Último pleno del año en el Congreso con resultado agridulce para el Gobierno. Pudo salvar por la mínima una de las medidas estrella del ministro Félix Bolaños, la ley de eficiencia de la Justicia, gracias a un pacto in extremis con Podemos, que había amenazado con tumbarla porque se había incluido por error una enmienda que permitiría acelerar los desahucios. Pero lo que no pudo impedir fue la alianza de PNV y Junts con el PP para anular el gravamen a las energéticas, aunque los efectos reales están por ver, porque Hacienda aprobará el lunes vía real decreto ley la prórroga del impuesto como parte de su compromiso con sus socios de izquierdas aunque es consciente de que no obtendrá la convalidación de la Cámara baja por la oposición, de nuevo, de peneuvistas y posconvergentes.

El PP siempre buscó horadar la mayoría de investidura en un proyecto de enorme relevancia para el Ejecutivo: la reforma fiscal. A Pedro Sánchez le costó lo indecible aprobarla en el Congreso el pasado 21 de noviembre. Pero los populares aprovecharon el trámite en el Senado, que controlan mayoría absoluta, para introducir cambios y hacer guiños a PNV y Junts. Este jueves era el día de la votación final, el de la aprobación definitiva del paquete fiscal. El Gobierno lo sacó adelante pero con algunos agujeros, dado que se respaldaron tres enmiendas con los apoyos de las derechas y con su oposición. La más simbólica era la que hacía referencia al gravamen a las energéticas.

La modificación planteada por el PP y avalada por PNV, Junts y Vox, deroga el impuesto creado en 2022. Lo que buscaba el partido de Alberto Núñez Feijóo era impedir que pudiera prorrogarse, como el PSOE había comprometido con ERC, Bildu, BNG y Podemos. La lectura del PP es que, al anularse el gravamen —que caducaba el próximo 31 de diciembre—, el Ejecutivo no puede extenderlo sin más por decreto ley, como tenía previsto hacer. Pero Hacienda asegura que "una ley se cambia con otra ley", de manera que sí lanzará la prórroga, aunque tiene que estudiar técnicamente cuál es la mejor fórmula para hacerlo con el mismo vehículo programado, el del real decreto ley, y que cause "el menor destrozo posible", como indicaban desde el entorno de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. En todo caso, esa extensión del gravamen apenas estará en vigor un mes, porque el decreto necesita mayoría simple para ser convalidado en ese plazo y PNV y Junts ya han advertido que no respaldarán un gravamen semejante al vigente.

Los posconvergentes también apoyaron una propuesta del PP para eximir de tributación al IRPF las ayudas que algunas empresas están dando a los trabajadores que se han visto afectados por la DANA. En este caso, el PNV se mantuvo alineado por el Gobierno. El departamento de Montero se oponía porque existe el "riesgo" de que las compañías paguen a sus empleados vía donaciones para ahorrarse la tributación del IRPF, un "camino muy peligroso".

Además, PP y Vox apoyaron dos enmiendas de Junts. Una, para bajar el IVA al 4% a los productos de leche fermentada, como los yogures —propuesta que, según Hacienda, no tiene demasiado impacto presupuestario—. Y otra, que también respaldó el PSOE, para exonerar del pago de cuotas de la Seguridad Social a los entrenadores de equipos deportivos no profesionales, incluso en aquellos casos en los que el club tenga alguna actividad profesional.

La ley de eficiencia de la Justicia estuvo en peligro durante toda la mañana por la amenaza de Podemos. De hecho, solo se conoció el resultado de las conversaciones en el mismo momento de la votación, cuando se levantó el veto del Senado por 177 síes y 170 noes. Los morados dieron su respaldo a una de las normas claves de Bolaños a cambio de varias contraprestaciones, que explicó posteriormente la secretaria general del partido, la exministra Ione Belarra.

Así, el Gobierno incluirá en el decreto ley de prórroga del escudo social —que aprobará el Consejo de Ministros el próximo lunes, 23 de diciembre— la suspensión por un año de los desahucios a colectivos vulnerables y la prolongación de seis meses más las actuales ayudas al transporte.

Para Podemos, era fundamental arreglar el error que se produjo en la tramitación de esta ley en el Congreso. ERC y Bildu votaron a favor entonces de una enmienda del PNV que, para la izquierda parlamentaria, supone agilizar los desahucios. Algo que toca el "nervio", la esencia de los morados, su razón de ser. Por eso amagaron con rechazar el proyecto de Bolaños, lo que habría infligido un durísimo golpe al Ejecutivo.

