La ofensiva de Vox sigue ampliándose en este cierre de año. A las cuestiones políticas se abren ahora las derivadas judiciales como guinda a un rifirrafe que viene dándose desde meses entre Bambú y Génova. Primero, en julio, a consecuencia de las acogidas de menores migrantes ordinarias, pendientes de abril, afectó la salida voluntaria de los de Santiago Abascal de los Gobiernos regionales compartidos en Castilla y León, Extremadura, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana, con la ruptura de relaciones en Baleares, donde el apoyo al PP era externo. A esto, le ha seguido la presión externa a los populares, de cara al proceso de elaboración y aprobación de las cuentas de 2025 en esos feudos, donde Vox sigue condicionando al veto a la inmigración ilegal.

Si desenlaces trágicos la semana pasada como el de Baleares han incrementado la tensión, por pactar el PP con la izquierda mantener leyes como la de Memoria Histórica —cuando había compromiso de derogarla— al no poder prosperar ya allí los nuevos presupuestos, el combate judicial por el caso Koldo añade un extra que erosiona algo más las complicadas relaciones entre ambas formaciones. La ofensiva por la trama, sumada a las causas abiertas sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, se han convertido en el principal combustible de oposición a Pedro Sánchez.

La capitalización del PP sobre ese asunto ha sido patente, especialmente a nivel parlamentario, mediante su mayoría absoluta en el Senado y liderando la comisión de investigación, allí, en torno a esos asuntos. A nivel puramente judicial, Vox estaba personado como acusación popular de forma única en la derivada de Gómez, acusada por supuestos delitos de financiación irregular y de tráfico de influencias tras la denuncia de Manos Limpias admitida en Madrid por el juez Juan Carlos Peinado. Compartida en el caso de la Audiencia Nacional con la trama Koldo.

Ahora bien, el paso de la pieza al Tribunal Supremo por la investigación al diputado José Luis Ábalos, aforado, que ha comparecido voluntariamente, ha hecho que Vox deje de tener ese papel protagonista como acusación popular. Así lo decidió el magistrado Leopoldo Puente la semana pasada, unificando las acusaciones y dejando al PP como único representante con posibilidad de entrar a las sesiones y negando el acceso a Manos Limpias, Vox, Iustitia Europea, Hazte Oír, Liberum y Adade. Los populares fueron los primeros en personarse, de ahí la decisión.

Vox denuncia que el PP no quiere coordinarse

Fuentes nacionales de Vox denuncian que el PP, al igual que para los presupuestos, no quiere coordinarse con ellos y prefiere ejercer la acusación popular por su cuenta, sin atender a los criterios del resto de actores en este ámbito. Los de Abascal se suman así a los reproches lanzados por Hazte Oír o Iustitia Europea lanzados la semana pasada públicamente, tras la comparecencia de Ábalos el día 12 de diciembre. "Con expulsar a la sociedad civil hacemos un flaco favor a la sociedad de derecho", dijo Luis Pardo, de Iustitia. "Se sienta un precedente muy peligroso", expuso Javier María Pérez, de Hazte Oír. Se temen que otros tribunales sigan esta decisión.

Desde Vox se recalca la falta de atención por parte de los populares. Se traslada que, de cara a la sesión de este lunes con Aldama, los servicios jurídicos del partido pasaron a los del PP "unas preguntas" para formular al empresario. Algo que se hace cotidianamente en estas situaciones, pero que, Vox cree que no se habrán tenido en cuenta. La actuación de la acusación del PP "no está siendo como nos gustaría", detallan. Denuncian, además, que ni siquiera Génova ha "recurrido la unificación" de todas las acusaciones populares. "No hemos visto ningún escrito del PP pidiendo que nos dejen entrar", lamentan.

Vox lamenta que el PP no haya recurrido junto a ellos la unificación de las acusaciones populares en el Supremo

Los ultraconservadores trasladan que su "ánimo" es el de "investigar hasta el final", independientemente de su posición jurídica, y piden al PP que se acojan a las propuestas lanzadas, sin partidismos, y a acordar estrategias comunes. En Vox se remiten al papel unificado de Vox como acusación popular en el caso Gómez: "Nos coordinamos con los cinco letrados". Se evita dar más detalles de las conversaciones mantenidas con las otras partes por "prudencia", pero se reivindica la "experiencia" de Bambú en este ámbito judicial, con más de 20 personaciones como acusación. Desde el PP, se guarda silencio al respecto.

Hay una preocupación que trasladan miembros de Vox en relación a este asunto, y es que creen que el PP en solitario no será tan efectivo como si se coordina con el resto; que no pedirá "ir hasta el final afecte a quien afecte". Para trasladar desconfianza, las fuentes de Vox consultadas lo ejemplifican con la querella de octubre de Génova contra el PSOE por financiación irregular tras la declaración de un supuesto testigo en los medios de cobro de comisiones por valor de 90.000 euros en Ferraz, derivado del caso de hidrocarburos que también conecta con De Aldama, Ábalos y Koldo García.

"Se la tumbaron, la archivaron enseguida", dicen, señalando las "prisas" de los populares, lanzan esas mismas fuentes, no descartando que distintos "errores" lleven a un archivo de este asunto que implica al exministro y que este martes lleva al Supremo a Koldo en su primera declaración judicial.

El PP rehúye la confrontación con Vox

A nivel político, en el PP sostienen que la presión en exceso de Vox acabará acarreándole un desplome electoral, al menos en las regiones por la ofensiva de presupuestos. Se repite el ejemplo de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, a la que tumbaron sus cuentas de 2023 y tras un adelanto electoral logró la absoluta. El matiz es que el perfil de Ayuso, a diferencia de otros barones, es que es muy combativa, también a nivel de batalla cultural o de otros temas colindantes con Vox, y sale beneficiada de encontrarse en la capital junto al Gobierno.

En cuanto a la estrategia contra el Gobierno, Génova no desaprovecha ninguna oportunidad para referirse a la supuesta corrupción que rodea al Ejecutivo, a Sánchez y a su entorno más directo. No la ha cambiado pese a que las encuestan dan un fortalecimiento de los de Abascal por la derecha a costa del desplome de Sumar. Este lunes, en la reunión del Comité Ejecutivo, Feijóo recalcó que esta semana "es un auténtico carrusel judicial". Frente a las acusaciones de Sánchez de que el PP, en esta ofensiva, juega "con las cartas marcadas", señalando la supuesta connivencia de los jueces que investigan las causas, el popular afirmó que "a ver si está anticipando la defensa ante nuevos problemas y el que tiene información es él".