Los letrados del Congreso admiten que puede debatirse la petición de cuestión de confianza de Junts y abren la vía para que el PSOE ceda

La Mesa del Congreso, en la que PSOE y Sumar disponen de mayoría absoluta, será la que tendrá que tomar la decisión este martes de si se ha de admitir o no a trámite la solicitud de cuestión de confianza que Junts registró hace una semana. Los letrados de la Cámara baja admiten en su informe previo que la proposición no de ley de los posconvergentes puede debatirse, aunque también cabría tumbarla. Es decir, no se inclinan por una u otra opción. Pero, al aceptar que sí cabe su debate, están abriendo la puerta a que los socios de coalición giren respecto a la posición sostenida la semana pasada y cedan ante la formación de Carles Puigdemont.

El expresident advirtió la semana pasada desde Bélgica que las cosas no estaban yendo "bien" con el Gobierno, y que hacía falta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sometiera a una cuestión de confianza. Dado que esta es una prerrogativa suya, enteramente del jefe del Ejecutivo, como consigna el artículo 112 de la Constitución, la vía que introdujo Junts era registrar una proposición no de ley en el Congreso para instarle a que lo haga. PSOE y Sumar, que cuentan con cinco de los nueve puestos en la Mesa del Congreso, se inclinaban la semana pasada por rechazar la solicitud, apoyándose en un precedente similar de 2013, cuando el órgano rector de la Cámara baja, entonces controlada por mayoría absoluta por el PP, tumbó un requerimiento menos explícito de la dirección socialista de Alfredo Pérez Rubalcaba por tratarse de una "moción de censura encubierta".

Los posconvergentes habían incrementado la presión: "Nos cuesta mucho imaginar que, tal y como están las cosas, el PSOE se niegue a que haya un debate sobre esta proposición", afirmó Turull este fin de semana

Ahora, los letrados del Congreso, al no mojarse por ninguna alternativa, al señalar que cabe tanto tramitar el texto de Junts como no hacerlo, facilitan a PSOE y Sumar que cambien de criterio, justo coincidiendo con la creciente presión ejercida en los últimos días por los posconvergentes, exigiendo a Sánchez a que al menos acepte debatir su propuesta. "Nos cuesta mucho imaginar que, tal y como están las cosas, el PSOE se niegue a que haya un debate sobre esta proposición. Si la Mesa dice que no hay nada que hablar, tomaremos nuestras decisiones", aseguraba este domingo el secretario general de la formación, Jordi Turull, en una entrevista en El Periódico de Catalunya.

Los letrados del Congreso, en su informe de 14 páginas [aquí en PDF], y al que ha tenido acceso El Independiente, subrayan en su conclusión que aunque no hay una única salida posible, si se optase por admitir a trámite la propuesta de Junts y que fuera debatida, "carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo". Es decir, que aun siendo discutida en el pleno, no cambiaría en nada las cosas ni supondría la caída del Gobierno, y por eso se puede interpretar que cabe aceptarla. Si la Mesa da su visto bueno, aún habrá que esperar al menos dos meses para que el hemiciclo la aborde, pasadas las vacaciones parlamentarias de enero.

Para llegar a esa conclusión, los letrados exponen primero que una proposición no de ley es una iniciativa de carácter meramente político, como ha consolidado el Tribunal Constitucional a través de su doctrina. Pero añaden que la Mesa ejerce su potestad de calificación de este tipo de propuestas, desde la "convicción" de que aunque gozan de un "amplio margen de flexibilidad" por no ser vinculantes, "no están exentas de límites". Los servicios jurídicos repasan la casuística variada de estos años de democracia, en los que se han inadmitido a trámite o se ha pedido reformular los textos en los que se instaba al Gobierno a realizar actuaciones propias de las Cortes, o que son competencia de la Mesa, o que se dirigen a administraciones autonómicas o locales, que no son controlables por la Cámara. También el órgano rector del Congreso ha rechazado mociones que pretenden vigilar la figura del Rey o que buscaban invadir la autonomía de otros órganos constitucionales.

Recuerdan también los letrados los precedentes en los que se han tumbado textos por los que se exige responsabilidad política al presidente del Gobierno. Entre ellos, el que registró la cúpula de Rubalcaba en 2013. Pero también hay ejemplos, advierten, en sentido contrario. En ese mismo año, 2013, en esa misma legislatura, la número X (2011-2015), la Mesa sí aceptó una propuesta de resolución de IU-ICV-CHA resultado el debate del estado de la nación que planteaba la desaprobación de la gestión del presidente Mariano Rajoy y de su ejecutivo. Se alegó en aquel momento que la Mesa "ha de facilitar que los grupos parlamentarios expresen sus opiniones y debatan sobre las mismas".

Los servicios jurídicos repasan algunas de las decisiones, en un sentido y en otro, adoptadas por la Mesa en diferentes legislaturas con iniciativas de exigencia de responsabilidad política al Gobierno

También señalan los servicios jurídicos que respecto a la petición de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones —otra prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno— ha habido decisiones para todos los gustos. Es decir, que en ocasiones se han aceptado esas mociones y en otras no. En la actual legislatura, por ejemplo, la Mesa aceptó una proposición no de ley de Vox en la que en su primer punto exigía la dimisión del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones. La misma Mesa que, la semana pasada, paró una enmienda de Vox a una iniciativa del PP que instaba al Gobierno a proponer al Rey la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevos comicios.

