El exministro de Transportes José Luis Ábalos, según ha podido confirmar El Independiente, ha presentado este jueves una denuncia en la Fiscalía General del Estado por haberle realizado una investigación "ilegal" al registrar sin autorización judicial un sobre cerrado que iba a su nombre de parte del hermano de Koldo García. Acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de interceptar la documentación sin que el político estuviera investigado formalmente por el Tribunal Supremo.

Esta denuncia ya fue verbalizada por el propio Ábalos al magistrado del Supremo Leopoldo Puente que instruye el 'caso Koldo', en su declaración el pasado jueves. Así lo destacó, al conocer el oficio llevado acabo por la UCO durante su comparecencia. Restó importancia de las similitudes existentes con la del martes de Koldo, que apoyó su versión, y negó la existencia de algún acuerdo.

Ábalos, tras presentarla "esta mañana", compareció este jueves durante el transcurso del pleno parlamentario en la sala de prensa del Congreso, para explicar las motivaciones que le han llevado a presentarla. A su juicio, estas actuaciones policiales "al margen" de la causa suponen "algo muy grave para la democracia y el Estado de derecho". "Me niego a normalizar esta práctica", apuntó el exsecretario de Organización del PSOE.

En concreto, los hechos sucedieron a finales del pasado año, cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y la Fiscalía Anticorrupción tutelaban las diligencias bajo secreto de sumario. Entonces, guardias civiles estaban llevando a cabo vigilancias en el entorno del exministro, principalmente, al que fuera su asesor, Koldo.

En un informe de la UCO aportado en el sumario, los agentes revelan que Koldo informó a su hermano Joseba García de que tenía "unos papeles que le habían dado para José", en referencia al exministro. Los documentos viajaban desde las manos del que fuera exasesor, que se los había cogido, a su vez, del subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez —imputado en la causa—, hasta el político en Valencia. Por eso, la UCO montó un dispositivo en el kilómetro 542 de la autopista AP-7 en dirección a la Comunidad Valenciana y "se procedió a inspeccionar el vehículo conducido por Joseba".

Según ese informe, fue el propio sospechoso el que mencionó "de forma espontánea" que "venía desde su casa de Benidorm y que su intención era la de tomarse un café con el ministro de Ábalos en un bar cuyo nombre no recordaba, pero tenía apuntado en su teléfono". Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre de 2023, según indicó el exministro.

"La unidad de seguimiento no se fue detrás de Joseba García, sino que se quedó haciendo vigilancia esperando que saliera para tomarme fotografías, a mi domicilio y datos de mi vehículo y su titularidad", apreció Ábalos. Para él, esa intercepción "sin autorización para la apertura" de esos documentos por parte de un juez, o de forma "convalidada posteriormente", le hacen sentirse agravado. En el Congreso, pidió analizar el hecho alejándose del ruido judicial. "¿Qué hubiera pasado con cualquier otro ciudadano?" de procederse de forma similar, se preguntaba el diputado.

Posteriormente, en el turno de preguntas, destacó que le parece grave no por el contenido de la documentación, "que era de acceso público y fue decepcionante para ellos [la UCO]", sino por que le "preocupa que se haya cometido un delito sobre todo con una persona aforada".

Pide a Marlaska saber "desde cuando" está investigado

Tras confirmar en sede parlamentaria la información avanzada previamente por este diario, Ábalos afirmó que hay un hecho que le genera "inquietud" hilado a este asunto. Relató que el 1 de agosto hizo una pregunta por escrito, como parlamentario, dirigida al Ministerio del Interior para saber "si había sido objeto de una investigación no oficial". "Se me dijo que la pregunta llevaba consigo un interés personal muy claro y me instaron a reformularla", dijo Ábalos, que afirmó que la volvió a plantear más "general" e interpelando a "cualquier diputado" de la Cámara. Entonces, se le "dijo que la policía judicial solo investiga bajo autorización judicial". Obtuvo la misma respuesta volviendo a consultar por tercera vez lo mismo.

Pero en vista a la información revelada hoy, insta "al ministro Fernando Grande-Marlaska [titular de Interior] a contestar de nuevo". Demanda a Interior una "auditoría de datos" y, entre otros, que se le "diga desde cuando estoy investigado". No descarta nuevas "actuaciones más adelante".

Preguntado de si acusa a Marlaska de investigarle en paralelo, este no niega. Tras apreciar que los agentes "no actúan libremente", sino que "están dirigidos por quien lidera la investigación y no me consta que hayan sido amonestados". A Marlaska "tener conocimiento de esto le perturbaría mucho, porque además de ministro es juez, pero sí le instaría a no cerrar las cosas de forma apresurada". "Ante cualquier indicio, que lo aborde. Le llevará muy poco saber si he sido investigado o no, pero que no se me conteste de forma tan obvia", demandó.

No renunciará a su escaño

El documento pidiendo al Congreso el suplicatorio de Ábalos, que deberá resolverse en enero o febrero [hay un mes de plazo pero coincide con el parón navideño], llegó esta misma mañana a la Carrera de San Jerónimo. Ábalos, pese a ello, no está dispuesto a renunciar a su acta de diputado. "Firmé un compromiso ético y el cumplimiento de las normas. El partido [PSOE] no puede pedirme el acta ni estando investigado, o al menos no se me debería requerir, porque son las normas del partido. Tendría que hacerlo en el caso de ser citado a juicio oral. Cumplamos las normas", solicitó el parlamentario del Mixto.

Ábalos aseguró que su suspensión en el PSOE fue preventiva, pero "no estatutaria". "Voy a seguir defendiendo mi inocencia y los instrumentos que lo permiten. No solo por mí, sino por la calidad democrática y el Estado de derecho", volvió a repetir como al inicio de su intervención.