El PSOE negocia 'in extremis' con Junts cómo dar salida a su exigencia de cuestión de confianza

Otra vez otra negociación con Junts apurando las horas. Este martes se reúne a las 10 de la mañana la Mesa del Congreso y tiene que resolver una papeleta complicada: qué hacer con la iniciativa que registró el grupo de Carles Puigdemont el pasado 9 de diciembre. Ha de decidir si admitir o no a trámite su proposición no de ley por la que insta a Pedro Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza. Y todo depende del sentido del voto que expresen, sobre todo, los tres representantes del PSOE y los dos de Sumar, los cinco que suman mayoría absoluta en el órgano rector de la Cámara baja frente a los cuatro miembros del PP. La opción de que se acepte el texto de los posconvergentes es posible. Y, sobre todo, cuenta con el aval de los letrados del Congreso. Porque ellos mismos emitieron un informe, conocido este lunes, en el que no se inclinan por ninguna alternativa, pero en el que dejan claro que cabe calificar o rechazar la propuesta de Junts. No habiendo obstáculos jurídicos, la decisión es por tanto puramente política.

Eso explica que, como reconocían en el Gobierno a este diario, los socialistas se dirigieran a la formación de Puigdemont, para negociar con ella cómo dar cauce a la proposición no de ley. "Se está hablando al más alto nivel", indicaban, para referirse a una interlocución que en todo este tiempo conduce, desde Ferraz, el secretario de Organización, Santos Cerdán, y desde el Ejecutivo los dos grandes negociadores de Sánchez, María Jesús Montero y Félix Bolaños. Fuentes de la Presidencia del Congreso también confirmaban que no habrá una decisión hasta la reunión de la Mesa, a las 10. Y una salida posible podría ser no adoptar ya una decisión, sino posponerla. Ganar tiempo: hacer que el órgano rector del Congreso no se pronuncie todavía, porque no hay urgencia, ya que el periodo de sesiones se acaba este mes y el escrito de Junts, en caso de ser aceptado, no se debatiría hasta, como pronto, entrado febrero.

El hermetismo hasta la reunión de la Mesa es máximo. Y es que aunque los servicios jurídicos de la Cámara baja creen que es posible aceptar la propuesta de Junts y que se discuta en el pleno, en el Ejecutivo tienen dudas de su pertinencia, porque en caso de que prosperase el texto se podría hacer la lectura de que el presidente Sánchez no cuenta con la confianza del Congreso. Un mensaje políticamente muy peligroso —"muy jodido para nosotros", admite una fuente socialista del máximo nivel—, por mucho que jurídicamente las cosas estén claras. La proposición de ley de los posconvergentes, como todas las del mismo tipo que presentan los grupos, solo tiene valor político, mientras que la cuestión de confianza, la que está recogida en el artículo 112 de la Constitución, solo la puede plantear el propio jefe del Ejecutivo y, si la pierde, tiene que dimitir forzosamente.

La formación de Puigdemont ha ido aumentando la presión en los últimos días y ha advertido de que si no se acepta que se debata su iniciativa tomará "decisiones". "Se ha acabado el crédito", insiste

La proposición no de ley de Junts registrada el 9 de diciembre en el Congreso era simple en su redacción: de aprobarse, supondría instar al presidente del Gobierno "a plantear una cuestión de confianza". ¿Por qué? El partido justifica que, un año después de la investidura de Sánchez, constata su "falta de voluntad política" para hacer efectivos, de manera "completa y ágil, los acuerdos adquiridos", por lo que no se ha podido "generar la base de confianza que se pretendía y que es del todo necesaria para encarrilar el resto de la legislatura". Los socialistas recalcaron primero que el presidente no iba a preguntar a la Cámara si le otorgaba de nuevo su confianza. Y después deslizaron que se inclinaban por rechazar la propuesta de los convergentes, alegando que una iniciativa de corte similar, presentada en 2013 por la dirección de Alfredo Pérez Rubalcaba contra el Gobierno de Mariano Rajoy, fue rechazada por la Mesa, entonces controlada con mayoría absoluta del PP.