El informe indica que la propuesta de Junts es singular. Porque "una cosa es pretender que la Cámara ejerza una competencia propia —exigir la responsabilidad política [al Gobierno]— por un cauce distinto al previsto —la moción de censura— y otra es instar al presidente del Gobierno a que ejerza una competencia que es suya —plantear una cuestión de confianza—, lo que no deja de ser la esencia misma de una proposición no de ley, con independencia, ahora, de cuál sea esa concreta competencia".

Así las cosas, los letrados plantean dos salidas a la Mesa, al órgano político que ha de tomar la decisión. En primer lugar, cabría que el órgano rector del Congreso admita a trámite la proposición no de ley de Junts, porque tradicionalmente la Mesa "tiende a admitir las propuestas que pretenden instar al Ejecutivo a adoptar una cierta actuación que entra de su responsabilidad exclusiva". Y también cabría aceptarla, prosiguen, porque este tipo de textos son de carácter político: la eventual aprobación de la iniciativa de Junts, dicen, "carecería de trascendencia" en la posición constitucional del Gobierno.

En este caso, los servicios jurídicos de la Cámara baja añaden que podría agregarse una explicación en la admisión a trámite que dejara claro que si la iniciativa de Junts fuera aprobada —y no sería raro: bastaría que la respaldasen PP y Vox—, el valor de la resolución sería "puramente político y no generaría en el señor presidente del Gobierno el deber jurídico de plantear al Congreso de los Diputados la cuestión de confianza". También cabría proponer a los posconvergentes, señalan, reformular su escrito para "reforzar el carácter exclusivamente político" del mismo.

La segunda salida que sugieren los letrados es que se rechace la moción, al entender que han de tumbarse aquellas proposiciones que pongan en cuestión la relación de confianza existente entre el Congreso y el Gobierno. "En la medida en que los instrumentos a través de los cuales esta confianza se crea y se destruye se encuentran tasados en la Constitución (la investidura, la moción de censura y la cuestión de confianza) y que las facultades tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo se encuentran fijadas con precisión para cada órgano constitucional, para así constituir el complejo equilibrio que encarna la misma esencia de nuestro régimen parlamentario".

El informe indica que, en caso de que se admita el escrito, puede solicitarse a Junts que lo reformule para que quede claro que es una iniciativa política

Desde este punto de vista, continúan, la confianza que el presidente ha obtenido de la Cámara en su investidura "solo puede quebrarse" por una moción de censura aprobada por una décima parte de los diputados y aprobada por mayoría absoluta. Y el jefe del Ejecutivo, a su vez, puede someter al Congreso, previa deliberación del Consejo de Ministros, una cuestión de confianza, que prospera si recibe el aval de la mayoría simple. Se podría entender, creen los letrados, que el texto de Junts, trata de "forzar" a Sánchez a presentar una cuestión de confianza, "mediante una declaración política que, aun cuando carente de efectos jurídicos, de facto puede tener un impacto sobre la relación de confianza creada con la investidura, poniéndola en duda por una vía que no es la prevista para tal fin".

Es decir, que si prosperase la moción de los posconvergentes se podría hacer la lectura de que Sánchez ha perdido la confianza del Congreso por una vía que no es la prevista en la Carta Magna. Los expertos de la Cámara indican, en consecuencia, que puede rechazarse la propuesta con el argumento de que el jefe del Ejecutivo ha de actuar "sin condicionamiento de otros órganos constitucionales", y especialmente del Congreso, para el que la Constitución reserva el procedimiento específico de exigencia de la responsabilidad política, que es la moción de censura. La Mesa podría tumbar el escrito aduciendo pues que aunque ha de velar por los derechos de los diputados y de los grupos, también ha de salvaguardar el "principio de lealtad institucional que ha de presidir las relaciones entre órganos constitucionales".

"A la vista de los precedentes existentes, no cabe extraer una línea de actuación unívoca por parte de la Mesa. Partiendo de la premisa de que nos encontramos ante una proposición no de ley, el resultado de la votación de esta iniciativa, si fuera admitida y sometida al Pleno, carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. No habiendo precedentes de proposiciones no de ley similares a la que ahora nos ocupa, corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro", concluye el texto.

Si se rechaza, se podría aducir que no se puede "forzar" a Sánchez a presentar una cuestión de confianza. En cualquier caso, dicen los letrados que no hay una "línea de actuación unívoca" por la Mesa

Los servicios jurídicos del Congreso, dirigidos por Fernando Galindo —designado por la presidenta, Francina Armengol, hace poco más de un año— pasan la pelota al tejado de PSOE y Sumar. Ofrecen argumentos al Gobierno, que es quien en definitiva decidirá, para tumbar la proposición no de ley de Puigdemont o para admitirla. Y Junts presiona para esto último. Porque su objetivo es que en estos dos meses que restarían hasta su debate —enero es inhábil y solo entraría en el orden del día del pleno cuando los posconvergentes tengan cupo— los socialistas cumplan con los acuerdos contraídos con ellos. En particular, la delegación integral de las competencias en inmigración y la ejecución presupuestaria de ejercicios anteriores. Todo ello como paso previo a la negociación de las cuentas públicas de 2025. Las que, en caso de aprobarse, concederían oxígeno a Sánchez para aguantar, en principio, hasta final de legislatura.