Las expectativas eran bajas y se cumplieron. La XXVII Conferencia de Presidentes, la que este viernes acogió el palacio de La Magdalena de Santander, nacía cruzada y no hubo manera de enderezarla. Acabó como se esperaba: sin acuerdos concretos en ninguna de las cuatro carpetas objeto de debate: financiación autonómica —la más sensible de todas—, inmigración, vivienda y sanidad. No hubo ningún documento, ningún escrito pactado. Nada. La lectura, sin embargo, fue divergente para los barones del PP y para el Gobierno y las comunidades del PSOE. Para los primeros, fue una reunión "decepcionante", vacía, sin contenido por la falta de planificación del Ejecutivo. Para los segundos, una cita útil, "muy positiva", de "altísimo respeto institucional", de diálogo y de escucha, aunque no se materializaran pactos concretos que nadie, recordaba el ministro Ángel Víctor Torres, ni las CCAA ni el Gobierno central, sondeó elevar.

Esta era la primera cumbre autonómica en casi tres años, tras la anterior, en marzo de 2022, en la isla canaria de La Palma, en la que sí hubo un documento final y firmado por unanimidad. Los presidentes del PP, que son 11, reclamaron la Conferencia insistentemente, llevaron a Pedro Sánchez a los tribunales por no convocarla, el Gobierno adujo que lo lógico era esperar a que se renovaran todos los ejecutivos autonómicos una vez concluidos todos los procesos electorales. Finalmente, y tras acabar la ronda de entrevistas bilaterales en la Moncloa con todos los mandatarios regionales, se fijó la XXVII Conferencia de Presidentes para este 13 de diciembre. El presidente y la anfitriona, la jefa del Ejecutivo cántabro, María José Sáenz de Buruaga, apelaron a los acuerdos en la apertura, en el exterior del magnífico palacio santanderino, y tras la foto de familia con el Rey. Pero fue un llamamiento baldío. Y se sabía desde el principio, aunque que no cuajaran no era lo más relevante para la Moncloa, que incidió en el valor de la imagen: la de todos los presidentes, sin excepción —solo faltó el de Melilla, por motivos personales, pero fue relevado por el presidente accidental, su vicepresidente—, juntos. Todos juntos tanto en la foto de familia con Felipe VI —en La Palma esquivó esa instantánea el entonces president catalán, Pere Aragonès— como en el plenario posterior. Desde el lehendakari, Imanol Pradales, hasta el jefe del Govern de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, y todos los del PP.

Lo que marcó la cumbre fue el anuncio de Sánchez, solemnizado a puerta cerrada y en el arranque: en enero, avanzó, se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que congrega a Hacienda y los consejeros del ramo, para empezar a negociar la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. Era un compromiso que el PSOE contrajo con ERC para la investidura de su líder, hace 13 meses, y desde el principio se dijo que sería un instrumento extensible a todos los territorios. Ahora, después de los trabajos técnicos, es cuando se impulsará las conversaciones sobre la quita. La cuantificada para Cataluña ronda los 15.000 millones de euros, pero no hay números aún para el resto de CCAA.

El líder socialista también propuso que la reforma del modelo de financiación —el actual sistema caducó en 2014— se acuerde "entre todos", que concilie multilateralidad y bilateralidad, que garantice la solidaridad interterritorial y que asegure que todas las comunidades recibirán más recursos que los que tienen hoy. En vivienda, Sánchez planteó el blindaje de las viviendas públicas y que se haga uso de la ley de vivienda, no desplegada por las CCAA del PP. En inmigración, el presidente instó a los presidentes a pactar "de una vez" un sistema de distribución de los menores migrantes para rebajar la presión asistencial en Canarias. Y en sanidad, anticipó que el Estado transferirá 223 millones de euros extras para que financien la adopción y desarrollo de nuevas soluciones sanitarias basadas en la inteligencia artificial.

La propuesta de condonación de la deuda, el anuncio más relevante de Sánchez, suscitaba y suscita recelos y dudas en el PP. Algunos barones, caso de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, la rechazan. Es "injusto", una "locura", verbalizó. "Un parche y un cebo", "no es la panacea ni la solución", acompasó la cántabra Sáenz de Buruaga. El andaluz Juanma Moreno, que definió la cita como "una mera puesta en escena", dijo marcharse "muy preocupado" porque el Gobierno ha confirmado que habrá "bilateralidad" en la financiación autonómica que podría traducirse en privilegios, y que usará la quita como un "parche". El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, manifestó irse de Santander con "profunda decepción" y hasta "cabreo" por la propuesta de perdón del endeudamiento, porque eses "no es el problema" y generaría desigualdad. Es "un caramelo envenenado", según lo definió el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras.

