La posición del PSOE respecto a los plazos con la reducción de la jornada laboral, de las 40 horas semanales actuales hasta las 37,5 horas previstas por Sumar, supone una apuesta por el incumplimiento de uno de los consensos alcanzados en el pacto de coalición a finales de octubre de 2023. Si bien el objetivo de rebaja es compartido [así lo acordó el PSOE en su último congreso] por ambos actores, los socialistas contemplan como necesario dar más margen al proceso y no ven tan necesario definir la fecha como los mecanismos y consensos para alcanzar el acuerdo.

Y esto los magentas lo interpretan como una declaración velada de que la prioridad no es tenerla aprobada para 2025 como se acordó. De por sí ya se llega tarde a la primera parte de lo consensuado, de cerrar 2024 con 38,5 horas semanales de manera general.

En este último trimestre del año la meta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, su Ministerio de Trabajo y de Sumar ha estado ya en focalizarse en mediados de 2025 como meta para tener listo un borrador de anteproyecto de ley que llevar a Consejo de Ministros y, desde ahí, al Congreso para iniciar su recorrido legislativo. Independientemente si se llega o no a acuerdo con la patronal, demostrada ya la afinidad con los sindicatos. Pero las recientes posiciones del ministro socialista de Economía, Carlos Cuerpo, sobre que para este trámite hay que ir "acompañado de las empresas", sin imposiciones, y haciéndola "equilibrada" para que sea más aplicable, ha encendido las alarmas en Sumar.

Díaz ya recalcó la noche del martes que "hay que cumplir el acuerdo de Gobierno", aunque Cuerpo ha insistido en sus manifestaciones este miércoles. Fuentes del Gobierno, de hecho, la sostienen. "Lo importante es que haya reducción de la jornada laboral. Somos partidarios de que vaya con el mayor consenso posible", señalan desde la cuota socialista. Con los agentes sociales, pero también con los partidos. "La fecha no es importante, lo mollar es si podemos impulsar una rebaja de jornada con este Parlamento y con los empresarios. Lo que está claro es que no podemos imponer nada", declaran en añadido.

Así, dejan patente las complicaciones para terminar 2025 con una reforma como tal. Sin cerrarse a algo gradual, para que las empresas vayan adaptándose, como propone Economía. Un periodo de transición que Sumar consideran que debe ir acelerándose en estos momentos hasta diciembre del año que viene.

Lejos de abrir la coalición en canal, Díaz limita el choque dentro del Ejecutivo y no amplía a los grupos la cuestión. De hecho, este miércoles durante la jornada de control al Gobierno se evitó en cualquier momento dar un ultimátum en abierto a los socialistas o amagar con una solicitud de revisión del pacto de coalición. Simplemente se insistió en las posiciones. La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, insistió en las palabras de Díaz desde los pasillos del Congreso, asegurando que están en el Ejecutivo para extender los derechos sociales. La secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, por su parte, si exigió el cumplimiento de lo firmado a los socialistas. "Cuerpo no debe ser dentro del Gobierno la voz de la patronal. Nadie debería querer serlo ahora mismo, cuando [la patrona] está en rebeldía", aseguró a La Sexta.

En el PSOE no ven con malos ojos un periodo de rodaje en 2025 y la plena aplicación en 2026, pese a que el pacto de gobierno firma que sea el próximo año

Sin mencionar al PSOE, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, afirmó que esta reforma va "de liberar tiempo para las mayorías sociales, por eso hay quien quiere tumbarla, retrasarla o diluirla". "Por eso hay que sacarla adelante", lanzó el ministro, con clara intención de hacer presión a su socio.

Pese a todo, en privado, fuentes de los magentas se muestran muy descontentos con las posiciones de su socio del Gobierno, cuyos sectores, entre ellos Economía, no ven inconvenientes en ir macerando la propuesta a lo largo del año que viene para empezar a aplicarla en 2026. Se admite que los pactos están para cumplirse, pero tampoco entran en si la insistencia en recalcar que habrá bajada de horas al cierre de 2025 derivará en algo más duro en las próximas comparecencias.