Pues bien, según lo pactado ahora, esa enmienda será derogada en la próxima ley orgánica que se tramite en el Congreso y, mientras tanto, se mantendría la actual moratoria de desahucios, tal y como alegó Belarra. Enseguida fue replicada en X por Aitor Esteban, el portavoz de los nacionalistas vascos: "La enmienda del PNV aprobada no es sobre desahucios, es sobre okupas. No afecta a la familia que no puede hacer frente al pago de su vivienda. Le afecta a aquel que delinque okupando una vivienda ajena. Podemos está a favor de la okupación, el PNV en contra".

Belarra defendió la prórroga por un año de la moratoria de desahucios a familias vulnerables y de seis meses de las actuales bonificaciones al transporte —"una de las mejores medidas que se aprobó en la pasada legislatura", presumió, ya que fue a iniciativa de Podemos— y advirtió de que si PNV y Junts votan en contra deberán explicarlo "muy bien", porque hasta ahora habían avalado el escudo social del Gobierno. "Nosotras hemos hecho esto por la gente, porque realmente creo que España no se puede permitir que el día 1 de enero se empiecen a desbloquear miles de desahucios que están paralizados", alegó.

La exministra también sacó pecho por la forma de negociar de su formación, que extrae "petróleo" con sus cuatro votos. Cuando Podemos negocia, "consigue cosas", incidió, cuando el Ejecutivo les escucha se hacen las "políticas transformadoras y valientes" que esperan los ciudadanos, dijo, de nuevo como crítica implícita a sus directos rivales de Sumar, informa EFE.

Belarra insistió en que su partido seguirá empujando al Gobierno para que cumpla con su compromiso de prorrogar el gravamen a las energéticas, porque si no lo hace, no se darán las condiciones para negociar el "gran acuerdo" de la legislatura, que son los Presupuestos Generales del Estado. "Creo que nadie piensa que este Gobierno va a poder aprobar más de unos Presupuestos, en el mejor de los casos. Por tanto, si esa es la gran negociación de la legislatura, yo solo me voy a poder sentar en el momento en el que el PSOE haya cumplido con los acuerdos previos", aseguró, en referencia al impuesto a las energéticas y a la prolongación del bono social eléctrico.

Fuentes de ERC, Bildu y BNG —las formaciones que pactaron con el Gobierno, antes que Podemos, la extensión del gravamen a las eléctricas— indicaron que el escenario de que PNV y Junts pudieran aliarse con PP y Vox para apoyar la enmienda de los populares y derogar el impuesto intentando dificultar su prórroga "estaba previsto en las negociaciones" que los tres grupos habían mantenido con Hacienda. Pero "se va a garantizar por vía real decreto ley", también en este escenario, que a 1 de enero exista un gravan "según lo acordado". "Si esta situación genera algún tipo de inseguridad jurídica o desajuste en las previsiones de las empresas obligadas por el gravamen es y será responsabilidad de quien da apoyo a esta enmienda: Junts y PNV. El real decreto ley con el gravamen del próximo lunes es el resultado de un acuerdo conocido públicamente desde hace semanas". ERC, Bildu y BNG consideran "grave" que las dos formaciones nacionalistas "se presten a apuntalar y reforzar las estrategias e intereses de la derecha española".

A su vez, PNV y Junts se defendieron de las críticas de la izquierda parlamentaria. Esteban, portavoz de los jeltzales en la Cámara baja, subrayó, en declaraciones a los medios, que su grupo no apoyará en ningún caso la prórroga del gravamen a las energéticas, entre otras cosas porque "rompe el modelo de concierto económico". "Nosotros lo manifestamos así desde el día número uno. Entonces, no es un cambio de estrategia ni es un cambio de opinión. Siempre lo hemos manifestado así. Pero creo que tampoco al Gobierno le pilla esto de sorpresa, ni mucho menos. En las previsiones fiscales que se presentaron en Bruselas no estaba incluido este impuesto". Esteban recalcó que su partido no pone la estabilidad del Ejecutivo en juego, "quienes la ponen son aquellos que una y otra vez están amenazando al Gobierno, sin darse cuenta de que no hay una mayoría de izquierdas neta en el Parlamento, y me estoy refiriendo a la señora Belarra", atizó. Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, adelantó ese voto a favor de la enmienda del PP porque su partido mantiene el principio de que no pondrá "en riesgo las inversiones en Cataluña". Es decir, que no respaldó la prórroga de un gravamen que puede arruinar las inversiones de Repsol en la comunidad.