Mientras la alianza de conveniencia contra el Gobierno central sigue su curso en el Congreso de los Diputados, oponiéndose a la mayoría de propuestas presentadas por los socialistas junto a sus socios [a veces aprovechando el cisma entre ellos, como este jueves con el impuesto energético], los aparatos regionales de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal continúan incapaces de reconducir relaciones para sacar los presupuestos territoriales del próximo año. Extremadura, en las últimas horas, se añade a Baleares, donde dinamitaron relaciones la semana pasada por el condicionamiento de los ultraconservadores a cuentas a cambio de suprimir el catalán como lengua vehicular en la educación. Pese a tener ya aprobado el techo de gasto al comprometerse el PP a no aceptar inmigración ilegal.

En ambos enclaves el diálogo entre partidos había mejorado en las últimas semanas. Desde Madrid, dirigentes de Vox a nivel nacional lo ponían en valor. "Extremadura es una de las posibilidades", declaraban abiertamente al aludirse a las negociaciones de cuentas. Incluso afirmaban que la presidenta María Guardiola, una de las más críticas antes de los pactos de 2023 con Vox, había adquirido un perfil más abierto a los consensos con el grupo. Incluso se abría la puerta a aceptarse el veto a las acogidas migratorias. Pero en cuestión de días, desde al menos hace dos semanas, las cosas empeoraron, hasta que las posiciones este miércoles pasaron a ser irreconciliables.

Ambas comunidades se suman a las notables diferencias de Castilla y León y Murcia. El diálogo es prácticamente inexistente en la primera. En Murcia fuentes de los de Abascal lamentan que acabará habiendo una prórroga. "No se ha revertido nada de todo lo que nos hizo salir del Gobierno. Así no tiene sentido votarlos", aseguran, asumiendo las mismas palabras que su líder, José Ángel Antelo, expresó el miércoles en un desayuno informativo. En el caso extremeño, el cisma público quedó reflejado ayer con la escalada de los reproches en pleno.

El parlamentario extremeño, Juan José García, fue el más claro, exigiendo a Guardiola que se someta a una cuestión de confianza, dando a entender, con ello, que no cuenta con la de Vox. Un trámite inútil dado que, sin el voto de los de Ángel Pelayo Gordillo, no puede prosperar y tendría que convocar elecciones. "Convóquela por dignidad y decoro parlamentario, y si la pierde, váyase por esa puerta y cierre al salir", le espetó, casi invitándola a adelantar comicios directamente. Desde Vox, al rechazarse sus demandas tachadas como "ideológicas" por los populares, algo inconcebible para unas cuentas públicas, creen que "Guardiola está centrada en agradar a la izquierda por puro vicio, porque su representatividad no lo requiere", dado que no hay márgenes de acuerdo con el PSOE, añadió García.

Hay que recordar que la fórmula discursiva de Vox es similar a la de Baleares, donde condenó que el PP se comprometió con la izquierda de inmediato tras romper con ellos, para pactar el mantenimiento de la Ley de Memoria Histórica autonómica de 2018.

El PP extremeño denuncia que Vox quiere condicionar las nuevas cuentas con cuestiones esencialmente ideológicas

Después de dos semanas de tensiones, entre el miércoles y la madrugada del jueves, populares y Vox acreditaron su incapacidad de ponerse de acuerdo. Ayer finalizaba el plazo de presentación de enmiendas parciales al proyecto de presupuestos del Gobierno autonómico, y los de Gordillo decidieron no presentar ninguna. Sí demandar a Guardiola retirar el texto actual y presentar uno nuevo añadiendo sus peticiones. A ello se negó el PP. También a una vuelta de tuerca a las exigencias vinculadas a inmigración ilegal y acogidas de menores migrantes. Ante el rechazo del PP, se propuso realizar referéndums locales a los ciudadanos allí donde haya centros de acogida para saber si quieren o no inmigración.

La medida no es nueva, al menos a nivel nacional. Bambú ya incluyó en su programa electoral de generales en 2023 consultar a la población sobre diversos temas, incluido el de expulsión de ilegales o el bloqueo naval de los flujos migratorios.