Momento complicado de la legislatura

No es la primera vez que Sumar replica a los socialistas por incumplimiento de pactos. El pasado mes de noviembre, con el acuerdo fiscal que hoy se vota de nuevo tras pasar por el Senado, el PSOE se comprometió a suprimir el régimen fiscal especial que se les aplica a las socimis y por el cual pasarían a estar gravadas con el tipo general del 25%. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda se acordó con Junts su rechazo y los de Sánchez votaron en contra. Eso generó duras críticas internas al socio mayoritario, pero, preguntados por ello, fuentes parlamentarias de Sumar renunciaban a reclamar una rectificación al PSOE públicamente o una compensación de otro tipo.

Distinto, con todo, es con la jornada laboral, una de las principales apuestas y promesa de Díaz en sus aspiraciones de Gobierno el pasado 23-J. Su reconocimiento público pasa por conseguir aprobarla. Sin querer fracturar del todo el Gobierno, que atraviesa un momento crítico por las diferencias cada vez más notables con el PNV y Podemos, sumada a la constante presión de Junts, Sumar no puede hacer oídos sordos de la voluntad de los socialistas de seguir trabajando en el proyecto sin previsiones concretas.

La presión de Junts y Podemos, y la dureza del PNV en cuestiones económicas limita aún más las capacidades del Gobierno

Desde el PSOE, se le recuerda precisamente que, aun con el compromiso de llevarla a pleno y a BOE antes del cierre de 2025, los apoyos son los que son, y ni PP ni Junts están por la labor de darle salida. El líder de UGT, Pepe Álvarez, el viernes desde Waterloo, intentó convencer sin éxito a Carles Puigdemont para que diese su brazo a torcer pese a la presión de los empresarios catalanes.

Las grietas con Junts se amplían tras la petición de cuestión de confianza [descafeinada, ya que por primera vez en democracia se simulará mediante una PNL sin efectos legales de terminar calificándose próximamente en la Mesa del Congreso] y el acuerdo del martes en el Senado con el PP para incluir enmiendas al paquete fiscal consensuado con el Gobierno. De las que los populares creen que algunas pueden salir adelante [ampliación en el siguiente enlace]. Pero fuentes del Ejecutivo esperan que cualquier cambio sea leve y se cumpla lo pactado. Se habla, por ejemplo, del IVA al 4% a las leches fermentadas como el yogur o a lo relativo con las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores de clubes deportivos.

Por otro lado, hay un choque clarísimo entre el PNV y Podemos. Los jeltzale se sienten increpados por las acusaciones de la semana pasada hechas por Ione Belarra, denominándolos como "cachorros de Repsol" por negarse a prolongar el impuesto energético al contemplar prejuicio para las inversiones del sector y los puestos de trabajo en Euskadi [igual que Junts respecto a Cataluña].

Los morados, en su caso, culpabilizan al PSOE por su incapacidad de atraerlos al pacto para prolongar el gravamen. "El PSOE prometió que se aprobaría y no ha cumplido", dicen fuentes de Podemos, a lo que desde el Ejecutivo se contesta que, por mucha voluntad que haya, no pueden obligar a PNV o Junts a comprometerse con algo que no quieren. Estas mismas fuentes acreditan que el Gobierno cumplirá el compromiso con Podemos, que era prolongar por decreto el impuesto, pero que la aprobación es ya una pantalla perdida.

El Gobierno espera reconducir la situación con todos los socios. Especialmente con Junts, al que ven, en referencia a Puigdemont, en un intento de reivindicarse y dejar claro a su electorado que no forman parte de ningún bloque electoral. Después de la reforma fiscal, quedan por delante la prolongación de algunas medidas del escudo social o el impuesto al diésel, que apunta a plantearse por decreto. Sin Podemos, que lo liga al energético, es difícil que salga [por mayoría simple] si falla algún socio más y requeriría que se abstuviesen los morados. "Hay muchas fórmulas para que entre en vigor", dicen desde el Gobierno, pero "Bruselas cuenta con ello".

La prueba de fuego, en todo caso, siguen siendo los Presupuestos Generales del Estado, para los que, conforme va pasando el tiempo, esta división de socios no ayuda. Moncloa ya prioriza aprobar una nueva senda de déficit a las cuentas, sin importarle una prórroga. Los de 2023 están vigentes tras ella.