La segunda reunión a la que se emplazaron los grupos progresistas del Congreso de los Diputados, la semana pasada tras el primer acercamiento, para prolongar el impuesto a las empresas energéticas, pende de un hilo. La ausencia de Junts y PNV la semana pasada en la Sala Martínez Noval de la III Ampliación de la Cámara Baja, contrarios al gravamen, irritó a Podemos, que está siendo el aliado más combativo respecto a ello y a las consecuencias que tendrá la no prolongación de este impuesto durante un año como mínimo. La primera: tumbar el paquete fiscal y rechazar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, de presentarse, para 2025.

Ante este ultimátum dado al Ejecutivo, fuentes de Hacienda, quien lidera esta negociación, dejan en el aire la convocatoria de esta tarde con Sumar, EH Bildu, ERC y BNG . "Habrá que hablarlo con el resto de socios", aseguran. "Podemos se niega a ir sin Junts y PNV", apuntaban como consecuencia. Preguntadas fuentes de la formación morada, éstas avalan minutos después las posiciones expresadas desde el Gobierno y reafirman que sin la fuerza vasca ni la catalana no hay nada nuevo de qué hablar. "Nos sentamos los que ya estamos de acuerdo hasta que estén en la mesa de negociación", lamentan, instando al PSOE a arrancar a los de Andoni Ortuzar y Carles Puigdemont un acuerdo.

Hasta que eso ocurra, algo muy improbable por las posiciones díscolas de PNV y Junts, al considerar que perjudica la inversión en Euskadi y Cataluña, así como puestos de trabajo en el sector, en Podemos se emplazan a negociar bilateralmente con los socialistas. "Quieren que sigamos reuniéndonos los que ya estamos de acuerdo", comentan indignados a El Independiente fuentes de Podemos. "Acudiremos a las reuniones que sean útiles para lograr acordar un impuesto permanente a las energéticas. La reunión de hoy no tiene razón de ser debido a que todos los que han confirmado la asistencia están de acuerdo" en aprobarlo.

Los morados siguen presionando al PSOE y culpándolo por convocar este diálogo tarde, tras 20 días [el miércoles pasado, en la primera reunión] de la votación del paquete fiscal, y de hacerlo sin consenso con jeltzales y neoconvergentes. "El PSOE se había comprometido a aprobar el impuesto", denuncian, "a cambio de que apoyáramos el paquete fiscal" aunque los socialistas aseguran que no pueden instar a nadie a votar lo que no quieren. Fuentes del gobierno asumen ya que el decreto negociado la semana pasada saldrá adelante en las próximas fechas en Consejo de Ministros, pero que, más allá del periodo natural estimado por ley de un mes, no podrá convalidarse en el hemiciclo llegado el momento y decaerá. No creen, tampoco, que ese genere inseguridad jurídica.

Además de los Presupuestos, sobre los que nuevamente el Gobierno no descarta una prórroga de los de 2023, vigentes en estos momentos, Podemos condicionó a este impuesto el gravamen al diésel. El jueves pasado, mediante un comunicado oficial del partido, los morados, que estaban de acuerdo en un primer momento, se negaban a desligar el impuesto al diésel, por su carácter energético, del pacto para el impuesto a las productoras energéticas. Se mantienen en ello. Pese a todo, desde el Gobierno se comprometen a traer en enero el decreto del diésel. "Que lo voten los grupos que lo quieran", se limitan a responder ante la duda de Podemos.

La legislatura se complica para el Gobierno por los equilibrios en cuanto a los diversos intereses de los socios. Pese a que esta misma mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponía en valor la capacidad legislativa a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) frente "al bulo" del PP, que cree constante.

A la presión de Junts y Podemos, por canales distintos, se unen rifirrafes políticos entre los morados y el PNV, por ejemplo. Si bien la semana pasada la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acusaba a los de Aitor Esteban en la Cámara de ser "los cachorros de Repsol", recientemente los vascos acusaban a Podemos de "volver a tratar de confundir a la ciudadanía". En este caso, por materia judicial en relación a la vivienda y su enmienda en la Ley de Eficiencia de la Justicia sobre okupación. "No va de echar a la gente de su casa, sino de sacar cuanto antes a quien te la ocupa".