A trancas y barrancas, sí, pero el Gobierno pudo culminar su año parlamentario sin grandes destrozos, pero con un enorme desgaste en inagotables negociaciones. Logró salvar de la quema a ultimísima hora la ley de eficiencia de la Justicia, una de las medidas capitales del ministro Félix Bolaños, y pudo sacar adelante definitivamente su reforma fiscal, comprometida con Bruselas e imprescindible para aumentar los ingresos del Estado. Pero el Ejecutivo se llevó un nuevo golpe en el Congreso, una clara derrota, al consumarse la alianza del PP con Junts y PNV para derogar el gravamen a las energéticas. El tanto, sin embargo, es más fuegos artificiales que otra cosa, según la lectura de Hacienda, porque el impuesto estaba ya sentenciado, dado que su extensión por un año más no podía ser aprobada por la oposición de los peneuvistas y los posconvergentes. Es decir, que el descosido es mucho menor de lo aparente.

El pleno de la Cámara baja dejó ya listo el paquete fiscal pero con algunas modificaciones introducidas por el Senado que el PSOE no pudo levantar por la mayoría numérica de la derecha. Una de ellas era la anulación del gravamen temporal a las eléctricas, por el que Hacienda recaudó en 2024 1.164 millones de euros. Lo que contenía la enmienda del PP, apoyada por Vox, PNV y Junts, era la derogación del artículo 1 de la ley 38/2022 que introdujo en el ordenamiento jurídico el impuesto extraordinario y que iba a decaer el 31 de diciembre. El Ejecutivo se comprometió con Podemos —y antes con ERC, Bildu y BNG— a prorrogar el tributo para 2025 vía real decreto ley si no se conseguía diseñar un nuevo impuesto que permitiera a las eléctricas beneficiarse de incentivos por hacer inversiones a la descarbonización.

Vamos a traer [el decreto ley] porque el Gobierno cumple sus compromisos", insiste la vicepresidenta. El lunes, el Consejo de Ministros aprobará el texto, que tendrá que ser convalidado en un mes

El PP interpreta que con la aprobación de su enmienda se corta el camino para esa extensión del gravamen. Pero no es la conclusión que saca el Ejecutivo. En absoluto. "Vamos a traer [el decreto ley] porque el Gobierno cumple sus compromisos", subrayó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, al término del pleno de este jueves. El Consejo de Ministros del próximo lunes, 23 de diciembre, el último ya del año, aprobará el decreto, que entrará en vigor de manera inmediata y que habrá de ser convalidado por la Cámara baja en el plazo de un mes. Será entonces, al cabo de esos 30 días —es decir, hacia finales de enero— cuando la prórroga del gravamen morirá, porque PNV y Junts ya han repetido que no la apoyarán, y sus votos son necesarios. Aitor Esteban, portavoz de los jeltzales, recordaba que Hacienda realmente nunca llegó a contar con esa recaudación, porque no la incluyó en el plan fiscal remitido a Bruselas.

Por eso Montero señaló a los periodistas que no es "ninguna sorpresa" que los dos grupos nacionalistas de derechas respaldaran este jueves la enmienda del PP. Ambos están en contra del tributo —aprobado inicialmente para dos años y prolongado uno más— y "lo dijeron desde el primer día". En el caso de los peneuvistas, porque la figura del gravamen (técnicamente, es una prestación patrimonial pública de carácter no tributario) no se puede concertar con las haciendas forales vascas y, para los de Carles Puigdemont, porque puede afectar a las inversiones de Repsol en Cataluña.

