Patada para delante. La Mesa del Congreso decidió este martes no decidir todavía. Apostó por aplazar la decisión sobre qué hacer con la solicitud de cuestión de confianza que registró hace una semana Junts. Era una de las posibilidades que manejaban los socialistas y que finalmente fue la que salió adelante. PSOE y Sumar suman mayoría absoluta en el órgano rector de la Cámara baja, frente a los cuatro representantes del PP, que en cambio sí apostaban por la admisión a trámite de la iniciativa.

La proposición no de ley de la formación de Carles Puigdemont ha generado una complicación mayor de la que el Gobierno esperaba cuando el expresident la anunció desde Bélgica el pasado 9 de diciembre. Los socialistas eran partidarios de tumbarla directamente, argumentando que la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno, recogida en el artículo 112 de la Constitución, y la propuesta de Junts no era más que una "moción de censura encubierta". Pero los posconvergentes han dejado ver en los últimos días que no les gustaba nada que pudiera rechazarse sin más su texto. Y ayer lunes los letrados del Congreso, aunque no se inclinaban por ninguna salida concreta, sí advertían en un informe de 14 páginas de que era ajustada a Derecho la admisión a trámite porque en caso de ser aceptada la moción, y hasta debatida y aprobada por el pleno, "carecerá de impacto jurídico alguno".

La decisión estaba pues en manos de la Mesa, que se reunió este martes a las 10 y que presidió Francina Armengol. Podía calificar la proposición no de ley, aceptarla pero pedirle a Junts que la reformulase para dejar claro que es un texto de carácter exclusivamente político o bien rechazarla. Y cabía otra opción más, que también señalaban ayer en la dirección del Grupo Socialista: aplazar la decisión. Esta es la que se impuso finalmente.

La Mesa alega que posponer la decisión no retrasa el debate, ya que no se produciría hasta el siguiente periodo de sesiones, hasta bien entrado febrero o marzo, cuando Junts tenga cupo en el pleno

Fuentes de la Presidencia del Congreso alegaron que "el caso tiene mucha enjundia técnica y aplazar la decisión no supone ningún retraso en el debate que, en cualquier caso, se produciría en el siguiente periodo de sesiones", porque enero es un mes inhábil y la iniciativa no se discutiría en el pleno, en todo caso, hasta bien entrado febrero o incluso en marzo, ya que para que pueda incluirse en el orden del día Junts tiene que tener cupo. Por esa razón, la Mesa decidió "posponer su decisión para analizar con más detalle el informe de los letrados y se votará en la próxima reunión". Los servicios jurídicos de la Cámara señalaban que "no habiendo precedentes de proposiciones no de ley similares" a la registrada por los posconvergentes, "corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro".

En la reunión de la Mesa, los representantes del PP se pronunciaron a favor de admitir a trámite la moción de Junts. "Es un debate necesario", había manifestado a primera hora de la mañana, en un desayuno informativo, Borja Sémper, el portavoz del partido, informa EFE. Los tres miembros del PSOE y los dos de Sumar, en cambio, apostaron por congelar la proposición no de ley, así que se optó por este camino por mayoría. Queda pendiente este asunto para la siguiente la reunión de la Mesa. Probablemente sea ya en enero, aunque no está convocada porque es un mes sin sesiones de pleno y eso hace que haya menos actividad parlamentaria. El siguiente periodo de sesiones no arranca, de hecho, hasta febrero.

Pero además de la importante "carga jurídica" del texto se suma la relevancia política. Y esa la razón por la que los socialistas recelaban de la propuesta, porque de prosperar se daría el argumento de que Pedro Sánchez no cuenta con la confianza del Congreso, cuando realmente la iniciativa de los de Puigdemont no despliega efectos constitucionales. Ahora, con el aplazamiento sin fecha, los socialistas ganan tiempo para seguir hablando con Junts e intentar recomponer sus relaciones con ellos, cerrando carpetas de negociación atrasadas, como el traspaso de la competencia en inmigración a la Generalitat o la ejecución presupuestaria.

Bolaños subraya que es "razonable" que la Mesa se dé más tiempo para estudiar un informe "complejo" de los letrados. Y Alegría reitera que "no ha lugar" para que Sánchez plantee una cuestión de confianza

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, incidió en que el informe de los letrados, que no es vinculante, es "complejo", de un contenido "amplio". "Y por tanto me parece razonable que la Mesa quiera estudiarlo con más profundidad y que deje la decisión para más adelante", respaldó. El ministro subrayó asimismo que la cuestión de confianza está regulada en la Carta Magna y únicamente la puede presentar el presidente, previa deliberación de su Consejo de Ministros. "Esto es lo que dice nuestra Constitución, y por tanto cualquier otra iniciativa tendrá una finalidad o un propósito que el propio grupo parlamentario que la presente [Junts] tendrá que decirla", señaló, deslizando por tanto que lo que preocupa a los socialistas es el impacto político que busca Puigdemont con su iniciativa.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reiteró por su parte que las dos formaciones que forman parte del Ejecutivo, PSOE y Sumar, consideran que "no ha lugar" a plantear una cuestión de confianza, dado que si algo se ha demostrado en este año de legislatura, con los datos macroeconómicos muy positivos es que el proyecto de la coalición "está funcionando" y es óptimo para el país.