasladan que los contactos mantenidos no suponen una desobediencia a Madrid. Es más, defienden que su caso era especial respecto al resto de aparatos territoriales. Lo explican mencionando que el bloqueo presupuestario se limitaba a esas diferencias lingüísticas y no por la inmigración, dado que el PP de Marga Prohens ya dio su visto bueno a no aceptar más menores inmigrantes en las islas para la aprobación del techo de gasto anteriormente. De ahí que no se sintiesen interpelados por las palabras de Garriga.

Según relató este martes la portavoz de Vox Baleares después de que Prohens confirmase que retiraba su proyecto de Presupuestos, ambas formaciones llegaron anoche a un consenso para sentarse a dialogar sobre lengua. Algo que el PP desmintió por la mañana. El choque se ha producido por la exigencia de Vox de que el catalán no fuese lengua vehicular y por querer asegurar al menos un 50% de las clases en castellano, algo que los populares no comparten. Desde Vox, se les acusa de reclamar hace un par de años lo mismo que ahora se niegan a aceptar. Lo cierto es que lo que demandaba el PP es que tanto el catalán como el castellano fuesen lenguas vehiculares, no que se suprimiese una. El PP acusa al grupo de forzar la maquinaria para complacer las órdenes de Madrid.

Desde Palma de Mallorca, donde está la sede parlamentaria autonómica, Vox se mantiene abierto a negociar con el PP si decide rectificar. Aunque gestos como desechar la eliminación de la Ley de Memoria Histórica, reconocen, no son el mejor camino. Esas mismas fuentes se sorprenden del giro que han tenido en apenas horas para rechazar algo que "compartían con nosotros" para "abstenerse con la izquierda". Incluso por abrirse con ella a pactar esos presupuestos en el próximo periodo de sesiones, ya en febrero.

Vox Baleares creen que el mensaje de suspensión de Garriga no iba con ellos al comprometerse Prohens a rechazar más acogidas a cambio del techo de gasto

En Madrid, sin embargo, se endurecen más las posturas y la desconfianza de Vox hacia el PP, tras dinamitarse las relaciones en las islas, escala a cotas altas con la mirada puesta en el resto de enclaves por despejar. Ya solo se vislumbran la Comunidad Valenciana, por la urgencia de atender las consecuencias de la DANA [la previsión de reunión con el equipo de Mazón esta semana también escapa a ese veto temporal de Garriga] y Aragón.

La Memoria Democrática divide la estrategia del PP

Las conversaciones en Aragón están más encarriladas por dos aspectos: se cumple la exigencia de Vox de octubre de no dar marcha atrás en la legislación común antes de la ruptura de Gobiernos y no hay intencionalidad de asumir acogidas de migrantes al no haber acuerdo con Moncloa. En el primer caso, mientras Prohens paraliza cualquier cambio en Memoria, Aragón renuncia a dar pasos atrás después de que la supresión de su ley regional esté en proceso de revisión por parte del Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno central. Habiendo pasado ya más de cinco meses sin esa revisión, la derogación ha vuelto a estar en vigor hasta que el TC se pronuncie.

En la Comunidad Valenciana, además de las consecuencias de la DANA, el trato con Mazón es bueno. "Ha hecho suya la ley de Concordia", vienen recordando desde Vox de la ley alternativa a la de Memoria pactada y ya en vigor en la región. Aunque se ha amagado para reformarla levemente. Pero en Extremadura, con la ruptura de gobiernos de julio, la proposición de ley quedó paralizada por el Ejecutivo de María Guardiola y no se tramitó.

Recuperarla era una de las exigencias de Vox para sentarse, sumado al rechazo migratorio que ha encontrado en la suspensión de Garriga su último episodio. A diferencia de Aragón, el PP de Extremadura considera algo ajeno a los presupuestos que Vox saque a debate presupuestario uno de los puntos del acuerdo ya roto de coalición. Diferentes figuras del Gobierno popular piden al partido que negocie en base a cuestiones de financiación.

El fantasma electoral ronda tanto entre los ejecutivos balear y extremeño, aunque en Madrid el PP prefiere estabilidad y gobernanza aunque sea en minoría. Fuentes nacionales de Vox aseguran que ellos siempre están abiertos a dar voz a la ciudadanía, pero no creen que se acabe dando estos pasos a corto plazo. Creen que se buscará el sostenimiento votación a votación ya con las prórrogas de las cuentas de 2023 aprobadas.

Baleares ha sido una rara avis en este último año y medio de relaciones entre PP y Vox. Fue el único enclave donde los de Abascal quedaron fuera del gobierno y se limitaron a ejercer presión desde fuera. Desde el principio hubo dificultades para sacar las cuentas, siempre condicionadas por la lengua. Las de este año salieron adelante con compromisos de bajada en fiscalidad y por la Oficina de Defensa del Castellano, uno de los puntos pactados que se pidió adelantar.

A la ruptura de verano y el posterior reencuentro para negociar estos frustrados presupuestos se unieron diversas fracturas organizativas. Primero con los populares, por la figura del polémico presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, a quien salvó el PP de ser destituido por el pleno tras protagonizar un episodio censurado por la izquierda en relación a las víctimas del franquismo. Segundo, orgánicamente con Vox. A una salida por el desacuerdo de la gestión de los presupuestos de 2024 le siguió un desplante en bloque a las directrices de Bambú a principios de año que hizo a Garriga iniciar los trámites para la retirada de la militancia a cinco díscolos. Entre ellos la actual portavoz Cañadas.

La situación se recondujo, aunque se produjo una segunda salida al grupo de los no adscritos y otros dos integrantes trabajan ya en una asociación de la sociedad civil como alternativa a Vox. Una repetición de elecciones beneficiaría a Vox, que podría depurar por completo las listas y asegurarse un respaldo homogéneo a las decisiones de Madrid.