La enmienda del PP dificulta la prórroga, y Hacienda tiene que buscar la vía jurídica para poder hacerlo, pero advierte de que "una ley se cambia con una ley"

Lo que cambia ahora tras la aprobación de la enmienda del PP es la técnica jurídica que tendrá que emplear el Gobierno para alumbrar la prórroga el lunes. Porque sí que dificulta. Teóricamente, no se pueden crear nuevos impuestos por real decreto ley —ha de hacerse por proposición o proyecto de ley, esto es, a iniciativa de los grupos o del Ejecutivo, pero con una tramitación mucho más larga—, de modo que no está cien por cien claro que ahora quepa extender por un año un impuesto que formalmente ha quedado derogado. Hacienda minimiza lo ocurrido porque "una ley se cambia con otra ley". Es decir, que lo aprobado este jueves en el Congreso se puede modificar por otra norma impulsada por el Ejecutivo. Y así se hará.

En lo que pondrá cuidado el Gobierno es en que cause "el menor destrozo posible". Y es que se suma que la prolongación del gravamen realmente estará en pie un mes, hasta que la Cámara baja rechace su convalidación. Lo que pactó Montero con sus socios de izquierdas, a fin de cuentas, no es más que el compromiso de llevar el decreto ley al Parlamento, aunque decaiga, con el fin de que sean PNV y Junts los que se retraten tumbándolo. Podemos, el partido más beligerante con esta medida, ha cargado duramente contra ambos llamándolos "cachorritos de Repsol".

Un diseño nuevo que difícilmente verá la luz

Dado que el decreto ley de prórroga "no puede abrirse camino" en la Cámara baja, dijo Montero, su apuesta es la de impulsar un impuesto de carácter permanente que sustituya el gravamen temporal extraordinario que contemple deducciones para "posibilitar la electrificación de la economía y del conjunto de la sociedad". Pero esa vía también parece obturada. El miércoles de la semana pasada, Hacienda convocó una reunión con todos los socios de investidura —mesa comprometida con Podemos— para discutir el diseño de ese nuevo tributo, pero se descolgaron PNV y Junts. Se programó una segunda cita para este último miércoles, pero no se llevó a cabo: Podemos se dio de baja al dar plantón de nuevo peneuvistas e independentistas catalanes. No tenía sentido, dijeron, un segundo encuentro con las formaciones que ya están de acuerdo con el impulso de un nuevo impuesto pero que no suman los votos suficientes como para que pueda ser aprobado.

Se aprueban otros tres cambios en el paquete fiscal: la bajada al 4% del IVA de los yogures, la exención de la Seguridad Social de los entrenadores de clubes y la no tributación de las ayudas de algunos empleadores a trabajadores afectados por la DANA

Además de la enmienda del PP, se aprobaron otros tres cambios en el paquete fiscal: populares y Vox respaldaron a Junts para que el IVA de los productos de leche fermentada —entre ellos, los yogures— baje del 10% al tipo superreducido (4%) y para eximir del pago de las cuotas a la Seguridad Social de los entrenadores de los clubes deportivos (propuesta esta última que contó con el sí del PSOE y del PNV). Cambios de escaso impacto en la recaudación, según valoraba Hacienda. Además, los posconvergentes apoyaron la modificación planteada por el PP para que estén exentas de tributación las ayudas que algunos empleadores den a sus trabajadores afectados por la DANA, "un éxito", según lo calificó el portavoz económico de los populares, Juan Bravo. Para el Gobierno, el problema de esta enmienda es que puede abrir un camino "peligroso", el de animar a las empresas a que paguen a sus empleados con donaciones.

Montero, en cualquier caso, puso el acento en el conjunto del paquete fiscal que el Gobierno había logrado sacar adelante definitivamente. "Hemos aprobado subir las rentas de capital de 300.000 euros en dos puntos, hemos aprobado la posibilidad de que las grandes multinacionales tengan un 15% mínimo de tributación, hemos aprobado el impuesto a las entidades financieras, con una recaudación que va destinada a las comunidades autónomas y que creo que es muy importante en términos de justicia social", destacó. "No es nada fácil hacer una reforma fiscal con tantas diferencias ideológicas con las que tenemos que contar a la hora de apoyar este proyecto de ley", celebró. El presidente, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Bruselas, al término del Consejo Europeo, también consideró un "éxito parlamentario de primer nivel" que su Gabinete haya logrado la aprobación del grueso de la reforma fiscal, sin que se haya desvirtuado sustancialmente, como pretendía el PP. El líder socialista se congratuló de que en este primer año haya podido aprobar un total de 25 iniciativas legislativas.

