Sanción de 1.200 euros para el diputado del PSOE que posibilitó que prosperase el acuerdo tributario de PP y Junts

Son las 18.12 del lunes 9 de diciembre. La secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, Montse Mínguez, telefonea al diputado por Almería Juan Antonio Lorenzo Cazorla. No sabe nada de él. Necesita localizarle. Se reúnen los ponentes que han de debatir y votar las enmiendas al proyecto de ley que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Lorenzo es miembro, como parte de la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica a la que se adscribe la ponencia. Pero no está en Madrid. Mínguez le pregunta. Él responde que no sabía que era una reunión tan relevante la que se está celebrando en la Cámara baja. Alega que tiene una urgencia familiar.

La ausencia de Lorenzo está en el origen de lo que ocurrió el lunes y de las horas posteriores. Porque con su falta hizo posible que prosperasen las enmiendas de PP y Junts para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, siempre y cuando no haya déficit de tarifa. Impuesto fijado en el 7% y que permite al Gobierno recaudar unos 1.500 millones de euros al año. Y ese desliz no lo tiene nada fácil revertir el Ejecutivo, porque no tiene a día de hoy los apoyos para dar la vuelta a ese pacto de populares y posconvergentes —que apoyaron además PNV, Vox y ERC—, lo que le obligará a buscar una vía de salida para lograr su objetivo. Una posible es la de lanzar un real decreto ley nuevo, sin posibilidad de que PP y Junts se la jueguen de nuevo e incorporen enmiendas. La "irresponsabilidad grandísima" del diputado socialista le saldrá cara: hasta 1.200 euros. "Nada para lo que nos ha hecho", lamentaban con irritación en la Moncloa.

La presencia del diputado Juan Antonio Lorenzo era necesaria para que el Gobierno pudiera ejercer el derecho de veto de las enmiendas de PP y Junts

Para entender qué pasó hay que entender la dinámica del trámite parlamentario. Una vez que una ley supera el debate de totalidad, pasan a discutirse las enmiendas parciales que registran los grupos. Primero en ponencia, a puerta cerrada, sin cámaras ni micrófonos. Y ese fue el paso que se sustanció el lunes. El Gobierno, en virtud del artículo 134 de la Constitución, puede vetar aquellas iniciativas que supongan una minoración de los ingresos o un aumento de los gastos. Pero para que esos vetos sean efectivos han de ser calificados, admitidos a trámite. En este caso, por la Mesa de la Comisión competente, la de Transición Ecológica, presidida por la exministra Cristina Narbona. PSOE y Sumar tienen garantizado en esta legislatura el control, porque suman mayoría absoluta: tres miembros para ellos, dos para el PP. Pero el lunes se ausentó el parlamentario socialista por Almería Juan Antonio Lorenzo, también secretario general del partido por Almería. La Mesa la componían entonces una diputada del PSOE —Narbona—, uno de Sumar (Vicenç Vidal) y dos del PP. Dos de izquierdas, dos de derechas. Los socios de gobierno se quedaban sin mayoría. Al someterse a votación los vetos del Ejecutivo, se produjo un triple empate y lo que marca el reglamento del Congreso es que en ese caso decae la iniciativa.

Así, quedaban vivas dos enmiendas. Una del PP, la número 101, que modificaba el IVA a entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica. Y otra, de Junts, la numerada como 64, la importante, que pedía la supresión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. Sobre ese último texto transaccionó el PP. La nueva redacción conjunta de los dos grupos fue apoyada no solo por ambos proponentes, sino por Vox, PNV y, sorprendentemente, por ERC, que argumentó que ese gravamen fue creado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que entró en vigor en 2013, "con la intención de desincentivar la producción de energías renovables", un impuesto que "no existe en ningún otro país europeo, lo que encarece artificialmente la electricidad". La ponencia aprobó además una enmienda del PP que estimula la continuidad de la industria de cogeneración.