Pero la presión de Junts ha ido en aumento, y la ha dejado ver. Públicamente. "Si la Mesa dice que no hay nada que hablar, tomaremos nuestras decisiones", advertía este domingo en una entrevista en El Periódico de Catalunya el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull. "Puigdemont también se sometió a una cuando la CUP no quería votar los presupuestos —adujo—. Una cuestión de confianza permite resituar las cosas, no es negativo. [El expresident Pere] Aragonès hizo caso omiso y así le ha ido. Si la Mesa lo admite a trámite, pasarán dos meses hasta que se debata y son dos meses en los que el PSOE puede hacer cosas. Tomaremos decisiones en función de hechos, no de palabras. Se ha acabado el crédito".

No hay precedentes calcados

El informe de los letrados del Congreso, de 14 páginas y conocido este lunes [aquí en PDF], deja en manos de la Mesa decidir qué camino tomar. Pero sí señala que, si la proposición no de ley se acepta, llega a pleno y es aprobada, "carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo". Es decir, que aunque prosperase no supondría ni que Sánchez tuviera que dimitir, ni que tuviera que plantear al Congreso una cuestión de confianza. Esta es una herramienta constitucional que solo puede ser activada por el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y que se considera superada si recibe el apoyo de la mayoría simple de diputados.

"No habiendo precedentes de proposiciones no de ley similares a la que ahora nos ocupa, corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro", apuntan los letrados en su informe, que no es vinculante.

Los letrados estiman que si la propuesta es aprobada "carecerá de impacto jurídico alguno". "Corresponde a la Mesa fijar un criterio", que servirá "como referencia" para tramitar otras iniciativas en el futuro

Los servicios jurídicos repasan los precedentes más o menos lejanos a la propuesta de Junts para formular su análisis. Concluyen que la Mesa puede vetarla o bien puede tramitarla sin problemas, o incluso aceptándola pero solicitando al grupo proponente que la reformule.

Podría calificarla, razonan los letrados, porque tradicionalmente la Mesa "tiende a admitir las propuestas que pretenden instar al Ejecutivo a adoptar una cierta actuación que entra de su responsabilidad exclusiva" y porque su aprobación "carecería de trascendencia", ya que se trata de una iniciativa de carácter puramente político. En el Gobierno se fijaban este lunes en que los juristas de la Cámara también creen que "sería posible" calificar el escrito, pero agregar una explicación para dejar claro que el valor de la resolución, si es aprobada, es "político" y "no generaría en el presidente del Gobierno el deber jurídico de plantear al Congreso de los Diputados la cuestión de confianza". Y cabría igualmente requerir a Junts que reformule su texto "para reforzar el carácter exclusivamente político" del mismo.

La otra vía es la del rechazo. Los letrados ofrecen varios argumentos para hacerlo, como que los instrumentos "a través de los cuales esta confianza [entre el Gobierno y el Congreso] se crea y se destruye se encuentran estrechamente tasados en la Constitución (la investidura, la moción de censura y la cuestión de confianza)", de tal manera que "una vez que el presidente del Gobierno ha obtenido la confianza de la Cámara mediante la investidura, esta solo puede quebrarse mediante una moción de censura". No mediante otros subterfugios.

Si perdemos la proposición no de ley de Junts, dirán que no nos sometemos a la cuestión de confianza. Es de párvulos", apuntan fuentes gubernamentales

El informe insiste en que el artículo 112 de la Carta Magna atribuye al jefe del Ejecutivo la potestad, con "carácter exclusivo", se someterse a una cuestión de confianza, de modo que la posibilidad de que el pleno le inste a presentarla (como quiere Junts) supondría "una intromisión, no contemplada en la Constitución". Desde esta perspectiva, se podría ver que los posconvergentes buscan "forzar" a Sánchez a presentar una cuestión de confianza mediante una moción de carácter político. Mediante un texto que no genera efectos jurídicos, pero que sí podría tener un "impacto sobre la relación de confianza creada con la investidura, poniéndola en duda por una vía que no es la prevista para tal fin". Lo que sostienen los letrados es que el presidente ha de actuar "sin condicionamientos de otros órganos constitucionales", y menos del Congreso, que tiene a mano activar otra herramienta para exigir la responsabilidad política al jefe del Ejecutivo: la moción de censura, que regula el artículo 113 de la Carta Magna.