No es nada fácil hacer una reforma fiscal con tantas diferencias ideológicas con las que tenemos que contar a la hora de apoyar este proyecto de ley", celebra Sánchez desde Bruselas, donde se congratula de la aprobación de 25 leyes en un año

Lo que no ha podido sacarse adelante es la equiparación de la tributación al diésel con la de la gasolina, que naufragó en la tramitación de este paquete fiscal. Montero no da plazos. "Estamos trabajando con los grupos", señaló. El Gobierno se topa de nuevo con obstáculos a uno y otro lado: sus socios de derechas están dispuestos a asumir ese impuesto —ya lo pactaron con él—, pero Podemos advierte de que no aceptará este gravamen si no va ligado a la prórroga del tributo a las energéticas, porque "es enormemente injusto" que se cargue los costes de la emergencia climática y de la transición ecológica sobre los hombros de las clases medias y no sobre los de las grandes compañías contaminantes.

Ayudas al transporte sin cambios durante seis meses

El Gobierno se fijó también este jueves en otra victoria que se atisbaba complicada: la ley de eficiencia de la Justicia. Lo consiguió a través de un pacto in extremis con Podemos. El Congreso tenía que levantar el veto del Senado por mayoría absoluta, y los morados no estaban dispuestos porque no podían respaldar una enmienda del PNV que votaron a favor, por error, ERC y Bildu, y que permitía agilizar los desahucios. A cambio de su apoyo a la norma, Podemos acordó con el ministro Bolaños prorrogar por un año la suspensión de los desahucios de alquiler de familias vulnerables y propiciar la eliminación de esa enmienda del PNV en la primera ley orgánica que se tramite en las Cortes (y que probablemente tenga muy complicado encontrar el aval de la derecha nacionalista). Además, se extenderán por seis meses las actuales bonificaciones al transporte.

El presidente insiste en que no da por "perdido" ningún partido y por eso la orden es "sudar la camiseta". "Esa es la actitud que le pido a mis ministros, la actitud con la que gobernamos desde hace casi siete años"

Con ese respaldo de último minuto de la formación de Ione Belarra, se salva una ley que culmina un año, 2024, aplaudió Bolaños, "de la gran transformación de la Justicia". "Hemos conseguido que por fin la Justicia tenga las bases para que sea la que se merece la sociedad del siglo XXI. Una Justicia del siglo XXI con más medios, con más digitalización, con modernización de las estructuras y, por supuesto, con agilidad en los procesos. Estamos llevando a cabo la mayor transformación en décadas de la justicia española", sostuvo. Recordó que la norma va a permitir "estructurar la nueva planta judicial en tribunales de instancia", va a aliviar las cargas de trabajo, "a especializar a los jueces por materias, a tener más facilidades para contratar para disponer de jueces sin necesidad de crear juzgados nuevos".

El año parlamentario se cerró como comenzó, con negociaciones al límite pero a la postre exitosas —con muchos resbalones y varios reveses— para el Gobierno, y también con la evidencia de que la política fiscal fractura a la mayoría de la investidura, por su alta carga ideológica. Para Sánchez, es la prueba simplemente de que el Ejecutivo pelea "todos los partidos, hasta el último segundo". "No damos por perdido ninguno. Esa es la actitud que yo le pido a mis ministros, la actitud con la que venimos gobernando desde hace casi siete años y con buenos resultados económicos", celebró el presidente desde Bruselas. También el Ejecutivo, prometió, va a "sudar la camiseta" para que prosperen los Presupuestos de 2025, que repitió que presentará porque no puede eludir esa responsabilidad. El Ejecutivo se fija en los resultados, al margen del sufrimiento y de los apuros que pasa para llegar a ellos.