En esa reunión también se demandó priorizar las ayudas públicas a los nacionales. No se contempló la recuperación de la proposición de ley de Concordia para suplir la ley autonómica de Memoria, algo que, según se trasladó a este diario, se demandaría "sí o sí", como forma de enmendar la ruptura de julio. Pero sí se exigió derogar la ley vigente. También cuestiones económicas, como el recorte considerable de las subvenciones a los sindicatos, la patronal o las ONG de ayuda a inmigrantes, algo que el año pasado no se firmó a diferencia de otros feudos compartidos.

Igualmente, pidió reservar el 20% de plazas de Policía Local a personal militar; poner en marcha una oficina contra la okupación presupuestada en medio millón de euros; modificar el Plan General de la Cooperación Extremeña internacional para excluir a aquellos países que no colaboren con la contención de los flujos migratorios; y suprimir la subvención de 200.000 euros a la agencia de la ONU que ayuda a refugiados palestinos, la UNRWA. En total, se hizo llegar al PP un documento de 17 propuestas en su mayoría rechazadas por el Gobierno.

Se vuelve a incumplir, cabe destacar, el compromiso de no seguir negociando con el PP por su vuelta a la mesa de diálogo de inmigración. Si es cierto que PP y PSOE no han llegado a un acuerdo, tampoco en la Conferencia de Presidentes del 13 de diciembre. Pero públicamente no ha habido una declaración de reactivación de las mismas. Tampoco los populares han manifestado su rechazo a negociar con los socialistas. El incumplimiento ya se hizo en Baleares.

El diario El Mundo añade a las demandas de Vox, rechazadas por el PP, habría estado desde el regreso de Vox al Gobierno regional —no se especifica si dentro del Consejo o en capas inferiores como direcciones generales o secretarías—, a la expulsión de Ignacio Higueros de la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. La clave: éste, de procedencia popular en el pasado y familiar de Ignacio de Hoces, hombre fuerte de la dirección nacional de Vox, acordó continuar con Guardiola como independiente tras la salida generalizada de los de Abascal de los gobiernos. Esto no ha podido ser confirmado por El Independiente.

La garantía valenciana

Vox aboga por huir del tacticismo en la Comunidad Valenciana y se compromete a avalar las cuentas extraordinarias que presenten los populares de Carlos Mazón si éstas se ajustan a "lo importante", que para fuentes nacionales de Vox es "la reconstrucción". Sí que se alude a cuestiones recurrentes, como la financiación de los agentes sociales o las ONG, que demandan suprimir en lo máximo posible para priorizar los recursos. Pero, se reconoce que en las Corts la situación es diferente. La semana pasada hubo un primer acercamiento con el equipo de Mazón, pero no han trascendido las sensaciones.

En el gobierno valenciano, en todo caso, creen que se podrá afrontar la DANA con nuevas cuentas o una prórroga. Se complementarán, en todo caso, con un presupuesto paralelo especial para hacer frente a la crisis, que recogerá "los ingresos procedentes del endeudamiento y los créditos extraordinarios", así como los gastos para la reconstrucción. Lo trasladó recientemente Ruth Merino, consellera de Economía. La salida valenciana del Gobierno fue más traumática allí con Mazón, dado que existen buenas relaciones entre partidos.

Aragón: el interrogante

El complemento a un acuerdo valenciano puede ser la comunidad aragonesa. Allí fuentes implicadas reconocen que el diálogo es más ameno que en otras comunidades, aunque evitan apuntar que esto esté en una fase más encarrilada. Ayuda, por ejemplo, la derogación de la ley de Memoria autonómica de mayo, recurrida ahora por el Gobierno central al Tribunal Constitucional [se ha reactivado temporalmente al superarse el plazo de cinco meses establecido], que tendrá que decidir si mantiene o deshace la medida.

Por el momento, el rechazo del PP a la iniciativa para reforzar económicamente a las familias mediante la bajada de impuestos deteriora en parte la confianza entre socios naturales. El reparto de menores migrantes, con todo, sigue siendo fundamental para los de Alejandro Nolasco. Allí hay un precedente de incumplimiento que recuerdan: en febrero el PP acogió menores y en febrero prometió que no volvería a suceder.