Las modificaciones se incorporaron al informe de la ponencia. El siguiente paso se iba a dar este jueves. Estaba programada la reunión de la Comisión de Transición Ecológica, con el objetivo de aprobar el dictamen que la semana que viene estudiaría el pleno del Congreso para, de ahí, caminar hacia el Senado. Ya no será así. Narbona reunió de urgencia este martes a la Mesa de la Comisión para suspender la cita del jueves. Ya sí estaban sus cinco miembros y PSOE y Sumar consiguieron su objetivo. Con ello, se interrumpía, sine díe, la tramitación del proyecto de ley. Los socios del Ejecutivo ganaban tiempo para intentar deshacer el entuerto.

La fórmula del voto particular, para volver a la redacción original, es complicada. ERC está dispuesta a negociar, pero el PNV está de acuerdo con la propuesta de populares y posconvergentes

El problema es que no es fácil para el Gobierno dar la vuelta a lo ocurrido. Una fórmula posible sería que el PSOE emitiera un voto particular en comisión o pleno para regresar a la redacción original del texto —sin la transaccional de PP y Junts por la que se suprime el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica—, pero para que prosperase necesitaría tener los apoyos. Y no los tiene.

Fuentes de ERC sí señalaban que estaban dispuestos a estudiar dar marcha atrás, que no tenían "nada decidido". Pero el PNV no estaba por la labor. Desde el grupo que dirige Aitor Esteban ya habían advertido del riesgo de que no se pudieran vetar las enmiendas de PP y Junts y que, si estas pasaban el filtro, ellos las respaldarían porque están a favor. Y siguen estándolo. Y los posconvergentes, que estuvieron trabajando esa modificación con los populares, tampoco tenían intención de recular. La vía del voto particular, admitían desde la cúpula del Grupo Socialista, parecía obturada.

Aagesen aprieta para sacar adelante la trasposición

"Lo arreglaremos", señalaban este martes por la noche, al finalizar el pleno, desde el núcleo duro del presidente. No querían dar más pistas, pero sí reconocían en la Moncloa (y también en la dirección parlamentaria, que pilota Patxi López) que la salida más lógica sería retirar el proyecto de ley en tramitación y que el Gobierno aprobase un real decreto ley, para que se convalidase en el plazo de un mes en el Congreso. Es la fórmula más rápida y más limpia, porque puede salir sin enmiendas si hay acuerdo de la Cámara. Y es que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica, que heredó la vicepresidenta Sara Aagesen de su antecesora, Teresa Ribera, tiene urgencia por sacar adelante el texto, ya que es una trasposición de recientes normativas europeas y que contiene novedades que se aplicarían desde el 1 de enero de 2025.

Lo arreglaremos", sostienen en la Moncloa, donde reconocen el enorme tropezón de su diputado. La salida del decreto ley es más rápida y limpia, siempre que tenga acuerdo con sus socios

Alega el ministerio que es "necesario eliminar la inseguridad jurídica" y los "daños económicos que puede acarrear la falta de marco jurídico a un amplio número de sectores económicos e industriales". Y es que las enmiendas aprobadas por los grupos en ponencia el lunes son ajenas al espíritu del texto promovido por el Gobierno, "que actualiza el régimen de derechos de emisión, que desde 2005 es una herramienta decisiva para la descarbonización de la economía española". En la Moncloa defienden que pueden modificar la regulación de impuestos vía decreto ley (no crear nuevos tributos, pero este no sería el caso).

En el Ejecutivo y en el Grupo Socialista se podía sentir un cabreo absolutamente monumental con Lorenzo. Por su "irresponsabilidad gravísima" que obliga ahora al Gobierno a hallar vías de encaje nada sencillas para impedir que decaiga un impuesto por el que recauda en torno a 1.500 millones de euros al año, según los cálculos de Hacienda. En la cúpula parlamentaria culpan sobre todo a Lorenzo por "no avisar" con antelación de que no iba a estar en Madrid, porque de haberlo hecho se habría podido posponer la reunión de la ponencia.