La línea de combate seguida por los barones del PP es que lo que se tiene que poner en pie es un nuevo sistema de financiación, sin "privilegios" a ninguna comunidad —en alusión a Cataluña—. Pero lo que ellos no llevaron a la cita fue una única propuesta, un "criterio compartido", según reprobó posteriormente el ministro Torres, el relator de la reunión por el lado del Gobierno en calidad de titular de Política Territorial.

La visión de los presidentes socialistas era radicalmente opuesta, con la opinión más matizada, eso sí, del castellanomanchego Emiliano García-Page. Él, de hecho, apretó al Gobierno para que en el plazo de tres meses presente un borrador de nuevo modelo de financiación y para que, entretanto, "no haya documentos de ningún tipo". El jefe de la Junta rechaza "modelos singulares", como el que pactaron PSC y ERC para Cataluña, aunque sí admite que se recojan "singularidades", algo que de hecho recogió la resolución política salida del 41º Congreso Federal del PSOE. Page comparte la quita de la deuda. Y añadió algo más: dado que Castilla-La Mancha —igual que Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana— lleva infrafinanciada diez años, quizá haya que solicitar lo que llamó "financiación retrospectiva" para compensar esa pérdida de recursos durante más de una década.

A Page le preguntaron por el ambiente dentro. En La Magdalena. "Frío". "Bueno, es que hasta última hora no pusieron los calefactores". Risas de los periodistas. Ese doble juego bien valía para resumir el clima en una conferencia complicada de superar para Sánchez, por el casi pleno de barones del PP, arrumbado prácticamente todo el poder territorial del PSOE tras las autonómicas y municipales de mayo de 2023.

La estrella más poderosa del firmamento socialista es, de hecho, Salvador Illa. Él fue de los que calificó la cita, como después hiciera el ministro Torres, de "éxito". Dentro de la reunión, defendió que el modelo catalán de financiación singular es el de la "solidaridad", que "no perjudica a nadie". "Queremos una financiación solidaria con el resto de España. No aceptaré lecciones de solidaridad de quienes practican la insolidaridad fiscal", dijo, en clara alusión a los mandatarios del PP y, en particular, a Ayuso, adalid de las bajadas de impuestos.

El president destacó el tono "constructivo y positivo" de la cumbre, pese a los minutos de tensión que se cruzó con Ayuso, a la que al final de la reunión tuvo que "matizar" en algunas afirmaciones, "muy pocas", sobre Cataluña que eran "falsas" y hechas "desde el desconocimiento". Illa postuló Barcelona como próxima sede de la Conferencia de Presidentes, y así será, como confirmó Torres. Se trata de otro gesto de normalización institucional en la que el líder del Govern está empeñado, apenas unos días después de que se desplazara a Madrid a la recepción en el Congreso por el Día de la Constitución, un acto que no pisaba un president catalán en 15 años.

También celebró los resultados de la cumbre el presidente asturiano, Adrián Barbón. El dirigente socialista subrayó que por primera vez se habían evidenciado "dos PP muy diferentes", uno que se aferra al "noísmo" y que "por sistema se opone a todo e incluso ataca a otras comunidades autónomas" y otro que mantiene "una actitud cordial con vocación de entendimiento". El primero antes lo personalizaba una presidenta, dijo en referencia a Ayuso, mientras que ahora "hay una persona más que se suma a ese discurso". Frente a esa estrategia más rupturista, la más posibilista y el tono menos incendiado de los presidentes de Andalucía y Galicia, Juanma Moreno y Alfonso Rueda, o el de Ceuta, Juan Vivas, que "nada tiene que ver" con el de otros barones del PP. La socialista María Chivite, presidenta de Navarra, también se alineó con Sánchez sin fisuras y sí señaló que, si hay quita de la deuda, su comunidad debería salir beneficiada, aunque no esté dentro del régimen común.