Conocido el documento de los servicios jurídicos de la Cámara baja, los socialistas no tenían una posición uniforme. En el Gobierno y también en el Congreso hay responsables que entienden que no hay que otorgar esa medalla a Junts. Porque el riesgo evidente es que, si se admite a trámite y se debate (no antes de febrero) y prospera gracias al apoyo de PP y Vox, entonces se proyectará el mensaje de que Sánchez ya no cuenta con la confianza del Congreso. "No hay cambios respecto a lo que dijimos la semana pasada. Si perdemos la proposición no de ley de Junts, dirán que no nos sometemos a la cuestión de confianza. Es de párvulos", apuntaban fuentes del Ejecutivo. ¿Pero los de Puigdemont no pueden montar en cólera si el PSOE le dice no? "Ya se les pasará", contestan.

"No hay prisa"

A la cúpula socialista en la Cámara baja y a los representantes del partido en la Mesa no les había llegado este lunes por la noche la decisión final. "Este debate puede ser muy jodido para nosotros. Si Junts lo gana, es verdad que no va a ningún lado jurídicamente, que el Gobierno no va a caer, pero dirán continuamente a Pedro que no tiene la mayoría parlamentaria", señalaba a este diario un cargo del máximo nivel del Grupo Socialista.

Este debate puede ser muy jodido para nosotros. Si Junts lo gana, pero dirán continuamente a Pedro que no tiene la mayoría parlamentaria", apunta una fuente del grupo del máximo nivel. "No afecta si lo calificas ahora o después", dicen en la dirección

La opción de admitir a trámite —tal vez demandando a Junts una reformulación de su escrito— también está sobre el tapete y es la que, en realidad, hacen posible los letrados en su informe. Pero en la dirección del grupo también se apunta que si para la Mesa de este martes "no hay una posición clara", se podría dejar la cuestión de la calificación de la iniciativa para después de Navidad, porque "este es un tema cero urgente para Junts". "No afecta si se lo calificas ahora o después de las fiestas porque no hay pleno a la vista y porque para defenderla tienen que esperar a tener cupo en el pleno —razonan en la jefatura del Grupo Socialista—. No hay prisa en hacerlo en la Mesa de este martes. Son 14 folios abiertos. Argumentos jurídicos tanto a favor como en contra de admitir, y por esperar unos días a tomar la decisión no pasa nada. Estamos hablando de la calificación de una proposición no de ley, no es una moción de censura ni una ley".

Pero más allá de la cuestión técnica está la razón política. Las relaciones del PSOE con Junts se han vuelto a tensar en los últimos días y, de hecho, la reunión el pasado viernes en Suiza de las dos delegaciones, que se enmarca en la serie de encuentros mensuales que tienen ambas formaciones en el país helvético en cumplimiento del acuerdo de investidura, tuvo lugar en ese contexto. Los posconvergentes están apretando y el Gobierno los necesita para todas las votaciones. Sus siete diputados son imprescindibles para construir la mayoría que lo sostiene. Este martes, por ejemplo, son claves para que el Congreso pueda tomar en consideración la proposición de ley de Sumar, ERC, Bildu y Mixto para la regulación de los contratos de alquiler temporales. Y son también fundamentales para que la reforma fiscal, a su vuelta del Senado, pueda ser aprobada definitivamente. La lógica diría que sale más a cuenta del Ejecutivo no indisponer a los de Puigdemont, pero en este caso el dilema no es fácil, para no dar alas a una moción que puede convertirse en una poderosa arma contra Sánchez en apenas unas semanas.