En el partido hablan de la "irresponsabilidad gravísima de Lorenzo", al que culpan sobre todo por "no avisar" con antelación que no iba a estar en Madrid. "No hay excusa posible", subrayan irritados

"Es su obligación estar, es que no se puede justificar. No hay excusa posible", indicaban con enfado desde la jefatura socialista en la Cámara baja. El expediente de sanción ya está en marcha: "Por perder una votación, nuestro régimen disciplinario marca que son 600 euros los que tiene que pagar el diputado multado. Fueron dos votaciones, pues 1.200". Se permitirá a Lorenzo que presente alegaciones, porque "es su derecho", pero en Ferraz y en el grupo todo está más que claro: el parlamentario incumplió con su deber y su voto era clave, nada accesorio. Esta es una legislatura de muchas estrecheces para los socialistas y nada es azaroso o trivial.

Fuentes muy próximas al diputado explicaron a El Independiente que tuvo "un problema familiar que le obligó a viajar con urgencia a Sevilla". Lorenzo "aceptará la resolución del expediente del grupo, lógicamente". En su círculo, no quieren añadir nada más ni responder a la pregunta de por qué no advirtió a los suyos de que no se trasladaría a Madrid: se remiten a las declaraciones del portavoz y a las opiniones que se valoren internamente en el grupo. "No te digo lo que pienso de él. ¡1.500 millones de euros!", manifestaba con ira un peso pesado del Gobierno.

Una proposición de ley socialista también perdida

Por la noche, el pleno del Congreso se cerraba con otra derrota para los socialistas. Su proposición de ley sobre el testamento vital y los cuidados paliativos era tumbada con los votos de PP, Vox, PNV y Junts. Por la derecha de la Cámara.

Este miércoles, Montero se reúne con los aliados de investidura para estudiar el impuesto a las energéticas. Pero el PNV no irá porque no comparte la posición de Podemos. "Toda una declaración de intenciones", aseguran desde la Moncloa

Lo sucedido en las últimas 48 horas, no obstante, prueba hasta qué punto la mayoría que sustenta a Sánchez es inestable y frágil. Y más en materia fiscal, una cuestión profundamente divisiva. Este miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibirá a los grupos para negociar el futuro impuesto a las grandes energéticas, tal y como se comprometió con Podemos para que diera su sí a la reforma fiscal. Pero el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ya adelantó que no irá a la reunión. "Toda una declaración de intenciones", señalaban en el Ejecutivo, deslizando la idea de que será imposible poner de acuerdo a izquierda y derecha de la Cámara. Esteban alegó que su formación no apoyará la continuidad del actual gravamen porque al no ser un impuesto propiamente dicho no es posible su traspaso a Euskadi en el marco del concierto económico. El PNV, justificó, "no se siente obligado a tomar parte en las urgencias de Podemos de trasladar una imagen para justificar su apoyo irreversible a un paquete fiscal".

En Hacienda ven positivo que los socios de investidura se escuchen unos a otros para que vean las posiciones de todos, para que sepan qué se encuentra el Gobierno "todos los días" cuando habla con ellos de tú a tú. El ministerio sí cree que sería posible alumbrar un impuesto que gravara a las energéticas pero a la vez no penalizase a las que invierten en descarbonización, pero creen que este debate está atrapado. Que unos y otros partidos "cogen banderas", polarizando la discusión —gravamen a las eléctricas sí, gravamen no— y haciendo imposible el consenso. "Ahora, despolarizar el debate y montar un impuesto no va a ser fácil", advierten en el Ejecutivo. En teoría, el Gabinete tendría hasta el 31 de diciembre para llegar a un pacto a varias bandas.

El Ejecutivo cree posible alumbrar un nuevo impuesto que grave a las eléctricas y no penalice la descarbonización. "Despolarizar' el debate y montar un impuesto no va a ser fácil", admiten en el Ejecutivo

Pero a esa negociación que tenía pendiente se le añade una complicación añadida, la de deshacer el acuerdo PP-Junts sobre el impuesto eléctrico. Un obstáculo con el que el Gobierno no contaba y que lo puso en el camino no un contrario, sino uno de los suyos, un diputado de la bancada socialista cuya ausencia imprevista ha salido muy cara. Para él y, sobre todo, para un Ejecutivo permanentemente en el alambre.