Las críticas de los líderes populares fueron rotundas, con más o menos matices, aunque sin un tono tan agresivo como el que se escucha en Madrid. El hilo conductor de todos ellos era el mismo: el Gobierno no quiso buscar acuerdos, no entregó documentación previa, no planificó, fue a rastras. Lo resumió así el valenciano Carlos Mazón: acudieron a la cumbre "sin propuestas" del Ejecutivo y se marcharon "sin respuestas".

Pero esa no es la visión de la Moncloa. En absoluto. Torres fue preguntado en varias ocasiones si no había un "fracaso" la Conferencia, dado que no se habían alcanzado acuerdos. Él habló en cambio de "grandes éxitos", de una reunión "muy positiva". El ministro insistió en que la cumbre no es el Congreso, ni el Senado, ni un parlamento autonómico, ni un pleno municipal, sino un órgano de cogobernanza que dispone en su reglamento la "posibilidad" de que haya acuerdos —si se suscriben por unanimidad de todos los presentes— o recomendaciones —si las pactan dos tercios, y también el presidente del Gobierno—. "Pero eso no es lo más importante", señaló, hasta el punto de que este viernes ni el Gobierno ni los mandatarios autonómicos "han querido someter a votación nada".

Torres celebró que de esta cumbre se sale con el compromiso de Sánchez de convocar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para enero para abordar la condonación de la deuda, una cuestión que "la mayoría aplaude". También aplaudió que hubieran estado en Santander, en la foto con el Rey y el plenario, absolutamente todos los presidentes autonómicos, que se debatieran cuestiones de "interés general" que importan a los ciudadanos, sin las interferencias de la discusión sobre los procesos judiciales que alimentan y engordan la política en Madrid. Y valoró el "altísimo respeto institucional" y el tono "absolutamente constructivo" de todos los intervinientes. Que no haya acuerdos no se puede traducir, sentenció, como "fracaso": "La verdad es que no, salgo más contento de lo que entré". Es decir, que aunque hubo cruces duros, el ambiente no fue tan tenso como el que se vive en Madrid, e incluso Ayuso, la más contundente de los barones populares, no llegó tan lejos en sus diatribas contra Sánchez. Se trataba de un escenario distinto al de la capital, aunque no se tradujera en ningún documento, a diferencia de lo que ocurrió en la última cumbre, la de La Palma, donde se pactaron rebajas impositivas para mitigar el impacto de la guerra en Ucrania.

El otro gran tema sobre la mesa este viernes era el traslado de menores desde Canarias y Ceuta a la Península, una negociación que lleva bloqueada meses por el PP. El presidente del archipiélago, Fernando Clavijo (CC), llegó a Santander con un acuerdo con el lehendakari, Imanol Pradales (PNV), por el que proponen la búsqueda de una "figura jurídica" que permita un reparto extraordinario de los chavales migrantes hasta que se determine un sistema automático y estable como el que plantea el Gobierno con la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Se trata de una propuesta de derivación a aplicar en "un plazo no superior a tres meses" basada en cinco criterios objetivos (población total, media de menores acogidos por 100.000 habitantes en los últimos seis meses, PIB per cápita, desempleo y número de menos acogidos en los últimos cinco años (para medir el grado de solidaridad).

No hubo acuerdo. Por eso Clavijo habló de una "oportunidad perdida", aunque sí se consoló con la idea de que nadie rechazó la propuesta planteada con Pradales pensada para "quitar presión" a territorios saturados como el suyo. El presidente de las islas recordó que en 2024 han llegado más de 43.000 migrantes por vía marítima, entre ellos 5.885 menores. Torres señaló que comparten la "filosofía" que subyace bajo el documento de Pradales y Clavijo, pero incidió en que la "mejor fórmula" es la del cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería, pues provee de un mecanismo "permanente". Y entiende que cualquier solución deberá tener una cobertura jurídica que cree que deberá ser votada en el Congreso exigirá una mayoría de votos, y el problema sería el mismo, que todavía no están los apoyos necesarios por el no del PP y de Junts, aunque con este partido se busca un pacto. "Quienes tienen que dar explicaciones no son los que votamos a favor, sino los que votan en contra", dijo, dirigiéndose al PP.

Concluía la XXVII Conferencia sin acuerdos ni documentos tangibles, aunque al menos la tensión no se disparó a máximos. La cumbre número XXVIII ya tiene sede, Barcelona, pero no fecha, y esa será la siguiente batalla.